La Sala III de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Mar del Plata dejó sin efecto una cautelar que obligaba a un colegio privado a reinscribir a un estudiante. El tribunal entendió que no hubo arbitrariedad en la decisión institucional y que el derecho a aprender no implica permanencia garantizada en un establecimiento específico.

El tribunal resolvió el pasado 4 de febrero de 2026 el caso “T., M. M. c/ A.E. S.A. s/ amparo”, revocando la orden judicial que obligaba a la escuela a matricular al alumno para el ciclo 2026.

Consideró que la jueza de primera instancia había anticipado indebidamente el resultado del pleito al conceder una tutela anticipada sin acreditación suficiente de daño irreparable, requisito clave para este tipo de medidas excepcionales.

Los camaristas destacaron que el colegio aportó documentación que respalda reiteradas infracciones a las normas de convivencia. Esto —dijeron— demuestra que la negativa a rematricular al joven no fue arbitraria ni carente de fundamento.

Además, la Cámara remarcó que el derecho constitucional a aprender no garantiza la permanencia en una institución privada en particular, sino el acceso a la educación, el cual sigue plenamente vigente ante la posibilidad de concurrir a otra escuela.

El fallo señaló que el adolescente expresó en audiencia su deseo de continuar en el colegio, pero ello no resultó determinante al no verificarse una vulneración del derecho educativo ni un riesgo concreto de exclusión del sistema.

En consecuencia, la Cámara hizo lugar al recurso del establecimiento A.E. S.A., dejó sin efecto la medida cautelar del 7 de enero de 2026 y ordenó devolver la causa al juzgado de origen para continuar la tramitación.

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