El Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N.º 63, a cargo del juez Raúl H. Ojeda, resolvió hoy 6 de abril de 2026 revocar la medida cautelar que había suspendido la aplicación del artículo 55 de la Ley 27.802, en la causa 'Confederación General del Trabajo de la República Argentina c/ Estado Nacional – Poder Ejecutivo Nacional'.

Este artículo se refiere específicamente a la actualización de los créditos laborales (intereses en juicios). Aquí los puntos centrales:
1. El Nuevo Régimen de Actualización

El artículo 55 modifica el régimen de intereses aplicable a las indemnizaciones y créditos derivados de las relaciones de trabajo. Establece que:

La actualización de los créditos laborales se realizará mediante la aplicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el INDEC.
A este índice se le suma una tasa de interés pura del 3% anual.

La decisión dejó sin efecto una cautelar dictada el 30 de marzo, que tenía alcance federal y había sido inscripta en el Registro Público de Procesos Colectivos. El magistrado recordó que este tipo de resoluciones son provisorias y no causan estado, lo que habilita su revisión ante nuevos elementos.

En este nuevo análisis, el juez ponderó un estudio realizado en la Red Académica de Jueces y Juezas del Trabajo, del cual surge que la suspensión del art. 55 podía resultar perjudicial para trabajadores de jurisdicciones con sistemas de actualización de créditos menos favorables.

Entre las provincias mencionadas se encuentran Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Neuquén, Río Negro y Tucumán, entre otras, donde la aplicación del régimen legal cuestionado podría implicar un mejor resguardo del crédito laboral frente a la inflación.

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Con ese fundamento, el tribunal entendió que una cautelar de alcance universal podía frustrar el interés de los propios sujetos de preferente tutela constitucional, y sostuvo que cada jurisdicción deberá evaluar la pertinencia de aplicar los artículos 54 y 55 de la ley a los juicios en trámite.

Finalmente, el juez revocó “por contrario imperio” la cautelar respecto del art. 55, sin imposición de costas y difirió el análisis de constitucionalidad para el dictado de la sentencia definitiva, ordenando además su publicación en el Boletín Oficial.

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