A través de una nota enviada al Ministerio de Economía, la Federación Argentina de Graduados en Ciencias Económicas planteó una serie de puntos a tener en cuenta sobre el proyecto de modificación de la Ley 27.799, que actualmente se encuentra en análisis, y será objeto de una reunión mañana, jueves 16 de julio, entre el Ministro de Economía y un grupo de distinguidos tributaristas.

La entidad señaló que, si bien la iniciativa incorpora aspectos positivos, considera necesario introducir cambios para garantizar la efectividad de los beneficios prometidos por el régimen.

Las principales objeciones se centran en la incorporación del artículo 42 ter., que convalida la continuidad de las órdenes de intervención y de los procedimientos de liquidación administrativa o de determinación de oficio que hubiesen sido notificados con anterioridad a la fecha en la cual se ejerció la opción de adhesión a la modalidad simplificada.

De acuerdo con la FAGCE, la nueva disposición entra en contradicción con el artículo 40 de la propia Ley 27.799, que establece una “presunción de exactitud” sobre las declaraciones juradas presentadas por los contribuyentes en períodos no prescriptos.

La entidad recordó que ese beneficio ha sido uno de los principales argumentos utilizados para promover la adhesión al régimen, ya que garantiza que las declaraciones juradas serán consideradas exactas salvo situaciones puntuales vinculadas con discrepancias significativas detectadas por el organismo recaudador.

Debate sobre los alcances de la presunción de exactitud

La permanencia de las órdenes de intervención iniciadas antes de la adhesión al régimen por períodos anteriores al periodo base, tal como prevé el artículo 42 ter, vaciaría de contenido la presunción de exactitud prevista en la normativa vigente.

Por ese motivo, la FAGCE solicitó expresamente que ese artículo sea retirado del proyecto. El Consejo entiende que esa modificación resulta imprescindible para brindar seguridad jurídica a los contribuyentes y asegurar el cumplimiento efectivo del principio de “inocencia fiscal” que inspira el régimen.

Pedido de revisión del esquema de multas

Otro de los puntos planteados se refiere al régimen de sanciones. La Federación reconoció que los montos de las multas previstos históricamente en la Ley de Procedimiento Fiscal -L. 11.683- habían quedado desactualizados debido al proceso inflacionario de los últimos años. No obstante, advirtió que el incremento aplicado por la Ley 27.799 puede generar un impacto excesivo sobre pequeños contribuyentes.

Frente a esta situación, se propuso la creación de escalas diferenciadas para la aplicación de multas, teniendo en cuenta variables como el tamaño de la empresa, el historial de cumplimiento fiscal, la conducta fiscal del contribuyente y otros criterios que permitan segmentar adecuadamente las sanciones.

Accedé acá a la nota enviada al Ministerio de Economía

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