Por: Ricardo Chicolino

I - Hechos

Petroarsa SA (PSA) demandó la inconstitucionalidad del artículo 1 de la ley 8834 de la Provincia de Tucumán que incrementó la alícuota del impuesto sobre los ingresos brutos (ISIB) en función de los ingresos gravados (G), no gravados (NG) y exentos (E) del contribuyente por el desarrollo de cualquier actividad en todo el territorio de la Nación.

Sostiene en su presentación el contribuyente que el método previsto en dicha norma para determinar la alícuota del ISIB no respeta el requisito de territorialidad que caracteriza al ISIB y constituye en consecuencia un exceso del Fisco local.

En su instancia previa, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Tucumán (CSJT) revocó el pronunciamiento de la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que había declarado la inconstitucionalidad del artículo 1 de la ley local 8834.

II - Cuestión sujeta a debate

1. Postura del contribuyente

En su apelación considero que la alícuota establecida en el artículo 1 de la ley 8834 violenta lo establecido en el artículo 9 de la ley 23548, según el cual el ISIB solo puede gravar actividades que el contribuyente desarrolla dentro del ámbito provincial.

Destaca que la conciliación entre la definición de Hecho Imponible (HI) prevista en el Código Fiscal de la Provincia de Tucumán (CFT) con el requisito de gravabilidad definido en el artículo 9 de la ley de Coparticipación Federal de Recursos Tributarios (LCFRT), ley 23548, solo se manifiesta en la medida en que la norma local capte como manifestación de capacidad contributiva el desarrollo de la actividad en el ámbito territorial de la Provincia, pues el ingreso obtenido solo posee relevancia cuando representa la retribución de esa actividad gravada en la Provincia.

El hecho de que la alícuota se incrementa en función de los ingresos brutos obtenidos en todo el país implica que no se limita a los ingresos obtenidos en el ámbito provincial, sino que abarca también los provenientes de otras actividades realizadas fuera de dicho límite territorial, violentando así el precepto mencionado.

Manifiesta en su apelación que el HI del ISIB admite únicamente una forma de adecuarse a la LCFRT que consiste en captar, como manifestación de capacidad contributiva, exclusivamente el desarrollo de actividad en el territorio provincial, de manera tal que el ingreso solo posee relevancia cuando representa la retribución de esa actividad gravada en dicho territorio.

Agrega, además, que como consecuencia de las alícuotas progresivas fijadas por el artículo 1 de la ley local 8834, el ISIB se desnaturaliza en su esencia incurriendo en un supuesto de analogía con el impuesto a las ganancias, situación que se encuentra vedada en el plexo normativo de la ley 23548.

2. Postura de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Tucumán

Sostuvo el Máximo Tribunal provincial que el modo de calcular la alícuota a través de una escala progresiva en función de los ingresos G, NG y E no constituye un criterio que priva directa o indirectamente de la condición de territorialidad tanto al HI como a la Base Imponible (BI) del ISIB.

Además:

II - Cuestión sujeta a debate

1. Postura del contribuyente
2. Postura de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Tucumán
3. Dictamen del Procurador General de la Nación
4. Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación

III - Conclusiones

Este artículo forma parte de la publicación “Práctica Integral Buenos Aires (PIBA)”, exclusivo para suscriptores de Errepar

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