EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. PRESCRIPCIÓN. PLENARIO. INTERRUPCIÓN. PROCESAMIENTO

Se declara extinta la acción penal por prescripción y se decreta el sobreseimiento del imputado, en tanto desde el primer llamado a brindar declaración indagatoria ha transcurrido el máximo de la pena prevista para el delito de lesiones agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, en concurso ideal con amenazas con arma. En tal sentido, el voto mayoritario estimó que el procesamiento en una causa posterior no puede operar como obstáculo para decidir la extinción de la acción penal por prescripción en una causa previa.

L., L. E. s/PRESCRIPCIÓN. LESIONES AGRAVADAS Y AMENAZAS - CÁM. NAC. CRIM. Y CORREC. - SALA VII - 5/9/2019 - CITA DIGITAL IUSJU075723E

I - Introducción

El caso en comentario trata sobre la aptitud de una resolución de mérito para interrumpir el transcurso de la prescripción de la acción penal, establecida por el artículo 67 del Código Penal, cuando hace referencia a “la comisión de otro delito” como causal interruptiva de la prescripción de la acción penal.

Para ello es menester analizar algunas cuestiones.

II - Causales de interrupción de la prescripción de la acción penal

Una causal interruptiva es aquella que posee la virtud de eliminar el curso del término preestablecido para la prescripción. Su efecto no es el simple cese temporario del cómputo sino, por el contrario, la extinción o anulación absoluta del plazo corrido y el comienzo de otro distinto que debe correr ex novo y ex integro. Tal es la diferencia que existe entre la interrupción y la suspensión(1), de este modo: “En la suspensión el tiempo pasado no pierde validez, subsiste en sus efectos ulteriores y se suma al que transcurra luego de desaparecida la causal que lo sumiese en estado letárgico. En vez, cuando acaece un hecho que interfiere en forma tal en el devenir de los días, meses o años, que corta el hilo unitario del pasado con el futuro, convierte a este en un presente a partir de la fecha interceptora”.(2)

En definitiva, la prescripción se interrumpe cuando por medio de un acto determinado se hace inútil el tiempo transcurrido quedando las cosas en el mismo estado en que se encontrarían si no hubiese empezado a correr(3), por lo que significa borrar el término corrido y, por consiguiente, el impedimento de su continuación; una vez producido el acto interruptor comienza un nuevo término de prescripción. Por eso, a la vez, la interrupción presupone que el término de la prescripción ya se ha iniciado y no está suspendido(4), cancelando el tiempo transcurrido hasta el momento de aquellas, fijando así un nuevo punto de partida para computar el plazo(5). De tal forma, su efecto es instantáneo pues actúa en un momento y con efecto al pasado, aniquilando el término corrido. Desde ese momento comienza una nueva prescripción. Va de suyo que, al igual que la suspensión, las causas con efecto interruptor deben ser establecidas en la ley, la voluntad de las partes es inoperante para crearlas.(6)

III - La comisión de otro delito

Con respecto a este motivo de interrupción, vemos que hasta el Código Penal de 1886 se requería que el nuevo delito fuese de la misma especie o de pena igual o mayor que el que le precedía; después, para la ley de 1903, bastó la comisión de otro delito, cualquiera fuere su naturaleza. Este régimen persistió hasta el proyecto de 1906. Posteriormente suprimió esta causal en el Código sancionado en 1921, de acuerdo con el proyecto de 1917. Finalmente, desde 1923, se la reincorporó quedando vigente hasta nuestros días.(7)

Se ha explicado que su fundamento radica en la conducta demostrada por el encausado luego de ser sometido al proceso. En esa dirección se aseguró que “la prescripción se funda en el transcurso del tiempo, pero para que ella se produzca es necesario que el acusado o condenado no caiga en poder de la justicia antes de que se hayan vencido los plazos establecidos por el Código”.(8)

Al respecto, la Comisión que redactó el proyecto de Código Penal de 1906 refería: “La comisión ha tenido en cuenta que si el autor del hecho hubiera cometido otro delito, la prescripción se interrumpiría y no lo podría amparar. La condición para que esta se produzca es que pase el tiempo, sin que el delincuente tenga nada que hacer con la justicia. Si cae en manos de esta, viene el juicio”(9). Este criterio también fue el seguido por nuestra Corte Suprema: “Resultan incompatibles con los principios que informan la extinción de las acciones penales por prescripción -olvido de la sociedad, reforma del acusado, etc.- declarar cumplidos estos extremos cuando el reo o presunto reo reitera sus actividades delictivas antes de corrido el plazo que desde su primera infracción había comenzado a correr en su beneficio, siendo el argumento igualmente valedero para las infracciones sucesivas” (Fallos: 211:897)(10). También favorable a la vigencia de esta causal se pronunció Carrara: “Si la prescripción queda interrumpida por causa del nuevo delito, es por culpa del acusado y por voluntad directa y absoluta del legislador, no por capricho de los agentes subalternos”.(11)

