La Sala C de la Cámara Nacional Comercial, en los autos “Torres, Maximiliano Claudio s/quiebra”, confirmó la decisión adoptada en primera instancia, rechazando el recurso de apelación presentado por el fallido, que solicitaba la inconstitucionalidad del artículo 233 de la Ley de Concursos y Quiebras (LCQ). Este artículo establece la presunción de fraude y la consecuente remisión de las actuaciones a la justicia penal cuando se declara la clausura del procedimiento por falta de activo suficiente para cubrir los gastos del juicio (Art. 232 LCQ).

La presunción legal de fraude en la quiebra

La defensa del fallido argumentó que la presunción contenida en el Art. 233 LCQ vulneraba garantías constitucionales. Sin embargo, el Tribunal Comercial desestimó este planteo con los siguientes argumentos:

Fundamento Objetivo: la presunción legal de fraude se basa en la situación objetiva de falta de activo, un dato que el propio apelante admitió, señalando que la clausura debió decretarse hace tiempo debido a la inexistencia de bienes.
No es presunción de culpabilidad penal: la Cámara, citando doctrina legal, enfatizó que la presunción de fraude del Art. 233 LCQ no debe interpretarse como una presunción de culpabilidad del tipo penal. La remisión al fuero penal es una medida que busca la investigación acerca de la posible comisión del delito de fraude, y es allí donde 'cobrarán relevancia y virtualidad las garantías constitucionales de debido proceso y presunción de inocencia'.
Irrelevancia de los acreedores: el número de acreedores admitidos no influye en la operatividad de la norma, ya que la ley se apoya en el dato objetivo de la falta de activo.

Confirmación de Costas a Cargo del Fallido

Adicionalmente, la Cámara confirmó que las costas de la incidencia (y las de Alzada) deben estar a cargo del fallido, es decir, de la parte vencida.

Este principio procesal (Art. 68 Código Procesal) solo puede ser excepcionalmente dejado de lado si el juez encuentra mérito para eximir al litigante vencido. El Tribunal consideró que la sola alegación de haberse creído con derecho a litigar no es suficiente para justificar una excepción, ya que la causal de eximición requiere características peculiares y dificultades del asunto que avalen la razón de litigar.

Conclusión

Esta decisión sienta un precedente importante en el ámbito concursal, reafirmando que la clausura de la quiebra por inexistencia de activo conlleva la obligación de informar a la justicia penal sin que esto signifique un prejuzgamiento sobre la culpabilidad del fallido.

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La Cámara Comercial desestimó el planteo de inconstitucionalidad del Art. 233 LCQ