En el marco de un retiro transitorio por invalidez la Corte Suprema de Justicia revocó el pronunciamiento de la Sala I de la Cámara Federal de la Seguridad Social que había confirmado el dictamen de la Comisión Médica Central y había adjudicado a la actora un porcentaje de incapacidad inferior al requerido por la ley 24.241, impidiendo a la reclamante acceder al beneficio.

La alzada había considerado que la injustificada conducta omisiva por parte de la actora, al no haberse presentado a la citación del Cuerpo Médico Forense a fin de que se le practicara una nueva revisión médica, como tampoco haber comparecido ni brindado razón alguna para justificar su actitud, impedía al tribunal contar con la opinión del citado organismo y de tal modo poder evaluar su apelación contra lo dictaminado en sede administrativa, por lo que confirmó la resolución de la Comisión Médica Central, sin perjuicio de la posible reapertura del proceso en el supuesto de que la accionante aportara nuevos elementos de juicio en los términos de la ley 20.606.

El caso

La actora se agravia de la sentencia apelada por entender que lesiona las garantías consagradas en los arts. 14, 17, 18 y 33 de la Constitución Nacional, en la medida en que resuelve sin haber evaluado las pruebas ni las circunstancias de la actora y la priva con ello de su beneficio previsional, lo que le causa un gravamen irreparable, además de poseer carácter alimentario.

Destaca que al momento de correrse traslado de lo manifestado por el Cuerpo Médico Forense en cuanto a su incomparecencia, dicho informe no se encontraba digitalizado, razón por la cual no se pudo tomar vista, más allá de agregar que nunca había sido citada ni ella ni su letrado apoderado.

Ponemos a disposición el texto completo del fallo: 'González, Claudia Adriana c/ANSeS s/retiro por invalidez (art. 49 P.4. ley 24.241)' - CSJN- 13/8/2024

El Fallo

La Corte, en su fallo, destaca que el a quo confirmó el dictamen de la Comisión Médica Central con prescindencia del informe técnico que debía producir el Cuerpo Médico Forense, de conformidad con lo dispuesto por la normativa previsional.

Advierte que el Cuerpo Médico Forense no cumplió con su obligación de emitir un dictamen sobre el grado de invalidez de la afiliada en los términos delart. 49, punto 4, tercer párrafo, de la ley 24.241 con sustento en las constancias de autos, aun cuando no haya podido someter a la accionante a una nueva revisión médica.

Indica que ello constituye tan solo una facultad excepcional del organismo, tal como se encuentra establecido en el inciso b del dispositivo citado, cuyo ejercicio infructuoso no lo sustrae de su deber de informar sobre los puntos requeridos por el tribunal de alzada.

Considera que dicha inobservancia por parte del Cuerpo Médico Forense y la ulterior sentencia dictada en su consecuencia importan una violación del derecho de defensa de la actora en la medida en que priva a la recurrente de poder contar con una opinión médica en el marco de un proceso judicial –fuera de las instancias administrativas– que hace a la posibilidad de que se efectivice su derecho a la prestación previsional pretendida.

Finalmente entiende que la decisión de la alzada de confirmar el dictamen de la Comisión Médica Central en ausencia del informe pericial antedicho impide considerar el fallo como un acto jurisdiccional válido y lleva a su descalificación.

Por ello, se dejó sin efecto una sentencia que resolvió confirmar el dictamen de la Comisión Médica Central con prescindencia del informe técnico que debía producir el Cuerpo Médico Forense y ordena que el caso regrese al tribunal de origen para un nuevo pronunciamiento.

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