En una resolución dictada ayer en la causa 'M. I. A. y otros s/robo y otros', el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N° 3 de la Ciudad de Buenos Aires declaró, en el caso concreto, la inconstitucionalidad del artículo 1 de la Ley 27.801, que declara punibles a los adolescentes a partir de los 14 años de edad.

La jueza Laura Beatriz De Marinis dispuso el sobreseimiento de un adolescente de 14 años imputado por tentativa de robo, al tutelar el principio de no regresividad en derechos humanos.

El origen de la causa y la postura de las partes

Las actuaciones se iniciaron el 10 de septiembre de 2026, tras la detención en flagrancia de cuatro adolescentes acusados del intento de sustracción de pertenencias a un peatón. Ante la imputación fiscal por tentativa de robo, la Defensa Oficial dedujo la incompetencia del fuero y planteó la inconstitucionalidad de la norma que autoriza la persecución penal desde los 14 años.

Mientras la Asesoría Tutelar adhirió al reclamo de inconstitucionalidad, la fiscalía defendió la validez de la nueva ley nacional y solicitó avanzar con el proceso. La magistrada rechazó la incompetencia y confirmó la intervención de la justicia local conforme las pautas trazadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Tribunal Superior de Justicia porteño.

Control de convencionalidad y principio de no regresión

Al ingresar en el fondo del debate, la magistrada De Marinis precisó que el control de convencionalidad exige confrontar la legislación interna con el “amplio cuerpo normativo de la infancia”. Aunque desestimó que la reforma sea regresiva en abstracto, ponderó que las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño instan a los Estados a no reducir la edad mínima punible.

Además, remarcó que la evaluación de regresividad debe examinarse en el caso concreto bajo el estándar de proporcionalidad. En esa línea, valoró que el hecho investigado consistió en una tentativa de robo sin lesión física al damnificado, cometida por un joven expuesto a una severa vulnerabilidad socioeconómica y familiar.

Con ese enfoque, concluyó que someter al proceso penal a un joven de 14 años en estas circunstancias importa una respuesta estatal regresiva: “La intervención del Estado ante una conducta transgresora debe ser de asistencia social y restitución de derechos, no punitiva”, sostuvo la resolución judicial.

Sobreseimiento y medidas dispuestas

La sentencia dictó el sobreseimiento del imputado al encuadrarlo como no punible bajo los preceptos de la Ley 22.278. En forma paralela, encomendó al Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (CDNNA) la implementación urgente de un plan de acompañamiento centrado en la revinculación escolar, salud familiar y acceso al deporte.

Por último, la jueza notificó a la víctima la facultad de presenciar una audiencia explicativa del fallo o constituirse en querellante; y exhortó a las partes a resguardar la estricta reserva de la identidad del adolescente.

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