En su origen, esta condición obedece al reconocimiento de la enmienda del culpable. Al respecto destaca Julio Herrera que se “exija, como condición especial para la prescripción, la buena conducta del imputado o penado. Estos artículos, en esta parte, son tomados literalmente de los 98 y 99 del proyecto de 1891, y en la exposición de motivos de este se da la razón: que la enmienda del delincuente es condición de la prescripción, porque esta es una gracia que la sociedad hace al culpable. Los autores del proyecto han resucitado una rancia teoría sostenida por Carmignani y Coustorier, pero abandonada definitivamente por la ciencia moderna, porque hoy se reconoce por todos los escritores de derecho penal que la enmienda no puede ser motivo fundamental de la prescripción, porque son pocos, raros más bien, los que se enmiendan por la acción del tiempo y porque esa enmienda podría ser fundamento para la gracia, nunca para la prescripción que aunque tenga efectos análogos a esta, no pueden confundirse”(12). Pero criticando su fundamento, este autor agregaba: “Así, pues, es la falta de derecho de la sociedad para castigar, la que funda y legitima la prescripción de la acción y la prescripción de la pena, y, como se comprende, la falta de enmienda del culpable no puede hacer renacer un derecho que se extinguió con el solo transcurso del tiempo. Esta podrá ser un fin deseable, podrá ser también, si se quiere, una razón concurrente, pero nunca el fundamento principal de la prescripción. Si la mala conducta, por el peligro social que ella ofrece, fuera razón bastante para tener a un individuo por siempre bajo la amenaza de una acusación o de una pena, lo sería también para castigarlo antes de todo delito, porque si la pena es una medida de prevención social después de que el crimen ha sido cometido, para evitar su renovación a fortiori debe ser de prevención para el primer crimen, llegando así a la más audaz y a la más inadmisible concepción de la escuela italiana”(13). Concluye que “ningún Código moderno ni proyecto establece ... que la comisión de un delito durante el término de la prescripción de la acción la interrumpa, pero son muchos los que establecen esa interrupción para la prescripción de la pena. La razón de esta diferencia para los Códigos que así lo establecen es obvia. En este último caso, ya se sabe que se trata de un criminal, cuyo delito no ofrece duda alguna, y la comisión del nuevo hace revivir el recuerdo del anterior, presentándose como más peligroso; en el primer caso, no hay criminal, hay solo imputado, y un delito de este no puede hacer revivir el recuerdo de otro que no consta que lo haya cometido ni prueba que se trate de un criminal peligroso”.(14)

También, criticando esta causal de interrupción, se ha dicho que no es la resocialización del delincuente (según la teoría de la enmienda que la domina) el fundamento de la prescripción (ya sea del delito o de la pena). Súmese a ello que un sistema de estas características rebasa la línea divisoria marcada por un bien entendido derecho penal del hecho, entrando en el terreno del derecho penal de autor con la peligrosa coartada retribucionista de la reavivación de la alarma social.(15)

Pero también hay que tener en cuenta que la prescripción halla su fundamento en la necesidad de pena y, ante un nuevo delito, esta cobra vigencia. Igualmente la función misma del derecho penal, es decir, la seguridad social, encuentra en la interrupción por la comisión de otro delito la necesidad de asegurarse frente a un individuo que no se motiva en la norma, y en la función de la pena como correctivo de su accionar. Asimismo, se ha establecido que junto al referido argumento media la alarma social que causa el nuevo delito cometido. Este nuevo hecho hace renacer, reforzada, la sensación de inseguridad ocasionada por el primer delito y aún no desaparecida.(16)

IV - Aptitud interruptiva

Para que el curso interruptivo de un ilícito tenga lugar es indispensable que el delito se encuentre pendiente de juzgamiento, porque si ya ha sido juzgado y condenado solo es compatible con la prescripción de la pena. De esto se deduce que, tanto el primero como la posterior infracción, deben presentarse ambos bajo la forma de un delito(17). Es decir que el nuevo delito debe cometerse dentro del término de la prescripción de la acción penal emergente del delito fuente de esta acción penal(18). Posteriormente, el término de prescripción del nuevo delito que interrumpió al primero corre, desde esa fecha, separada e independientemente el uno del otro.(19)

