La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional declaró inadmisible el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la defensa en la causa “C., A. E. s/recurso de inconstitucionalidad”, a fin de que el Máximo Tribunal porteño revise la declaración de reincidencia dictada en un juicio abreviado.

El origen del planteo defensivo

El caso se originó tras la condena emitida por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 9 en un juicio abreviado, que declaró la reincidencia del imputado. Frente al rechazo de la queja, la defensa invocó el fallo “Ferrari c/Levinas” -emitido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación- y la Ley 402 porteña, para acudir al máximo tribunal local.

La fiscalía solicitó determinar inadmisible el recurso, al recordar que la justicia ordinaria nacional mantiene su competencia en Capital Federal. Argumentó además que la norma procesal aplicable no prevé la intervención de la alzada porteña ni existía agravio federal en la presentación de la defensa.

Inaplicabilidad de la reforma laboral en lo penal

La Cámara analizó la Ley 27.802 de Modernización Laboral, aprobada en marzo de 2026, que habilitó el traspaso judicial en materia de trabajo. El fallo concluyó que sus cláusulas de competencia “se refieren exclusivamente al fuero laboral nacional” y son inaplicables al fuero criminal y correccional.

Entre los fundamentos, la sentencia remarcó que el Congreso trató la norma en sesiones extraordinarias convocadas por el Ejecutivo bajo un temario delimitado al área laboral. Por este motivo, pretender extender sus efectos al fuero penal implicaría rebasar los límites constitucionales de la convocatoria parlamentaria.

Apartamiento de la doctrina “Levinas”

La sentencia rechazó la doctrina del precedente “Ferrari c/Levinas” de la Corte Suprema, mediante un exhaustivo análisis constitucional e histórico. Explicó que el artículo 129 de la Constitución Nacional supedita las atribuciones locales a la Ley de Garantías 24.588, cuyo artículo 8 establece que la justicia ordinaria permanece bajo la órbita del Poder Judicial de la Nación.

El fallo catalogó al precedente “Levinas” como “el paradigma de sentencia arbitraria” al prescindir del texto normativo y arrogarse el rol de legislador. Consideró que, al eludir el Decreto-Ley 1285/58 y la Ley 4055, el Máximo Tribunal creó por vía pretoriana un recurso no previsto para erigir a un órgano local como alzada de cámaras nacionales.

Con esta decisión, la Casación penal marca un criterio firme de resistencia frente al traspaso de competencias sin una ley específica del Congreso.

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