La Inspección General de Justicia (IGJ) lanzó una convocatoria pública destinada a revisar y actualizar la normativa que regula los planes de ahorro automotor en la Argentina.

Este mecanismo de financiamiento representa, de acuerdo a datos provistos por las concesionarias, una porción esencial de las ventas de vehículos en el país, pero es objeto de críticas y controversias judiciales por la forma en que se actualizan las cuotas y se gestionan los derechos de los suscriptores.

La iniciativa, anunciada por el inspector general de Justicia, Daniel Roque Vítolo, permanecerá abierta entre el 15 de septiembre y el 15 de noviembre de 2025. Durante ese plazo, consumidores, concesionarias, administradoras y terminales automotrices podrán enviar observaciones y sugerencias al correo oficial habilitado: sugerencias.ahorroigj@gmail.com

Un sistema central en las ventas de vehículos

El mercado automotor argentino se encuentra conformado por grandes terminales con producción local, una extensa red de autopartistas, concesionarios y servicios complementarios. Según proyecciones del sector para 2025, se espera superar las 620.000 unidades patentadas.

Cerca de la mitad de esas operaciones se concretan mediante algún tipo de financiamiento.

Este esquema consiste en la integración de grupos de ahorristas que aportan cuotas mensuales destinadas a la adquisición de vehículos, los cuales se adjudican por sorteo o licitación. A lo largo del tiempo, se fueron incorporando distintas variantes en cuanto a plazos, porcentajes de financiación, diferimientos y modalidades de pago, que en muchos casos generaron conflictos por su impacto en el costo real de las cuotas.

Vítolo subrayó la relevancia del sistema y la necesidad de adecuar su regulación al sostener que “nuestro país está entrando en una recuperación económica, y parte de esa recuperación es la reactivación del mercado automotor. Queremos que los argentinos tengan mayores facilidades para acceder a su propio vehículo. Casi la mitad de las ventas se financian y, dentro de ellas, más de la mitad corresponden a planes de círculos cerrados que controla la IGJ. Necesitamos modernizar la normativa, pero antes queremos escuchar a los usuarios y a todos los actores del sector”.

El funcionario destacó que el organismo decidió adoptar una metodología de consulta pública: “Queremos recibir la voz de los suscriptores, de quienes participan en los planes, de las administradoras, concesionarias y terminales. Escuchar sus experiencias es fundamental para poder legislar mejor”.

La revisión normativa podría alcanzar aspectos centrales como la previsibilidad de las cuotas (mecanismos de actualización, topes o métodos claros frente a las variaciones de precios), costos y distintos derechos del suscriptor (condiciones de rescate, transferencias, qué ocurre con las demoras en adjudicaciones e intereses aplicables por mora, entre otros casos).

Otro tema que se pretende abordar es el del derecho a la información clara, lenguaje accesible en los contratos y canales de reclamo.

Antecedentes regulatorios

En agosto de 2024, mediante la Resolución General Nº 17/2024, la IGJ estableció que las entidades administradoras de planes de ahorro bajo modalidad de grupos cerrados debían ofrecer a los suscriptores la posibilidad de diferir el 20% de la alícuota y las cargas administrativas en hasta 12 cuotas consecutivas.

La disposición alcanzó a contratos agrupados antes del 31 de diciembre de 2022 y se aplicó tanto a suscriptores en período de ahorro como a adjudicados, incluso a quienes habían renunciado o rescindido el contrato después de abril de 2018.

El fundamento de la medida estuvo ligado al incremento de cuotas derivado de la fuerte inflación registrada entre 2018 y 2022, que generó una alta conflictividad judicial entre administradoras y consumidores.

Los planes más comunes en la actualidad son de 84 cuotas (siete años), conformados por 168 ahorristas. Cada mes se adjudican vehículos mediante sorteo o licitación, a razón de dos unidades financiadas con los aportes del grupo. También se diferencian según el porcentaje de financiamiento: 100%, 80/20, 70/30, entre otros. En primer tiempo se menciona el porcentaje financiable, lo que impacta en las cuotas (que será más baja cuanto más alto sea el porcentaje a integrar al momento de adjudicación).

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