A través de la Resolución General 1/2022, la Inspección General de Justicia (IGJ) determinó que todo instrumento constitutivo, contrato social o estatuto de sociedad comercial constituida a partir del 1 de febrero de 2022 debe incluir el plazo de duración, que no podrá exceder el plazo de 30 años a contar de su inscripción en el referido registro.

Qué ocurre en la actualidad

El artículo 11 de la ley 19550 en su inciso 5) dispone que el instrumento de constitución (estatuto / contrato social) debe contener el plazo de duración, el cual debe ser determinado.

Mismo parámetro fija el artículo 36 de la ley 27349 de apoyo al capital emprendedor para el caso de sociedades por acciones simplificadas (SAS).

“Lamentablemente, el legislador no fijó plazo máximo de duración y los usos y costumbres suplieron esa omisión, siendo un comprobado hecho de la práctica societaria nacional que, en innumerable cantidad de sociedades, cualquiera fuere su tipo, el plazo de duración de la persona jurídica societaria se estableciera en 99 años”, explicó el titular del organismo, Ricardo Nissen.

Problemas por la extensión del plazo

Para la IGJ, “el plazo estándar de 99 años no sólo descuida los intereses de los acreedores particulares de los socios, sino que también prolonga innecesariamente la vida de sociedades, que, en la mayoría de los casos, terminan su vida activa o empresarial mucho antes del vencimiento del aludido plazo de duración, sin realizarse procedimiento alguno de disolución y liquidación, optándose las más de las veces, en los hechos, por desaparecer de su sede social”.

“Además de la inconveniencia que supone la omisión de esos procedimientos de disolución, liquidación y cancelación de la inscripción registral – de evidente orden público – resulta ilógico, y – si se quiere –, antinatural, que la existencia de un contrato que tiende a regular las relaciones entre personas unidas bajo un mismo propósito pueda superar el promedio de vida activa de los integrantes de la misma, trasladándose los derechos y deberes propios del contrato de sociedad a los herederos y a los herederos de los herederos, que no fueron parte del contrato constitutivo original”, remarcó la resolución.

“La constitución de miles de sociedades anónimas anuales, en su gran mayoría de casos, para acometer pequeñas empresas a través de sociedades constituidas por integrantes de una misma familia, llevó a una situación no deseada por el legislador, que fue la generación de conflictos societarios, no basados en criterios empresariales diferentes o antagónicos entre sus integrantes, sino en una verdadera guerra privada e interna, provocada por motivos personales, familiares, sucesorios, conyugales o por cualquier otra causa ajena al desarrollo del objeto de la sociedad o de sus resultados”, agregó.

Abreviando el plazo de duración de la sociedad, “los integrantes de la misma podrán optar o no por la prórroga de su plazo de duración, teniendo de tal modo la posibilidad, quienes se oponen a continuar con el vínculo societario, de ejercer el derecho de receso normado en los artículos 160 y 245 de la Ley N° 19.550 y gozar de los beneficios que del ejercicio de este derecho se deriven”.

Además, le permitirá al ente societario continuar con su actividad con los socios que así lo deseen, poniéndose fin al conflicto societario, en caso de que éste se hubiere desatado al momento de producirse la disolución, remarcó el organismo.

La prórroga permite que, por acuerdo unánime, los socios puedan ampliar el plazo de vigencia de la sociedad.

La prórroga y el inicio del trámite de inscripción en el registro público deben presentarse antes de producirse el vencimiento contractual para evitar así la disolución.

Del mismo modo, de acuerdo a la resolución general, los acreedores particulares del socio no deberán esperar el vencimiento del plazo de 99 años para oponerse a la prórroga de la sociedad por parte de interés.

Por qué se fijó en 30 años

“El aludido plazo de 30 años es compatible y guarda congruencia, inclusive, con los plazos contractuales previstos por el legislador del 2015 en el Código Civil y Comercial de la Nación. Entre ellos, mencionó de 30 años el lapso máximo admitido para el contrato de fideicomiso - conf. art. 1668, CCCN -, siendo esta la figura contractual más análoga a la persona jurídica societaria, por cuanto se logra, al igual que por vía de la utilización de una sociedad mercantil, limitación de responsabilidad y separación patrimonial o afectación de determinado conjunto de bienes a determinada actividad negocial - arg. arts. 1682, 1683, 1685, 1686 y 1687, CCCN”, señaló la norma entre sus considerandos.

De esta manera, entendió que se torna razonable igualar el plazo máximo de duración de la sociedad comercial al del dominio imperfecto o revocable asignado a la figura contractual fiduciaria, dado que ambas, en punto sus consecuencias fácticas, resultan absolutamente homologables.

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