La Cámara Segunda del Trabajo de Bariloche ordenó a una empresa pagarle el seguro de vida a la esposa e hijo de un empleado fallecido, ya que la aseguradora adujo que no iba a abonarlo porque la prima se encontraba vencida.

En el caso “S., L. E. y otros c/ Entretenimientos Patagonia SA s/ ordinario - reclamo ley de contrato de trabajo”, La empleadora contrató para el trabajador un seguro de vida a la empresa firma SMG LIFE Seguros de Vida y Retiro.

Al fallecer uno de sus dependientes, sus beneficiarios (la cónyuge y su hijo) tramitaron el cobro pero la aseguradora rechazó el pago del capital asegurado en la póliza porque esta se encontraba suspendida por falta pago de prima a la fecha de ocurrencia del deceso.

Falta de pago de la prima

Los beneficiarios, en su carácter de herederos, demandaron a la empleadora para solicitarle el cobro del seguro de vida colectivo. Manifestaron desconocer el importe de la suma asegurada y solicitaron que la accionada acompañe la póliza pertinente a fin de determinar la misma.

Los jueces María de los Ángeles Pérez Pysny, Alejandra Paolino y Jorge Serra consideraron que no estaba acreditado que la demandada haya cancelado el pago de la prima del mencionado seguro en oportunidad de producirse el deceso del trabajador.

Y agregaron que el certificado de cobertura individual, en lo referido a la póliza analizada, señalaba que 'carecerá de validez si la póliza no cuenta con sus pagos al día'.

Al momento de fallecer el trabajador, en fecha 16 de junio de 2020, la prima de dicho certificado se encontraba impaga por parte de la demandada, quien fue su contratante.

“Ello así pues señala la accionada que en el mes de febrero 2020 la empresa decidió dar de baja dicho seguro de vida, motivo por el cual obviamente las primas dejaron de ser abonadas”, añadieron y remarcaron que no existía ninguna constancia sobre que dicha baja le fuera comunicada al trabajador ni a los beneficiarios de dicho seguro.

El trabajador, ajeno a la falta de pago por parte del empleador

'El seguro de vida obligatorio es un instituto social, puesto que cubre la contingencia social de la muerte del trabajador en relación de dependencia, y ha sido implementado como una 'obligación' a cargo del empleador. El trabajador (o su beneficiario en caso de muerte de aquél) es ajeno a la concertación del negocio jurídico -contrato de seguro- celebrado entre la Compañía aseguradora y la empleadora, la que en defecto de la existencia de tal contrato era quien debería afrontar la contingencia social (invalidez o muerte)”, señalaron.

Y agregaron que, “corresponde en todo caso, que ambas empresas (asegurada y aseguradora) resuelvan entre ellas las consecuencias de los posibles incumplimientos que pudieran haberse originado como consecuencia de la existencia de ese vínculo comercial (firma del contrato de seguro) ya que no pueden ser oponibles al trabajador las cláusulas de la cobertura entre asegurado y asegurador, porque aquél resulta ser un “tercero' en la celebración del contrato...'.

'El seguro de vida colectivo y el obligatorio participan de la naturaleza de los seguros sociales y es sabido que una de las diferencias fundamentales de estos seguros con los privados consiste en que mediante aquéllos no se persiguen fines de lucro sino la satisfacción inmediata de un interés público, en tanto que en los otros se privilegia el propósito de lucro sobre la satisfacción, sólo mediata, de dicho interés”, subrayaron.

Y enfatizaron que 'el Seguro Colectivo de Vida para el personal al servicio del Estado y el Seguro de Vida Obligatorio para el personal en relación de dependencia, instituidos por la ley 13.003 y el decreto 1567/74, tienen carácter alimentario”.

Por ello, consideraron que “intimada oportunamente la empleadora, que no dio respuesta satisfactoria a los actores y “reconociendo expresamente la baja de dicho certificado de cobertura individual -Póliza 3116- dispuesta unilateralmente en el mes de marzo 2020, atento que la empresa accionada fue la contratante de dicho seguro, ella resulta la obligada al pago, máxime teniendo en consideración la naturaleza jurídica del mismo”.

Por ello, en función de lo expuesto precedentemente y lo dispuesto por el Decreto 1567/74 y su reglamentación para el supuesto incumplimiento del deber que se le impone, por tratarse de una obligación en cabeza del empleador, correspondía hacer lugar en todas sus partes a la demanda, concluyeron.

Así, la empleadora debía abonar a los actores la suma que en concepto de capital corresponda a la póliza en concepto de seguro de vida colectivo, en conjunto e iguales proporciones, cuyo importe debe ser actualizado al valor de los haberes del trabajador correspondientes al mes de junio 2020 y determinado conforme los parámetros establecidos en la póliza, más intereses.

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