Introducción

En el fallo “Defensor del Pueblo de la Nación c/ Estado Nacional y otro s/ amparos y sumarísimos”, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió sobre la admisibilidad y procedencia de una acción de amparo colectivo promovida por el Defensor del Pueblo.

El caso gira en torno a la movilidad de las jubilaciones y pensiones entre 2002 y 2006, y la posibilidad de que el Defensor represente judicialmente a un colectivo de jubilados y pensionados en reclamo de sus derechos previsionales.

Hechos del caso y cuestión debatida

El Defensor del Pueblo de la Nación inició una acción de amparo contra el Estado Nacional solicitando que se reconociera el derecho a la movilidad jubilatoria para un grupo de jubilados y pensionados que no habían recibido ajustes conforme al índice de salarios entre 2002 y 2006.

En tal sentido, basó su reclamo en los precedentes “Badaro I” y “Badaro II”, y pidió la declaración de inconstitucionalidad del artículo 7°, inciso 2°, de la ley 24.463. Alegó que la omisión estatal afectaba derechos de incidencia colectiva como la salud, la vida digna y el esparcimiento.

Resolución en primera instancia y evolución del fallo

Decisión judicial

El Juzgado Federal de la Seguridad Social N° 9 hizo lugar a la demanda, reconociendo el derecho al reajuste previsional para quienes acreditaran perjuicio por la falta de movilidad. Sin embargo, la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social revocó el fallo, argumentando que el Defensor carecía de legitimación activa, ya que los derechos en juego eran individuales y no de incidencia colectiva.

Ante la denegación del recurso extraordinario, el Defensor interpuso una queja ante la Corte Suprema.

El máximo tribunal declaró admisible el recurso, pero finalmente rechazó la demanda, señalando que:

No se acreditó la homogeneidad fáctica y normativa del colectivo representado.
La acción de amparo no era procedente por no existir arbitrariedad o ilegalidad manifiesta.
La Ley de Reparación Histórica (Ley 27.260) modificó el contexto jurídico, ofreciendo soluciones administrativas y judiciales a los afectados.
La falta de designación del Defensor del Pueblo desde 2009 y la ausencia de una ley de procesos colectivos dificultaron el trámite del expediente.

La Corte reiteró su exhortación al Congreso para que designe al Defensor del Pueblo y sancione una ley que regule los procesos colectivos.

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