En una decisión que alcanza a múltiples causas en trámite, el máximo tribunal dejó sin efecto sentencias que habían declarado inconstitucional la prohibición de indexar créditos laborales. Ordenó dictar nuevos fallos conforme al régimen de actualización previsto por el artículo 55 de la Ley 27.802.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que corresponde aplicar el artículo 55 de la Ley de Modernización Laboral (LML) a los juicios laborales que aún no cuentan con sentencia firme. De este modo, consideró abstracto pronunciarse sobre la constitucionalidad de las normas que prohibían la indexación monetaria de los créditos laborales.

El criterio fue fijado el 5 de noviembre de 2026 en el expediente 'Cabana Opanasiuk, Leonardo c/Unir SA y otros s/despido' y en otras causas acumuladas. Allí, el Tribunal analizó fallos de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que habían dispuesto actualizar los créditos mediante IPC más una tasa anual del 3%.

Nuevo marco legal para los créditos laborales

La Corte destacó que, durante la tramitación de los recursos, entró en vigor la Ley 27.802, cuyo artículo 55 regula expresamente cómo deben actualizarse los créditos laborales en procesos pendientes. La norma establece la aplicación de intereses moratorios calculados según la tasa pasiva que determine el Banco Central y fija límites máximos y mínimos para el resultado final.

Según el máximo tribunal, al existir una regulación legal específica y de aplicación inmediata para los expedientes sin sentencia firme, ya no resultaba necesario pronunciarse sobre la declaración de inconstitucionalidad de las leyes 23.928 y 25.561 que había motivado los recursos extraordinarios.

En consecuencia, los Ministros dejaron sin efecto las sentencias apeladas en lo relativo al mecanismo de actualización y ordenaron que se dicten nuevos pronunciamientos ajustados al artículo 55 de la nueva legislación. La decisión se apoyó, además, en la doctrina histórica del precedente “Peso” y otros fallos citados por el propio Tribunal.

¿Qué dice el art. 55 de la Ley de Modernización Laboral?

El artículo 55 de la Ley 27802 fija criterios específicos para la actualización de los créditos provenientes de las relaciones individuales de trabajo en aquellos juicios que, a la fecha de entrada en vigencia de la norma, se encuentren en trámite y aún pendientes de sentencia definitiva, incluyendo los recursos de queja pendientes de resolución.

Los criterios instaurados son los siguientes:

Aplicación de intereses: los créditos se actualizarán mediante la aplicación de intereses moratorios ajustados a la tasa pasiva determinada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Tope máximo: el resultado de aplicar los intereses moratorios no podrá ser superior al importe que surja de adicionar al capital histórico la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) suministrado por el INDEC, más una tasa de interés del 3% anual.
Piso mínimo: el valor resultante de la actualización no podrá ser inferior al 67% del cálculo obtenido al aplicar las pautas del tope máximo mencionado anteriormente.

Finalmente, el texto normativo precisa que estas disposiciones son de orden público, por lo cual los jueces o la autoridad administrativa deben aplicarlas de oficio o a petición de parte, incluso en los casos de concurso del deudor o tras la declaración de quiebra.

En definitiva, la resolución tiene relevancia práctica porque impacta sobre numerosos litigios laborales en curso. A partir de este criterio, los jueces deberán recalcular los créditos pendientes bajo las pautas establecidas por la reforma laboral, desplazando los esquemas de actualización que habían sido definidos judicialmente con base en la inflación.

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La CSJN ordenó aplicar el art. 55 de la Ley de Modernización Laboral en juicios pendientes