En una causa en la que una pareja pidió autorización para interrumpir el proceso de tres embriones obtenidos a partir de técnicas de fertilización asistida en una clínica porteña, la Corte Suprema exhortó al Congreso de la Nación a regular la criopreservación de embriones humanos.

El caso llegó al Máximo Tribunal, tras la queja interpuesta por el Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.

Pedido de destrucción de embriones congelados

En el caso “P., A. y otro s/ autorización”, un hombre y una mujer, que fueron pareja, solicitaron interrumpir la preservación de tres embriones obtenidos mediante técnicas de reproducción humana asistida.

Explicaron que, a raíz de un tratamiento en 2015 tuvieron una nena y en 2018 la convivencia terminó, por lo que no querían tener otro hijo y que, al solicitar la destrucción de los embriones que tenían bajo custodia de la clínica, esta les contestó que solo podrían acceder a ese pedido con una autorización judicial, porque la cuestión no se encontraba legislada.

Los fallos de primera y segunda instancia

En primera instancia, la clínica indicó que no eran parte de la demanda, por lo que intervino el Ministerio Público, y el fiscal promovió que se hiciera lugar al pedido. En tanto, el Defensor Público de Menores e Incapaces sostuvo que no existían intereses de personas menores de edad, incapaces, ni restringidas en su capacidad por las que debiera intervenir, pero de todas maneras, la solicitud fue rechazada en primera instancia.

La decisión fue apelada y la sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil consideró que, al no haber controversia entre las partes por la decisión de finalizar el contrato de la pareja con la clínica, era innecesaria la autorización judicial para disponer de los embriones.

Pero luego el Fiscal General de la Cámara y la defensora Pública de Menores e Incapaces ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil interpusieron recurso extraordinario, que fue rechazado.

El Fiscal General de la Cámara, posteriormente, presentó un recurso de queja. Fundamentó su legitimación en el artículo 120 de la Constitución Nacional, que le asigna la función de promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad.

Además, consideró que la Cámara omitió valorar los argumentos de los Ministerios Públicos relativos a la existencia de normas que obligarían a garantizar alguna protección a los embriones.

La Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, desistió del recurso interpuesto por entender que la intervención en representación de embriones no implantados excedía el mandato legal de su ministerio, por no revestir aquellos el carácter de personas en los términos de la normativa vigente y de lo decidido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El dictamen de la Procuración General

La Procuración General, a cargo interinamente de Eduardo Casal, avaló la postura del Ministerio Público Fiscal, al sostener que “no existe vacío legal en relación al deber de proteger a los embriones no implantados, que no son cosas y que cuentan con un estatus jurídico que impediría su descarte sin autorización judicial”.

“Soy de la opinión de que (la Cámara) ha incurrido en arbitrariedad al dar por resuelta la cuestión de fondo con poco más que una cita jurisprudencial ineficaz para decidir la controversia, y dejar así sin respuesta la demanda fundada acerca de si —y en qué medida— corresponde garantizar alguna protección para los embriones no implantados remanentes de los tratamientos de fertilización in vitro, cuando ha cesado a su respecto la voluntad procreacional de quienes requirieron esa asistencia profesional”, remarcó Casal.

“Pretender, como lo ha hecho la cámara, que el asunto viene decidido por la doctrina interamericana del caso “Artavia Murillo” y que, por lo demás, y sin otro argumento, el derecho federal argentino en materia de protección de la vida no tiene ningún impacto en este campo y que no hay en la pretensión en disputa materia alguna que justifique la intervención judicial constituye, en mi entender, un supuesto claro de decisión infundada desprovista de las condiciones necesarias de los actos jurisdiccionales válidos a que todas las partes tienen un derecho constitucionalmente garantizado”, añadió.

Y advirtió: “La ausencia de una ley del Congreso de la Nación que regule específicamente la cuestión de la disposición final de los embriones remanentes del tratamiento de reproducción médicamente asistida —salvo el caso de la donación con fines reproductivos sí previsto en la legislación— no permite asumir sin más que su descarte está dentro del espacio de libertad reservado por el artículo 19 de la Constitución Nacional en cuanto garantiza que ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”.

La sentencia de la Corte Suprema: imposibilidad de resolver el fondo

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti sostuvieron que, en este caso, el Ministerio Público Fiscal no revestía la calidad de 'parte'.

“Los actores consintieron la decisión que puso fin al pleito, la clínica que preserva los embriones manifestó no tener interés en ser parte del litigio y la titular del Ministerio Público de la Defensa -que ante la cámara y ante esta Corte, a través del señor Defensor General Adjunto de la Nación, había asumido la representación de los embriones- desistió del recurso de queja” y que, ante ese escenario no había caso a tratar: 'El presente proceso judicial, por los contornos que reviste, se encuentra concluido'.

De esta manera, entendieron no podían emitir un pronunciamiento debido a la ausencia de una controversia que habilite su jurisdicción, conforme al artículo 116 de la Constitución Nacional.

Criopreservación de embriones: pedido de regulación al Congreso

Luego realizaron una aclaración sobre el marco legal del procedimiento de congelamiento de embriones y su posterior destrucción.

“No se puede soslayar la trascendencia de la problemática de fondo y la incertidumbre que esta genera en los distintos sujetos que intervienen en las técnicas de reproducción humana asistida con criopreservación de embriones, derivadas principalmente de la falta de regulación en la materia. Ello se evidencia en las diferentes posiciones asumidas por el Ministerio Público de la Defensa en torno a la representación de los embriones y en el modo en que ha quedado concluido este proceso judicial”, añadieron.

“Por tal motivo, esta Corte Suprema considera pertinente exhortar al Congreso de la Nación para que estime la necesidad o conveniencia de hacer uso de sus atribuciones constitucionales para regular específicamente la materia en cuestión”, dijeron los jueces Rosenkrantz, Lorenzetti y Maqueda.

En su voto, el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, precisó que el Ministerio Público Fiscal pretendió asumir una tutela asignada legalmente y de modo específico al Ministerio Público de la Defensa. En particular, recalcó que el fiscal invocó como interés la defensa de los embriones criopreservados, sin embargo, la intervención en defensa de ese particular interés ha sido atribuida por el legislador específicamente a la otra rama del Ministerio Público (art. 43 y concordantes de la ley 27.149). Cabe destacar que en la causa la titular del Ministerio Público de la Defensa había desistido de la queja presentada por su adjunto.

Por último, remarcó que, al sancionarse el Código Civil y Comercial de la Nación, la Ley 26.994 dispuso como norma transitoria que “la protección del embrión no implantado será objeto de una ley especial” pero el Congreso Nacional difirió al dictado de una ley especial que hasta ahora no ha sido sancionada. “El Poder Legislativo no ha cumplido el compromiso asumido hace ya una década”, concluyó.

Ponemos a disposición el texto del fallo

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