En el marco de la causa 'Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y otro c/EN - ley 26.080 - dto. 816/99 y otros s/proceso de conocimiento', el Máximo Tribunal de la Nación declaró la inconstitucionalidad de los artículos 1° y 5° de la ley 26.080 y la inaplicabilidad del artículo 7° -inciso 3- de la ley 24.937 (texto según ley 26.855), de los artículos 6° y 8° de la ley 26.080, así como de todas las modificaciones efectuadas al sistema de mayorías previsto en la ley 24.937 (texto según ley 24.939).

Y en consecuencia, exhortó al Congreso de la Nación para que en un plazo razonable dicte una ley que organice el Consejo de la Magistratura de la Nación, y a este se le ordena que, dentro del plazo máximo de ciento veinte (120) días corridos contados desde la notificación de la sentencia, disponga lo necesario para la integración del órgano, en los términos de los artículos 2° y 10 de la ley 24.937 (texto según ley 24.939), bajo apercibimiento de que los actos por él dictados serían nulos.

Con el voto unánime de Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, dispuso que la integración a la que volverá si el Congreso no resuelve una nueva, será la derogada en 2006, la 24.937.

Esta norma disponía que el Consejo estuviera formado por el presidente de la Corte; 4 jueces; 8 legisladores (4 por cada cámara, 2 por el oficialismo, 1 por la primera minoría y 1 por la segunda minoría); 4 abogados; 1 representante del Poder Ejecutivo y 2 del sector académico.

La reforma de 2006 dejó al Consejo con la integración actual de 3 jueces, 2 abogados, 4 legisladores de la mayoría, 2 legisladores de la minoría, 1 académico y 1 representante del Poder Ejecutivo.

El origen de la causa

La causa se había iniciado luego de una acción interpuesta por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, para que se declarare la inconstitucionalidad de los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 15, 21, 22 y 23 de la Ley 26.080 que, modificó la ley 24.937 en lo que respecta a la composición y funcionamiento del Consejo de la Magistratura.

El pedido entendía que la norma había alterado el equilibrio representativo al alterar la naturaleza, autonomía funcional e independencia del Consejo de la Magistratura, así como sus competencias institucionales y funcionalidad.

En primera instancia, se rechazó la acción.

Pero la Cámara revocó esa decisión por considerar que se encontraba debidamente invocado y acreditado que la composición establecida por la ley 26.080 vulnera el equilibrio establecido por el artículo 114 de la Constitución Nacional.

Esto se debe a que la ley cuestionada posibilita el ejercicio de un ostensible predominio por parte del estamento político respecto de los restantes sectores representados.

El fallo de la Corte

El máximo tribunal declaró la inconstitucionalidad de los arts. 1° y 5° de la ley 26.080 y la inaplicabilidad del art. 7°, inc. 3°, de la ley 24.937 (texto según ley 26.855), de los arts. 6° y 8° de la ley 26.080, así como de todas las modificaciones efectuadas al sistema de mayorías previsto en la ley 24.937.

Para los cuatro jueces de la Corte, resultó central la intervención del convencional constituyente menemista César Arias, cuando afirmó que 'la idea es lograr una presencia equilibrada, que la designación de los magistrados no sea privativa ni de los legisladores, ni de los miembros del Poder Ejecutivo, ni tampoco de la propia familia judicial'.

Para el máximo tribunal, con la composición actual del cuerpo, no se cumple actualmente ese principio ya que 'hay hegemonía o predominio constitucionalmente vedado si las reglas de integración y funcionamiento del cuerpo arrojan como consecuencia que un estamento pueda imponerse a los otros en las decisiones relevantes'.

'El estamento político cuenta con el número de integrantes suficientes para realizar, por sí, acciones hegemónicas o de predominio sobre los otros tres estamentos técnicos, en clara transgresión al equilibrio que exige el art. 114 de la Constitución Nacional', expresa uno de los considerandos de la sentencia.

Por otro lado, remarcaron que “la administración ha variado constantemente por la intervención de distintos sectores lo que ha motivado la parálisis de obras, el atraso en numerosos proyectos y una crisis de funcionamiento de todo el Poder Judicial”.

“Está claro que siempre hubo un poder de veto, de predominio, de un sector sobre otro, aunque fueron cambiando los roles”, enfatizaron.

Asimismo, indicaron que “es evidente que la ley diseña un sistema parlamentario para funciones que son ejecutivas, lo que ha facilitado este poder de veto o predominio”.

Por otra parte, ordenó al Consejo de la Magistratura que, dentro del plazo máximo de 120 días corridos contados desde la notificación de la sentencia, disponga lo necesario para la integración del órgano. De lo contrario, todos sus actos serán nulos, luego de este tiempo.

Si no se dicta la ley, volverá a regir la integración de 20 miembros, dispuesta por la ley 24.937.

La disidencia parcial de Lorenzetti

En disidencia parcial, el juez Lorenzetti dispuso que: 'si el Congreso no legisla en un plazo razonable (considerandos 15 y 17), esta Corte procederá a implementar la garantía de independencia del Poder Judicial, en los términos de sus propios precedentes. Ínterin, con carácter excepcional, el funcionamiento del Consejo de la Magistratura se regirá por las previsiones de la ley 26.080'.

“En ningún caso se pone en vigencia una ley derogada hace dieciséis años. Es así porque en el sistema argentino, como en el de Estados Unidos, la declaración de inconstitucionalidad no tiene efectos de nulidad. En fin, contradice los principios básicos del derecho, que no pueden ser ignorados por los magistrados”, concluye.

Por otro lado, y al conocer que la Corte podría emitir el fallo, el lunes pasado, el Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de ley para ampliar de 13 a 17 el número de integrantes del Consejo de la Magistratura, con el objetivo de alcanzar una 'representación más equilibrada' en ese cuerpo, además de incorporar cupo por género.

La Corte declaró la inconstitucionalidad la integración actual del Consejo de la Magistratura