La Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto una decisión de la sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, mediante la cual se desestimó el acuerdo conciliatorio presentado en esa instancia, ya que hubo un error de cálculos.

En el caso “Blanco, Adrián Alberto c/ IBM Argentina S.R.L. s/ despido”, el juez de primera instancia admitió la demanda y estableció el monto de la sentencia en $19.573.630,29, que resultaba de la suma de la indemnización correspondiente a planes de pensión y medicina prepaga ($22.263.559,14 y $3.017.368,11, respectivamente) y la deducción del importe del rescate anticipado de la póliza del plan de retiro percibido por el accionante de la compañía de seguros ($5.707.296,96), más intereses.

Acuerdo conciliatorio y el fallo de la Cámara

Ambas partes apelaron. Durante el trámite ante la Cámara, las partes formularon un acuerdo conciliatorio por la suma total, única y por todo concepto de $95.000.000. También convinieron el pago de los honorarios de los letrados de la actora, por $19.000.000, más costas a cargo de la demandada.

Pero la sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, por mayoría, desestimó el acuerdo conciliatorio al entender que no representaba una justa composición de los derechos e intereses del trabajador despedido sin causa, en los términos del artículo 15 de la Ley 20.744 de Contrato de Trabajo (LCT) y elevó el monto de condena e intereses dispuestos en la sentencia de grado.

Afirmó que, de confirmarse la sentencia de primera instancia, el monto de capital e intereses hubiese alcanzado a esa fecha una suma más elevada. En este sentido, consideró insuficiente la indemnización abonada por la empresa en ocasión del despido ya que excluyó de la base de cálculo rubros abonados en concepto de desarraigo y comisiones que forman parte del salario del trabajador.

En función de ello, elevó el monto del capital y aplicó el incremento previsto en el artículo 2 de la ley 25.323, con sustento en que el actor había intimado al pago de las indemnizaciones antes de interponer la demanda.

Por otro lado, confirmó la condena al pago del plan de pensión por $22.263.559,14 y al plan de medicina prepaga vitalicia por $3.017.368,11 pero revocó el descuento efectuado en grado del importe rescatado por el actor, en forma anticipada, de la compañía de seguros de retiro ($5.707.296,96). Sobre el punto, destacó que el plan de retiro fue modificado por el empleador, en tanto dispuso que se integre con aportes de ambas partes cuando antes solo aportaba la demandada. Consideró que esa modificación unilateral privó al trabajador de derechos irrenunciables, incorporados a su patrimonio, motivos que también extendió a la cobertura médica. Por ello, concluyó que no correspondía deducir los importes depositados por el trabajador, conforme la carga mancomunada establecida en el nuevo plan.

El cálculo cuestionado

La demandada interpuso recurso extraordinario federal, que fue contestado y denegado.

La Cámara detalló el cálculo sobre el cual fundó su decisión al momento de rechazar el presente recurso extraordinario. Allí, consignó que los intereses debían computarse conforme lo dispuesto en la anterior instancia, por no haber sido materia de apelación.

Señaló entonces que, al día del pronunciamiento anterior, la tasa acumulada ascendía a 326,9258%, con un interés de $82.649.873,33, calculado sobre un capital de $25.280.927,25. De ese modo, estimó en $107.880.931,42 el monto actualizado de la sentencia de grado, que es superior al fijado en el acuerdo (el cálculo correcto arroja la suma de $107.930.800,58).

Ello dio lugar a la queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La demandada sostiene que la Cámara excedió su jurisdicción al suplir de manera arbitraria la voluntad de las partes. Consideró falso el argumento utilizado para rechazar la homologación del convenio, toda vez que el monto consensuado excedía el fijado por la jueza de grado. Sostuvo que, en oportunidad de rechazar el recurso extraordinario, el tribunal varió el argumento e invocó la estimación practicada en su propia sentencia, por un monto superior. Agregó que la medida apropiada para analizar la justa composición de intereses es el monto de la sentencia de grado, y no la utilizada por la Cámara para resolver el litigio.

Por otro lado, adujo que el monto de condena es desproporcionado, fruto del indebido incremento de la base indemnizatoria, la aplicación de la multa y la modificación del cálculo de interés.

El dictamen del Procurador Fiscal y el fallo de la Corte

El Procurador Fiscal Víctor Abramovich explicó que la sentencia había tomado como base de cálculo un capital más elevado que el de condena, ya que no contempló la deducción de lo percibido por el actor y expresamente descontado por la jueza de grado.

“El fundamento central utilizado por el tribunal para rechazar la homologación resulta inconsistente con las constancias de la causa. El a quo ponderó la equidad del acuerdo en función del estado previo del litigio, para lo cual utilizó como baremo la sentencia de grado. Sin embargo, tomó como base de cálculo un capital más elevado que el de condena -$25.280.927,25-, ya que no contempló la deducción de los $5.707.296,96, percibidos por el actor y expresamente descontados por la jueza de grado. En consecuencia, la Cámara arribó a una cifra errónea que vacía de contenido su argumento ya que, de haber calculado la tasa acumulada sobre el capital neto, la suma hubiese resultado inferior a la del acuerdo, es decir, $83.564.877,70”, sostuvo

En resumen, explicó que se consideró que el acuerdo resultaba injusto porque el monto era inferior en $12.880.931,42 al monto de condena de primera instancia, cuando en realidad la cifra de lo acordado ($95.000.000) resultaba $11.435.122,30 superior, lo que evidencia el carácter esencial del error cometido.

“Tal extremo, provocó que el razonamiento de la Cámara sea solo aparente pues, con base en una afirmación errónea, se apartó de la voluntad de las partes, suplió la estimación de riesgo y rechazó la homologación del acuerdo”, concluyó.

Por lo expuesto, consideró que debía admitirse la queja, declarar procedente el recurso extraordinario, dejar sin efecto la sentencia y devolver los autos al tribunal de origen para que dicte un nuevo pronunciamiento en los términos expuestos.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el voto de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, sostuvieron que los agravios de la apelante encontraban adecuada respuesta en los fundamentos y conclusiones del dictamen del Procurador Fiscal.

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