La Sala V de la Cámara Nacional deApelaciones del Trabajo en la causa “Gelfman, Ruben Eduardo c/ DIAVERUM ARGENTINA S.A. s/ Ejecución de créditos Lab” rechazó la demanda de un empleado, el cual denunció el supuesto cumplimiento parcial de un acuerdo homologado por el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO), ya que el importe debido fue disminuido por la retención del Impuesto a las Ganancias.

En la presente causa el actor demanda a los fines del cobro de una diferencia retenida por la demandada en concepto de impuesto a las ganancias, derivado de un acuerdo conciliatorio homologado ante el SECLO en fecha 11 de mayo del 2020 y por la cual, el accionante, refirió incumplido.

En base a lo expuesto, reclamó el reintegrode esas sumas retenidas y los daños y perjuicios derivados de la inconducta de la ex empleadora que incumplió el acuerdo consensuado y causó en el actor, un perjuicio que debía ser reparado.Tal como surge del expediente, la firma demandada contrató al trabajador y mantuvo una relación de dependencia por más de 22 años.

Al momento de su despido revestía la categoría de “Presidente del Directorio y Director Médico”, hasta que fue despedido en los términos del artículo 245 de la LCT, celebrándose como se mencionó anteriormente un acuerdo laboral ante el SECLO, homologado por el Ministerio de Trabajo.

Primera instancia

La conclusión a la que arribó el sentenciante de primera instancia en este caso fue que las partes arribaron aun acuerdo conciliatorio - debidamente homologado- en el cual establecieron los términos de la recisión y las indemnizaciones derivadas ante la extinción sin justa causa en los términos del artículo 245 LCT y que a partir de allí debía analizarse la procedencia de la aplicación al caso del art. 47 de la ley27.430, vigente desde el 1.1.2018 que establece: “Incorpórase como segundo párrafo del artículo 79 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, el siguiente:‘Sin perjuicio de las demás disposiciones de esta ley, para quienes sedesempeñen en cargos directivos y ejecutivos de empresas públicas y privadas,según lo establezca la reglamentación quedan incluidas en este artículo lassumas que se generen exclusivamente con motivo de su desvinculación laboral,cualquiera fuere su denominación, que excedan los montos indemnizatoriosmínimos previstos en la normativa laboral aplicable. Cuando esas sumas tengansu origen en un acuerdo consensuado (procesos de mutuo acuerdo o retirovoluntario, entre otros) estarán alcanzadas en cuanto superen los montosindemnizatorios mínimos previstos en la normativa laboral aplicable para elsupuesto de despido sin causa’”

Por tal motivo, sostuvo el a quo que los montos por tal indemnización si bien no pueden ser menores a los establecidos por las disposiciones legales, por cuanto éstas son de orden público, ello no puede constituir una pretensión para que se trasladen las obligaciones fiscales impuestas por la ley. Pero toda vez que el pago por indemnización puede sermayor que el mínimo legal, de ningún modo, está dicho en norma tributariaalguna que la exención por el excedente del mínimo legal esté vedada.

La parte actora ante dicha resolución apela al considerar infundada y arbitraria la sentencia de grado.

Entre sus fundamentos indica que laretención del impuesto a las ganancias no corresponde sobre la indemnizaciónpor despido arbitrario, ya que la misma no constituye una ganancia, renta obeneficio alguno en los términos de la 24 ley de impuesto a las ganancias (arg.art. 2 LIG) que describe y limita legalmente el hecho imponible.

Además, expresó que el reclamo encuentra fundamento en el carácter indemnizatorio o resarcitorio de la suma establecida en el acuerdo homologado por el SECLO, donde ambas partes realizaronconcesiones recíprocas a fin de evitar las contingencias propias del pleito.

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Por otra parte, al contestar la acción la ex empleadora sostuvo que la retención del tributo a las ganancias resultóprocedente en función de la normativa fiscal vigente al momento del acuerdo celebrado entre las partes, en su carácter de agente de retención.

A su vez, destaca en la causa quecompareció a estar a derecho la tercera citada AFIP e indicó que la demandadaes quien resulta obligada a ingresar al Fisco las sumas determinadas, encumplimiento de una obligación legal impuesta por la ley 11.683, en su carácterde agente de retención de tributos.

Sentencia

La Sala V determina que el propio actor aceptó el ofrecimiento así formulado y que los términos contractuales no han sido impugnados ni se ha invocado la existencia de vicios que pudieran invalidar el referidoacuerdo.

En tal contexto concluyó lo siguiente: 'Lo relevante es que -conforme lo explicado- lademandada retuvo sumas de dinero envirtud de una obligación legal (cfr. art. 47 de la Ley 27.430) e ingresóestos importes al organismo de recaudación federal permitiendo que eltrabajador imputara tales sumas de dinero a retenciones y percepciones a losfines de compensar lo debido en concepto del tributo por cuarta categoría,reconociendo con su accionar la validez de la retención previamenteefectuada'.

FALLO COMPLETO

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