La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inadmisible el recurso presentado por una persona que solicitaba que se le expidiera un documento en el que constara su género autopercibido “femineidad travesti (FT)”, en lugar de la letra “F” (de femenino).

En el caso “Recurso de hecho deducido por la actora en la causa B., L. M. c/ EN - M Interior OP y V s/ información sumaria”, en 2015, L.B. realizó el trámite de cambio de identidad de género en donde se identificó con el sexo “femenino”. Pero en marzo del 2019 fue a la Justicia para pedir que se rectificaran los datos consignados en su partida de nacimiento y en su documento nacional de identidad. Quería que reflejaran su real identidad de género: “femininidad travesti”.

Según aseguró, luego de la entrada en vigencia de la Ley 26.743 de Identidad de Género, ante su solicitud en el Registro Civil se le expidió una nueva partida de nacimiento y un nuevo documento de identidad, en el que se modificó su nombre y se le consignó sexo “femenino”.

Planteó que su verdadera identidad no es “masculina” ni “femenina” y que esas dos opciones no eran representativas de su identidad de género autopercibida.

“La identidad de género de una persona es la que ella misma autopercibe y por ende hace a su esfera más íntima. En virtud de ello debe ser respetada dicha identidad, ya que de no hacerse lugar a su petición se estaría violando ese derecho, lo que implica una restricción al ejercicio de un derecho personalísimo como lo es el derecho a la identidad”, aseguró.

Los fallos de primera y segunda instancia

En primera instancia, la justicia civil había hecho lugar a su pedido y le había ordenado al Registro Civil que pusiera a disposición de los interesados una multiplicidad de marcadores como opciones de género.

El Estado Nacional apeló y la Sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil revocó la decisión de primera instancia y rechazó la demanda al considerar que “no resultaba posible acceder a lo solicitado ya que la Ley de Identidad de Género solo hace referencia a la rectificación registral del sexo y no a opciones múltiples de género ni a la posibilidad de optar por alternativas distintas de las previstas”.

En ese punto, explicaron que la intención del legislador fue resguardar la confidencialidad en las rectificaciones del género, de modo que ni en el documento nacional de identidad ni en la partida de nacimiento pudiera advertirse su readecuación.

Por lo que entendieron que las facultades de los jueces no pueden ir más allá de lo que marca la ley.

“Ha de recordarse, desde esta perspectiva, que los jueces deben aplicar la norma tal como el legislador la concibió; las leyes deben interpretarse conforme el sentido propio de las palabras que emplean, máxime cuando aquél concuerda con la acepción corriente en el entendimiento común y la técnica legal empleada en el ordenamiento jurídico vigente. Lo cual cobra especial relevancia cuando se trata de interpretar una ley de reciente sanción, como en el caso”, señalaron.

La apelación de la actora

Esta decisión fue apelada por la actora, quien argumentó que estaba en juego la interpretación de normas federales vinculadas al derecho a la identidad de género y que la sentencia era arbitraria.

Mientras la causa estaba en trámite se dictó el decreto 476/2021, cuyo artículo 2° determina que las nomenclaturas a utilizarse en los Documentos Nacionales de Identidad y en los Pasaportes ordinarios para argentinos en el campo referido al “sexo” podrán ser “F” -Femenino-, “M” -Masculino- o “X”.

Esta última se consignará, de conformidad con lo establecido en el art. 4° del decreto, en aquellos supuestos de personas nacionales cuyas partidas de nacimiento sean rectificadas en el marco de la ley 26.743, cualquiera sea la opción consignada en la categoría “sexo”, siempre que no sea “F” –Femenino- o “M” –Masculino-, o bien si el “sexo” no se hubiere consignado.

En ese contexto, la actora que mantenía el recurso en todos sus términos porque desde su punto de vista, “el decreto, a su criterio, no satisface el derecho humano al reconocimiento de la identidad de género de las personas trans, travestis y transgénero”.

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El fallo de la Corte Suprema

El máximo tribunal dejó firme la decisión de la Cámara con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. La mayoría consideró que el recurso debía declararse improcedente en virtud del artículo 280 del Código Procesal de la Nación.

Pero Horacio Rosatti emitió su voto en el que destacó que era necesario realizar una serie de consideraciones sobre la materia en debate. En primer lugar, resaltó la diferencia entre identificación registral e identidad de la persona. Dijo que primer concepto refiere al “elemento o conjunto de elementos que permiten registrar a una persona en base a datos objetivos relativamente inmutables: su filiación, su fecha de nacimiento, su lugar de nacimiento, su huella digital, entre otros”, mientras que el segundo concepto “remite al conjunto de ideas, atributos, preferencias, gustos y costumbres que caracterizan a una persona y que pueden modificarse con el paso del tiempo en función del ejercicio de su subjetividad”.

Así explicó que “sería tan ilegítimo que una persona se niegue a ser identificada por el Estado, bajo los parámetros descriptos, como que el propio Estado invada la esfera identitaria de un ser humano”. Y hasta señaló que “correspondería” que el Estado denominara al DNI como “documento nacional de identificación” y no como “documento nacional de identidad”.

“Dentro del marco conceptual previamente establecido, es necesario preguntar ¿cuál es la naturaleza de la autopercepción? ¿Se vincula a la identificación registral o a la identidad? Como consecuencia de lo anterior, ¿incumbe al Estado establecer una taxonomía identitaria como factor de identificación y registración que dé cuenta de la forma en que una persona se percibe a sí misma, asignándole letras del abecedario u otra simbología? A su vez, ¿requerir la autopercepción como dato de identificación de una persona no implicaría recurrir a una “categoría sospechosa”, merecedora de un escrutinio severo en cuanto a su licitud y pertinencia? En opinión del suscripto, y con fundamento en el art. 19 de la Constitución Nacional, la autopercepción remite a la identidad y debe resultar ajena al interés registral del Estado, salvo que se vincule con la adopción de acciones positivas en beneficio de sectores vulnerables”, aseguró.

Por ende, como la actora no cuestionó la constitucionalidad de la ley que se aplica al caso y lo que solicitó fue que se incluyera la modalidad “FT” que no está contemplada, la Corte Suprema rechazó el planteo basado en que el juez no puede reemplazar al legislador.

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