Pero la existencia del nuevo delito y la responsabilidad del imputado deben ser declaradas judicialmente(20) mediando sentencia firme que las declare. Ello es una consecuencia lógica de nuestro sistema legal que garantiza un estado jurídico de inocencia a quien no ha sido declarado culpable mediante sentencia dictada por un juez natural, luego de tramitado un juicio previo con los recaudos del debido proceso(21). Pero no obstante, la fecha de interrupción se retrotrae a la de la comisión del nuevo delito (CCrim. Cap. Fed. - Fallos: T. II - pág. 245)(22), puesto que la causa interruptiva no es la fecha de la sentencia sino la del hecho delictivo, de modo que es desde el día de su comisión -y no desde la sentencia- que comienza a correr la nueva prescripción. La fecha en que se dicta la resolución que reprime el delito es por tanto irrelevante y nada tiene que ver con la fecha de comisión. Según la ley es “la comisión de otro delito” lo que interrumpe la prescripción, lo que lleva a descartar de plano la mera imputación.(23)

Sin embargo se ha admitido que solicitada la prescripción de la acción penal no se la declare si el imputado ha sido procesado por otros delitos que en ese momento son materia de investigación y que en caso de recaer condena obrarían como interruptores del curso de la prescripción del anterior(24). En esa dirección, la Cámara del Crimen de la Capital Federal en el plenario “Prinzo” (del 7/6/1949)(25) coincidió en que debe mediar sentencia firme de condena, pues, hasta tanto ello no ocurra, jurídicamente no se puede decir que el delito ha sido cometido y que procede la suspensión del pronunciamiento sobre prescripción de la acción cuando el imputado hubiere sido llamado a prestar declaración indagatoria en el hecho presuntamente interruptor, si se trata de delitos de acción pública, con el objeto de evitar que se dicten sentencias con violación a este principio. Ello supone que el juez del proceso más antiguo -aparentemente prescripto- debe aguardar antes de dictar sentencia, pues el resultado del proceso más nuevo condiciona su resolución.(26)

Sin embargo, se ha dicho que esta suspensión lesiona el principio de inocencia. Decir que la prescripción de la acción se interrumpe por la comisión de “otro” delito constituye una deficiente técnica legislativa, por cuanto significa prejuzgar sobre una investigación en curso. En efecto, mal puede hablarse de la comisión de “otro” delito cuando la causa en la que se plantea la prescripción se encuentra en pleno trámite, es decir, regida por el principio de inocencia. Igualmente, se lesiona el principio de legalidad a través de la creación vía jurisprudencial, en perjuicio del imputado, de una causal de suspensión del pronunciamiento sobre la prescripción de la acción, que no se encuentra contemplada en la ley. También se lesiona el derecho constitucional a obtener justicia en un plazo razonable.(27)

Asimismo, al diferirse el pronunciamiento sobre prescripción, se debe suspender o archivar el proceso hasta tanto finalice el juicio del hecho presuntamente interruptor. Tal proceder resulta contrario a la regla contenida en el primer párrafo del artículo 340 del Código Procesal Penal de la Nación y trae aparejada una palmaria afectación a los principios de progresividad y preclusión(28). Cabe destacar que el principio sentado en el mencionado plenario “Prinzo” fue controvertido por la Cámara Nacional de Casación Penal (Sala II, causa “Reyes Delmira s/rec. de casación”, reg. 1592; también Sala IV, causa “Barlett, Daniel s/rec. de casación”, reg. 4267, del 16/9/2002) y por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 322:717, “Alberto Regí”, del 10/5/1999).

Pero en sentido contrario al expuesto, se ha entendido que el hecho de que haga falta una sentencia condenatoria para considerar interrumpido el plazo de prescripción por comisión de nuevo delito no significa que ante la presencia de una imputación posterior con entidad interruptiva, sin resolución, deba dictarse sin más el sobreseimiento por prescripción. Para determinar si se ha operado la extinción penal en estos casos será necesario esperar a que se dicte fallo en la causa tramitada por el delito que interrumpe, que inclusive podría ser en proceso único por ambos hechos si fuese procedente la acumulación.(29)

Este contenido que forma parte de la Publicación Temas de Derecho Penal y Procesal Penal, dirigida por los doctores Mariano H. Borinsky y Daniel Schurjin Almenar, es exclusivo para suscriptores de Erreius, podés ingresar al artículo completo haciendo click acá.

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(*) Abogado (UBA). Especialista en Derecho Penal y magíster (UB) y doctor en Ciencias Jurídicas (UNLP). Defensor público oficial ante el fuero federal. Ex defensor oficial en la Cdad. de Bs. As.

La legitimidad de la comisión de otro delito como causal de interrupción de la prescripción de la acción penal