El Máximo Tribunal Nacional estableció que la ley 26944 de responsabilidad estatal solo exime al Estado, sus agentes y funcionarios de la aplicación de sanciones pecuniarias disuasivas, pero nada dice acerca de las sanciones conminatorias o astreintes frente al incumplimiento de un mandato judicial por parte del Estado Nacional.

La decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se dio en los autos 'Bernardes, Jorge Alberto c/ENA - Ministerio de Defensa s/amparo por mora de la administración', en donde el actor el había iniciado un amparo por mora contra el Estado Nacional a fin de que este diera respuesta a su reclamo formulado en sede administrativa para que se le abonara el 50% en concepto de viáticos adeudados.

El juez de primera instancia en el mencionado proceso hizo lugar al amparo por mora y ordenó al Ministerio de Defensa de la Nación que diera efectiva respuesta al actor en un plazo de 20 días; vencido el plazo y el de la prórroga otorgada, el magistrado efectuó una última intimación a la demandada para que en 5 días cumpliera con lo ordenado en la resolución anterior. Vencido también el término sin haberse dado respuesta, el juez dispuso el pago de astreintes, fijándolas en $ 100 por cada día de demora injustificada, computables a partir del vencimiento del plazo acordado.

La Cámara de Apelaciones -al resolver la apelación planteada contra la providencia del juez de grado- confirmó la medida, teniendo en cuenta que habían transcurrido cuatro años sin que la Administración cumpliera con su deber de dictar el acto administrativo, pese a las intimaciones cursadas en el transcurso del proceso y de las reiteradas ocasiones en las que el demandante había solicitado que se resolviera la cuestión en sede administrativa, sin obtener respuesta.

La Corte -al tiempo de resolver la impugnación al emplazamiento sobre la ejecución y actualización de las astreintes- hizo lugar al recurso extraordinario y analizó el tema en debate que giró en torno a determinar si la sanción cuyo pago le es exigido al demandado resulta contrario a lo dispuesto en el art. 1 in fine de la Ley de Responsabilidad del Estado, que establece que 'la sanción pecuniaria disuasiva es improcedente contra el Estado, sus agentes y funcionarios', entendiendo que no se subsumen en dicho concepto las medidas emergentes de sanciones conminatorias impuestas por los jueces en ejercicio de su facultad de imperium para hacer cumplir sus sentencias.

Nuestra Máxima instancia judicial entendió que las astreintes importan el ejercicio del poder público estatal a cargo de los magistrados y constituyen un medio para lograr el cumplimiento de las decisiones judiciales y que afirmar lo contrario implicaría privar a los jueces de uno de los instrumentos legalmente conferidos para ejercer su imperium. En tal sentido, la CSJN diferenció nítidamente las astreintes de las medidas disuasivas aludidas en el art. 1 in fine de la ley 26944, que carecen, por su naturaleza y finalidad, de carácter compulsivo.

La corte falla a favor de la aplicación de astreintes a funcionarios públicos