En los autos “La Rioja, Provincia de c/Estado Nacional s/acción declarativa de certeza” y “Recurso Queja Nº 1 - Rizzo, Jorge Gabriel y otro c/EN-DNU 70/23 s/amparo ley 16.986” respectivamente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expidió, luego de varios meses de espera.

En el primer caso, rechazó la acción declarativa de certeza de la Provincia de La Rioja por inexistencia de un “caso”, mientras que en el segundo, no hizo lugar a la acción de amparo contra el DNU 70/23 por igual motivo - inexistencia de un “caso concreto”, “causa” o “controversia”-.

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A fines de 2023, apenas salió el DNU, la Provincia de La Rioja promovió una demanda declarativa de certeza contra el Estado Nacional con el objeto de poner fin al estado de incertidumbre derivado –según alegó– de la manifiesta inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 70/2023.

La Corte hoy rechazó in limine la demanda promovida. Consideró, entre otras razones, que el control encomendado a la justicia sobre las actividades ejecutiva y legislativa requiere inexorablemente de la existencia de un 'caso' donde se debata la determinación de un derecho entre partes adversas, fundado en un interés específico, concreto y atribuible en forma determinada al litigante.

Y consideró además que, en la causa, la demanda no ha definido ningún interés propio de la provincia (como persona jurídica diferenciada de sus vecinos) que se encuentre afectado de manera actual y concreta.

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La CSJN tratará el planteo contra el DNU después de la feria

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El rechazo a la demanda de Rizzo

El actor, por derecho propio y en representación de una asociación, promovió acción de amparo a fin de que se declare la inconstitucionalidad 'integral' del decreto 70/23.

Dicha acción se rechazó tanto en primera como en segunda instancia, por lo que se interpuso un recurso extraordinario, desestimado por la Corte.

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La CSJN entendió que ni él personalmente, ni la asociación que preside, poseen un interés concreto o sustancial en la declaración de inconstitucionalidad del DNU.

Señaló que el recurso no explicó de qué modo la aplicación de ese decreto les causa una afectación personal, diferenciada de la que, por hipótesis, podría recaer sobre el resto de la población.

Y recordó que para que exista un caso es imprescindible que quien reclama tenga un interés suficientemente directo, concreto y personal —diferenciado del que tienen el resto de los ciudadanos— en el resultado del pleito que propone, de manera que los agravios que se invocan lo afecten de forma 'suficientemente directa' o 'substancial'.

En un argumento similar al que utilizaron en el fallo de La Roja, indicaron que el control encomendado a la justicia sobre las actividades ejecutiva y legislativa requiere que el requisito de la existencia de un ‘caso’ sea observado rigurosamente, no para eludir cuestiones de repercusión pública sino para la trascendente preservación del principio de división de poderes, al excluir al Poder Judicial de una atribución que, como la de expedirse en forma general sobre la constitucionalidad de las normas emitidas por los otros departamentos del gobierno, no le ha sido reconocida.

Finalmente, agregó que los tribunales federales no han sido investidos por la Constitución de la facultad de analizar la constitucionalidad de normas o formular interpretaciones de ellas en abstracto, lo que impide pronunciamientos meramente teóricos o consultivos.

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La Corte rechazó dos planteos contra el mega decreto