La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó una sentencia que había declarado la inconstitucionalidad de una ley de la provincia de Buenos Aires que dispone la inembargabilidad de la vivienda, aunque no esté inscripta en el registro que a tal efecto establece la legislación nacional.

En la causa 'Raskovsky, Luis Ernesto c/ Perrone, Gabriela Alejandra s/ ejecutivo', el máximo tribunal, con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti-, declaró mal concedido un recurso extraordinario, presentado contra una sentencia que había declarado la inconstitucionalidad de la Ley 14.432 de la provincia de Buenos Aires y ratificó que una provincia no puede establecer excepciones a los embargos y ejecuciones sin respetar la normativa nacional, que exige la inscripción del bien para otorgarle protección.

En ese sentido, sostuvo que es competencia del Congreso Nacional determinar qué bienes pueden ser embargados.

Los hechos

El caso se inició con un proceso ejecutivo por el cobro de un pagaré, en el cual se solicitó la subasta de un inmueble ubicado en la localidad bonaerense de Castelar.

La demandada se defendió argumentando que se debía aplicar la Ley 14.432 de la provincia de Buenos Aires sobre 'Protección de Vivienda Única y de Ocupación Permanente' para evitar la ejecución.

El juez de primera instancia y la sala E de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial rechazaron este planteo, al considerar que la norma provincial era inconstitucional ya que la protección de la vivienda frente a embargos es una cuestión de legislación común, por lo que debía ser regulada por el Congreso de la Nación.

La Cámara además destacó que el régimen del bien de familia, regulado por el artículo 38 de la Ley 14.394, ya prevé los mecanismos para resguardar la vivienda, siempre que se realice la correspondiente inscripción registral.

En este sentido, indicó que la parte demandada podría haber recurrido a este instrumento antes de que se dispusiera el embargo de su propiedad.

La accionada interpuso un recurso extraordinario, que fue concedido.

La Corte Suprema, con sus tres jueces, entendió que no debía haberse otorgado, porque no se cumplía con el inciso 2 del artículo 14 de la Ley 48.

Explicó que la apertura de la instancia extraordinaria sólo es procedente cuando el fallo del superior tribunal de la causa haya sido favorable a la validez de la norma provincial impugnada. En este caso, la resolución de la cámara había sido en sentido contrario, no se configuraba la situación que habilita la intervención de la Corte en esta instancia.

El voto de Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti

'Esta exigencia legal, que nace de la necesidad de configurar una apelación de carácter verdaderamente excepcional que asegure la supremacía del derecho federal que consagra el artículo 31 de la Constitución Nacional, se mantiene inalterada, tal como ha recordado esta Corte en distintas oportunidades', señalaron en su voto los ministros Rosenkrantz y Lorenzetti.

“Contrariamente a lo afirmado en el dictamen del señor Procurador Fiscal, determinar qué bienes del deudor están sujetos al poder de agresión patrimonial del acreedor -y cuáles, en cambio, no lo están- es materia de la legislación común, y, como tal, prerrogativa única del Congreso Nacional”.

“Al atribuir la Constitución al Congreso la facultad de dictar el Código Civil, ha querido poner en sus manos lo referente a la organización de la familia, a los derechos reales, a las sucesiones, a las obligaciones y a los contratos, es decir, a todo lo que constituye el derecho común de los particulares considerados en el aspecto de sus relaciones privadas”, destacaron.

A su vez, señalaron que, “de acuerdo con el artículo 126 de la Constitución, las provincias no ejercen el poder delegado a la Nación y no les está permitido dictar los códigos después de haberlos sancionado el Congreso, precepto que no deja lugar a duda en cuanto a que todas las leyes que estatuyen sobre las relaciones privadas de los habitantes de la República, sean personas físicas o jurídicas, al ser del dominio de la legislación civil y comercial, están comprendidas entre las facultades de dictar los códigos fundamentales que la Constitución atribuye exclusivamente al Congreso”.

Sobre el caso particular, sostuvieron que “lo expuesto no se ha visto alterado por el régimen de protección de la vivienda instituido en el Código Civil y Comercial de la Nación (artículos 244 a 256)”.

En ese punto, señalaron que “no resulta razonable interpretar que la alusión a “otras disposiciones legales”, “leyes especiales” u “otras leyes”, que el legislador nacional hizo en las referidas normas del Código Civil y Comercial de la Nación, importa una devolución implícita a las provincias de la facultad para regular las relaciones entre acreedor y deudor que estas delegaron al Congreso de la Nación (artículo 75, inciso 12, de la Constitución Nacional)”.

En efecto, añadieron que, cuando el legislador ha querido remitir en el Código Civil y Comercial de la Nación a leyes provinciales, lo ha hecho en forma expresa (artículos 2532 y Anexo II, apartado 1.2 de la ley 26.994).

“No cabe presumir, entonces, que al omitir toda referencia a normas locales en los artículos 242, 244 y 744 del citado código, el legislador haya incurrido en una omisión o inconsecuencia que, según sostiene esta Corte, no cabe atribuirle por vía interpretativa”, concluyeron.

Los magistrados coincidieron al señalar que la cuestión ya había sido debatida en casos como 'Banco de Suquía' y 'Romero' en los que se declaró la inconstitucionalidad del artículo 58 de la Constitución de Córdoba y de la ley local 8067 que, al igual que la citada ley 14.432, habían dispuesto la inembargabilidad de la vivienda sin requerir su inscripción en el registro.

El voto de Horacio Rosatti

En tanto, el juez Horacio Rosatti señaló que 'la Cámara, al privar de validez a la norma provincial impugnada por ser repugnante a la Constitución Nacional, ha tutelado la supremacía del derecho federal invocado, por lo que no se verifica el requisito examinado de resolución contraria y dicha inobservancia torna inadmisible el recurso extraordinario'.

De esta manera, declararon mal concedido el recurso extraordinario y confirmaron el fallo.

También te puede interesar:

Justicia Accesible: aprueban guía de “Lenguaje Claro” para la MPFBA

La CSJN admitió que se subaste una vivienda que no estaba inscripta como bien de familia