El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires envió a la Legislatura un paquete de proyectos de ley destinado a organizar el funcionamiento de la futura Justicia del Trabajo local, adecuar el procedimiento judicial laboral y crear un sistema de conciliación obligatoria previo a la presentación de demandas judiciales.

Las iniciativas forman parte del proceso de transferencia de competencias laborales desde la Nación hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acordado entre ambas jurisdicciones en febrero de 2026. De acuerdo a los fundamentos del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, el objetivo es dotar al distrito de la estructura institucional, procesal y administrativa necesaria para asumir las funciones que actualmente ejerce la Justicia Nacional del Trabajo.

Los proyectos abarcan tres aspectos centrales: la creación de tribunales y fiscalías laborales, la modificación del Código Procesal de la Justicia del Trabajo y la puesta en marcha de un Servicio de Conciliación Laboral Previa y Obligatoria.

Creación de la Justicia del Trabajo de la Ciudad

Uno de los proyectos propone modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad y la Ley Orgánica del Ministerio Público para crear la estructura judicial necesaria para el nuevo fuero laboral.

La iniciativa prevé la conformación de una Cámara de Apelaciones del Trabajo integrada por 30 jueces distribuidos en diez salas de tres magistrados cada una. También contempla la creación de 80 juzgados de primera instancia especializados en materia laboral.

Según el texto, estos tribunales tendrán competencia para intervenir en conflictos individuales y colectivos de trabajo, controversias derivadas de contratos laborales, reclamos vinculados con convenios colectivos, conflictos sindicales y litigios relacionados con accidentes de trabajo y enfermedades profesionales comprendidas en el régimen de riesgos del trabajo.

Asimismo, podrán entender en acciones declarativas y en controversias relacionadas con asociaciones sindicales cuyo ámbito de actuación se encuentre limitado a la Ciudad de Buenos Aires.

La implementación será gradual. En una primera etapa se prevé el funcionamiento de 40 juzgados y una Cámara integrada por 15 jueces distribuidos en cinco salas. Posteriormente, la estructura podrá ampliarse hasta alcanzar la dotación prevista en la ley.

El proyecto también incorpora modificaciones en el Ministerio Público para acompañar el funcionamiento del nuevo fuero. Contempla la creación de dos fiscalías de Cámara y ocho fiscalías de primera instancia. La implementación también será progresiva y comenzará con una cantidad menor de cargos, que podrán ampliarse conforme avance el proceso de transferencia de competencias.

Además, se prevé la incorporación de cargos específicos dentro del Ministerio Público Tutelar para intervenir en procesos laborales en los que puedan encontrarse involucrados derechos de niños, niñas y adolescentes.

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Cambios en el procedimiento laboral

Otro de los proyectos modifica el Código Procesal de la Justicia del Trabajo de la Ciudad con el objetivo de establecer reglas procesales para el nuevo sistema.

Entre los cambios propuestos se encuentra la ampliación de los criterios de competencia territorial. Los tribunales laborales porteños podrán intervenir cuando el trabajo se desarrolle en la Ciudad, cuando allí se haya celebrado el contrato laboral, cuando intervenga una Comisión Médica con asiento en el distrito por cuestiones vinculadas a riesgos del trabajo, cuando el trabajador tenga domicilio real en la Ciudad o cuando el demandado tenga domicilio en territorio porteño.

La incorporación del domicilio del demandado como criterio de competencia constituye una de las novedades del proyecto.

La reforma también incorpora herramientas vinculadas con la digitalización de los procesos judiciales. Por ejemplo, las audiencias podrán realizarse de forma presencial, virtual o mixta, según las condiciones que establezca la reglamentación. Además, deberán ser videograbadas y podrán utilizarse sistemas de identificación digital y firma electrónica.

La iniciativa establece reglas específicas para la convocatoria de audiencias, la comparecencia de las partes y la participación de testigos y peritos.

Además, el proyecto incorpora una audiencia obligatoria de alegatos al finalizar la etapa probatoria.

En esa instancia, el juez deberá convocar a las partes y a sus representantes legales. Antes del dictado de la sentencia se procurará una nueva instancia conciliatoria y, de no alcanzarse un acuerdo, las partes podrán exponer sus argumentos finales respecto de la prueba producida durante el proceso.

La propuesta también habilita al magistrado a requerir aclaraciones de testigos o peritos y a disponer medidas complementarias cuando lo considere necesario para resolver la controversia.

La incomparecencia injustificada a esta audiencia podrá dar lugar a la aplicación de sanciones económicas.

La reforma introduce cambios en la audiencia preliminar y en algunos medios probatorios.

Durante la audiencia preliminar el juez deberá intentar una conciliación inicial y resolver sobre la admisibilidad de la prueba ofrecida por las partes. También podrá rechazar prueba considerada improcedente y fijar la audiencia testimonial.

Respecto de la absolución de posiciones, se establece que solo podrá ser admitida mediante resolución fundada y que deberá acompañarse el correspondiente pliego de posiciones.

La iniciativa incorpora plazos específicos para la resolución de los procesos. Los jueces de primera instancia deberán dictar sentencia dentro de los treinta días posteriores a la audiencia de alegatos o desde que la causa quede en estado de resolver en los casos que no requieran producción de prueba.

Por su parte, las cámaras de apelaciones deberán resolver dentro de los treinta días desde que el expediente quede en condiciones de sentencia.

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Creación del Servicio de Conciliación Laboral Previa y Obligatoria

El tercer proyecto propone la creación del Servicio de Conciliación Laboral Previa y Obligatoria de la Ciudad de Buenos Aires.

El organismo funcionará bajo la órbita de la Autoridad Administrativa del Trabajo y tendrá intervención obligatoria previa a toda acción judicial en conflictos individuales y pluriindividuales de trabajo que correspondan a la competencia de la futura Justicia laboral porteña.

La propuesta prevé que el procedimiento sea gratuito para los trabajadores y que pueda iniciarse con patrocinio letrado, por presentación directa, mediante apoderados o a través de representantes sindicales.

La presentación del reclamo suspenderá el curso de la prescripción de las acciones judiciales durante seis meses.

El proyecto crea un Registro de Conciliadores Laborales de la Ciudad de Buenos Aires.

Para integrar ese registro será necesario contar con título de abogado, matrícula activa en el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, antecedentes en derecho laboral y experiencia o capacitación en conciliación, arbitraje o métodos alternativos de resolución de conflictos.

La iniciativa contempla sanciones para los casos de incomparecencia injustificada a las audiencias.

La parte que no concurra deberá justificar su ausencia dentro de las cuarenta y ocho horas. De lo contrario, podrá aplicarse una multa equivalente al cien por ciento del honorario básico correspondiente al conciliador.

La propuesta también regula mecanismos de ratificación de acuerdos espontáneos celebrados directamente entre trabajadores y empleadores y contempla la posibilidad de recurrir al arbitraje voluntario cuando las partes así lo acuerden.

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