Tras la reciente publicación de la Ley 27.802 en el Boletín Oficial, la Confederación General del Trabajo (CGT) ha formalizado su rechazo en sede judicial. La central obrera presentó una acción de amparo ante el Juzgado Contencioso número 7, a cargo de Enrique Lavié Pico, solicitando frenar la aplicación de ley, en especial de los artículos 90 y 91 de la Ley de Modernización Laboral, que refieren al traspaso del fuero laboral de la Capital a la Justicia porteña.

Esta presentación marca el inicio de un previsible escenario de litigiosidad que habremos de seguir de cerca para evaluar la evolución de los nuevos institutos.

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Los fundamentos del reclamo

El planteo judicial de la CGT no se centra únicamente en la oportunidad de la reforma, sino en vicios de constitucionalidad que, según su criterio, vulneran el ordenamiento jurídico vigente. Los ejes principales del amparo son:
• Afectación del Principio de Progresividad: Se argumenta que la Ley 27.802 constituye una medida regresiva que perfora el 'piso de marcha' de los derechos laborales protegidos por el Art. 14 bis de la Constitución Nacional y tratados internacionales.
• Alteración de la Irrenunciabilidad: La presentación cuestiona las cláusulas que permiten la libre disponibilidad de ciertos derechos por acuerdos individuales, sosteniendo que violentan el Art. 12 de la LCT.

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El pedido de medida cautelar: 'Peligro en la demora'

Para evitar que la aplicación de la ley genere 'daños de imposible reparación ulterior', la central obrera ha solicitado una medida cautelar de no innovar.

El objetivo es que la Justicia ordene la suspensión de la vigencia de los artículos más sensibles (como el nuevo sistema de indemnizaciones) hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo sobre su constitucionalidad.

Conclusión

La presentación de la CGT traslada la discusión de la reforma desde el ámbito legislativo al judicial. Es probable que con el transcurso de los días existan más presentaciones y oportunamente fallos contradictorios entre diferentes Juzgados, lo que hará que el objetivo de bajar la litigiosidad difícilmente sea alcanzado en el corto plazo.

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