La Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, en los autos 'Asociación del Fútbol Argentino c/ Inspección General de Justicia s/ recurso directo a Cámara', resolvió el conflicto suscitado entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Inspección General de Justicia (IGJ) en torno al cambio de domicilio social y de jurisdicción de la entidad.

El tribunal analizó, en forma conjunta, distintos recursos directos interpuestos por la AFA contra resoluciones administrativas que habían rechazado la inscripción de la reforma estatutaria y la cancelación registral en la órbita de la IGJ.

El fallo delimita el alcance del control estatal, la competencia territorial y la validez de los actos administrativos en contextos de cambio de jurisdicción.

Objeto del conflicto y antecedentes

La controversia tuvo origen en la Resolución Particular IGJ 140/2026, mediante la cual el organismo rechazó la aprobación e inscripción de la reforma estatutaria de la AFA vinculada al cambio de domicilio a la Provincia de Buenos Aires, así como la cancelación de su inscripción en el registro.

Asimismo, se impugnó la Resolución del Ministerio de Justicia 128/2026 que había dispuesto medidas de fiscalización sobre la entidad.

Cabe destacar que la asamblea de la AFA, celebrada el 17 de octubre de 2024, había aprobado por unanimidad el traslado del domicilio social a la Provincia de Buenos Aires, decisión posteriormente convalidada judicialmente.

Cuestión central: competencia y control estatal

El eje del pronunciamiento radicó en determinar si la IGJ conservaba competencia para fiscalizar o impedir el cambio de jurisdicción de la entidad.

La Cámara sostuvo que, una vez inscripta la reforma estatutaria en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas (DPPJ) de la Provincia de Buenos Aires, el control de legalidad y fiscalización corresponde exclusivamente a dicho organismo provincial.

En ese sentido, enfatizó que la entidad carece de facultades revisoras respecto de actos administrativos válidamente dictados por organismos de otra jurisdicción, en virtud del principio federal y la distribución territorial del poder de policía sobre personas jurídicas.

Ejercicio del poder de control

El tribunal consideró que la IGJ incurrió en un exceso de competencia al ordenar inspecciones y cuestionar la efectiva existencia del domicilio en la provincia, pese a que la autoridad local ya había aprobado el cambio.

Se destacó que tal conducta implicó una indebida superposición de funciones y una revisión improcedente de un acto administrativo provincial que gozaba de presunción de legitimidad.

Asimismo, se reprochó la utilización de “informaciones públicas” como fundamento de la decisión administrativa, calificándolas como insuficientes e inidóneas para desvirtuar actos válidos dictados por el organismo competente.

Principios administrativos involucrados

El fallo desarrolla diversos principios relevantes:

Presunción de legitimidad del acto administrativo: los actos dictados por la DPPJ debían ser respetados mientras no fueran impugnados.
Competencia territorial: el control de las asociaciones civiles corresponde al organismo del domicilio social.
Prohibición de doble control estatal: no resulta admisible someter a una entidad al control simultáneo de dos organismos distintos sobre un mismo acto.
Razonabilidad y motivación: la IGJ no logró justificar adecuadamente sus decisiones, incurriendo en vicios de motivación y causa.

Distinción entre domicilio y sede social

Un aspecto técnico relevante del pronunciamiento es la diferenciación entre domicilio social (jurisdicción legal) y sede social (ubicación material).

La Cámara recordó que el cambio de domicilio implica una modificación estatutaria y determina la competencia del organismo de control, mientras que la sede refiere a un aspecto operativo.

En consecuencia, los cuestionamientos relativos a la sede carecían de entidad suficiente para impedir el cambio de jurisdicción debidamente aprobado.

Nulidad de los actos administrativos

Como corolario, el tribunal declaró:

La nulidad de la Resolución Particular IGJ 140/2026.
La nulidad de la resolución del Ministerio de Justicia que había dispuesto medidas de intervención.
La cancelación de la inscripción de la AFA ante la IGJ, consolidando su radicación en la Provincia de Buenos Aires.

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