La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), en los autos “Lacuadra, Jonatan Daniel c/ DIRECTV Argentina S.A. y otros s/ despido” declara admisible la queja y deja sin efecto la sentencia de la Sala X de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que confirmó la condena dispuesta en primera instancia en concepto de créditos salariales e indemnizaciones laborales y ordenó que al capital se le adicionaran los accesorios imponiendo desde la fecha de exigibilidad de los créditos laborales, la aplicación del CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia) sobre el capital de condena, más una tasa de interés pura del 6% anual, con una única capitalización -exclusivamente sobre esa tasa pura- a la fecha de notificación de la demanda.

Recurso extraordinario

La demandada interpuso recurso extraordinario al afirmar que el modo de cálculo violaba cualquier tipo de razonabilidad y llevaba a un resultado económico del pleito totalmente irrazonable y alejado de la realidad económica que suponía una indexación encubierta, que no fue peticionada en ningún momento.

Fundamentos

El máximo Tribunal considera que la forma en la cual se ha dispuesto la adecuación del crédito y la liquidación de los accesorios conduce a un resultado manifiestamente desproporcionado, que excede cualquier parámetro de ponderación razonable sin el debido sustento legal.

Para llegar a esa conclusión, la CSJN destacó que la Cámara laboral dictó el acta 2783/2024 en la que contempló el reajuste de los “créditos laborales sin tasa legal de acuerdo a la tasa CER… más una tasa pura del 6% anual” para reemplazar el cálculo que fue declarado arbitrario por el mismo Tribunal en la causa “Oliva”; pero ese nuevo criterio de reajuste, tampoco encontraría fundamente en las disposiciones del Código y arrojaría resultados igualmente irrazonables.

La CSJN recuerda que la causa “Oliva” el Tribunal descalificó por arbitrario el criterio asentado por la CNAT en su anterior acta 2764/2022 (utilización de tasas de interés activas con capitalización anual desde la fecha de notificación del traslado de la demanda) porque carecía de respaldo en las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación y, además, arrojaba un resultado económico desproporcionado, el que fue reemplazado por el acta 2783/2024. Y en ese aspecto agrega que “en virtud de la génesis, finalidad y forma de cálculo establecidas en las normas que lo implementaron, resulta evidente que el CER en modo alguno es una tasa de interés “reglamentada por el BCRA” como lo afirma la nueva acta de la cámara.

El artículo 768 del CCyCN establece tres criterios para la determinación de la tasa del interés moratorio: lo que acuerden las partes, lo que dispongan las leyes especiales y “en subsidio, por las tasas que se fijen según las reglamentaciones del Banco Central”.

En ese sentido, destaca que el método de reajuste instituido por la cámara en el acta 2783/2024 implica apartarse sin fundamento de las facultades acordadas a los jueces por el inciso c del artículo citado ya que comporta la aplicación de un coeficiente para la actualización del capital y no de una tasa de interés fijada según las reglamentaciones del Banco Central.

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