La Sala E de la Cámara Comercial dictó sentencia en los autos 'Inspección General de Justicia c/ Viejo Roble S.A. s/ Organismos Externos', donde la controversia se centró en delimitar los verdaderos alcances del artículo 299, inciso 2, de la Ley General de Sociedades (LGS) frente a las facultades reglamentarias del Poder Ejecutivo.

El origen del conflicto: ¿piso o Techo?

Todo comenzó cuando la firma Viejo Roble S.A. solicitó ante la IGJ la inscripción de las autoridades designadas en su Asamblea Ordinaria.

Al analizar el trámite, el organismo advirtió que la sociedad venía de registrar un aumento de capital social que lo posicionaba exactamente en $2.000.000.000.

Este monto coincide con el valor base establecido por la Resolución 10/2024 del Ministerio de Justicia de la Nación para la aplicación del control estatal permanente.

Bajo este argumento, el organismo intimó a la empresa a presentar el 'Formulario M', propio de las sociedades sujetas a fiscalización permanente.

La sociedad apeló la medida alegando que la Inspección General de Justicia interpretó la norma de manera arbitraria.

Explicó que incrementó su capital a ese monto específico bajo la premisa de que funcionaba como un límite máximo permitido para mantenerse bajo el régimen de fiscalización estatal limitada (previsto en el art. 300 de la LGS).

Según la recurrente, la reglamentación del Ministerio desvirtuó la ley al transformar un 'techo' (un capital superior a...) en un 'piso' (un capital igual o superior a...).

El análisis de la Cámara

Los magistrados de la Sala E comenzaron recordando que la fiscalización estatal permanente es un régimen de excepción.

La regla general para las sociedades anónimas es la fiscalización limitada. Al desmenuzar las normas en juego, el tribunal expuso una contradicción evidente: el art. 299, inc. 2 de la LGS dispone textualmente que se someterán a control permanente las sociedades que 'tengan capital social superior a...'.

La resolución 10/2024 del Ministerio de Justicia fijó el monto actualizado en $2.000.000.000, pero estableció que el control aplica 'a partir del cual' las sociedades alcancen esa cifra, convirtiéndola en un piso.

El principio de jerarquía normativa y la 'última ratio'

El tribunal acudió a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia sobre el artículo 99, inciso 2, de la Constitución Nacional.

El Poder Ejecutivo tiene la facultad de expedir reglamentos para ejecutar las leyes, pero tiene el límite infranqueable de no alterar su espíritu.

No obstante, en lugar de declarar la inconstitucionalidad de la resolución ministerial - mecanismo que debe ser la última ratio del ordenamiento jurídico -, la Cámara optó por realizar una interpretación armónica.

Así, determinó que la resolución 10/2024 cumplió legítimamente con su función delegada de actualizar el valor económico, pero que no puede modificar el presupuesto legal de procedencia.

Criterio judicial

La suma de $2.000.000.000 debe entenderse estrictamente como un umbral. El control permanente solo se activa cuando el capital de la sociedad exceda (supere) ese monto.

Como el capital social de Viejo Roble S.A. igualaba pero no superaba los $2.000.000.000, la Cámara resolvió revocar la disposición de la IGJ y declarar a la firma exenta de la fiscalización permanente.

Las costas fueron fijadas por el orden causado debido a las particularidades técnicas del debate. Este precedente es fundamental para los profesionales del derecho corporativo y las ciencias económicas: al planificar aumentos de capital, el límite exacto fijado por el Ministerio de Justicia funciona como zona segura.

La fiscalización permanente requiere, indefectiblemente, que el capital sea mayor a un centavo por encima de dicha cifra.

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