La Sexta Cámara del Trabajo de Mendoza permitió el pago fraccionado del capital de condena para una empresa, tal como lo permite el nuevo art. 277 de la LCT modificada por la Ley 27.802 de Modernización Laboral.

En el fallo “Coz Rubén Daniel c/ La Seguridad S.A. p/ Despido”, la Sexta Cámara del Trabajo de la Primera Circunscripción de Mendoza, con fecha 12 de mayo de 2026, analizó el alcance del nuevo artículo 277 de la LCT y su aplicación práctica en etapa post sentencia.

El Tribunal sostuvo que el pago en cuotas del capital de condena exige petición expresa y control judicial. Si bien la ley habilita el fraccionamiento, la voluntad unilateral del empleador no puede desplazar la cosa juzgada sin validación jurisdiccional previa.

En el caso, la demandada acreditó su condición de MiPyME y solicitó el plan dentro del plazo de cumplimiento y antes de iniciarse la ejecución.

Por ello, la Cámara consideró formalmente admisible el pedido y habilitó el pago en doce cuotas mensuales y consecutivas, que devengarán intereses conforme al artículo 276 de la LCT, calculados con la herramienta del Banco Central.

Advertencia por parte del Tribunal

En el apartado sobre caducidad y sanciones por incumplimiento, los magistrados realizaron una advertencia: la admisión de esta modalidad de pago queda supeditada al cumplimiento estricto de los vencimientos. La falta de pago de una sola cuota producirá la caducidad automática del plan autorizado y tornará exigible la totalidad del saldo con intereses.

Casos de exclusión

La Cámara, por su parte, rechazó extender ese beneficio a los honorarios profesionales de abogados y peritos, que deberán abonarse íntegramente y en tiempo oportuno.

Acá radica un punto central del pronunciamiento: la exclusión de los honorarios profesionales del régimen de pago fraccionado.

La justicia entendió que estos créditos se rigen por normativa provincial y poseen naturaleza alimentaria, por lo que ordenó su cancelación íntegra en cinco días.

El fallo delimita con precisión el alcance del beneficio introducido por la Ley 27.802, diferenciando capital e intereses de los honorarios, y refuerza el control judicial como garantía frente a usos extensivos del pago en cuotas en materia laboral.

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