Por: Julián A. De Diego

I - Introducción

La determinación de los procedimientos y mecanismos de actualización monetaria fue considerada como una atribución local dentro de las facultades no delegadas por las Provincias en la Nación.

Por lo tanto, cada Provincia tiene la facultad a través de sus Tribunales competentes el poder de determinar su propio sistema, y con ello también, determinar los mecanismos de actualización monetaria frente a la inflación y el régimen de intereses.

La inflación tendiendo a cero, disminuyendo en forma periódica, está generando todo tipo de controversias y tensiones, por varias razones.

La más relevante proviene de la baja confiabilidad del IPC del INDEC a través de las diversas gestiones de gobierno en las que se sospecha de la manipulación de los índices.

Cuando estos índices se proyectan sobre lapsos prolongados, en su mayoría con causas judiciales anteriores a las restricciones del 20/3/2020 con la pandemia del COVID-19, reclamos generados, por ejemplo, con un despido de un trabajador con cinco años de antigüedad, conforme a los índices de actualización acumulativos utilizados por la justicia laboral -anatosismo- generaban condenas de ciento cincuenta (150) a trescientos (300) salarios, que no solo eran injustos y desproporcionados, sino que, además, se transformaban en confiscatorios, violando entre otros el derecho de propiedad, y generando la intervención de la Corte Suprema a través de su tradicional doctrina de la arbitrariedad.

Entre los elementos que potenciaban estos reclamos debemos contemplar, además, las multas previstas en diversas normas, que fueron creadas para combatir el trabajo no registrado, y fracasaron en forma rotunda. En efecto, las multas no cumplieron con su función, al punto de que el trabajo no registrado que hacia 1991 (año de la Ley Nacional de Empleo 24013) pasaron del 22% a casi el 50% en la actualidad. A la vez, estas multas o recargos estallaron dentro de los juicios laborales potenciando el monto de los reclamos.

Como resulta, obvio suponer, cuando la condena se aplicaba con estos montos desproporcionados en empresas de menos de ochenta (80) trabajadores, la imposibilidad de pagarlo configuraba el cierre de la PyME y al trabajador la frustración de no poder cobrar.

Como la arbitrariedad no la puede asumir el Tribunal ante el cual se opera el recurso, porque implicaría tácitamente un reconocimiento de lo alegado, el recurso extraordinario es denegado y las empresas han debido concurrir ante el más Alto Tribunal en queja, de modo tal, que el trámite no llegaba a impedir embargos, pedidos de quiebra y ejecuciones, mientras el recurso no estaba admitido ni resuelto.

Con ello se ha generado un escenario caótico, que comenzó a reordenarse con la Reforma Laboral aprobada por la Ley de Bases 27742, que entre otros temas relevantes derogó todas las multas que potenciaban los montos y las indemnizaciones en los juicios laborales en general.

Con ello se ha producido ahora un fenómeno que para simplificarlo lo dividiremos en lo que se llama el stock y el flujo, siendo el primero el proveniente de los juicios laborales previos a la reforma aludida, y el segundo, a los juicios posteriores a dicha norma.

A su vez, las multas generadas antes de su derogación han sido cuestionadas en forma retroactiva, dado que, si las mismas son anteriores a la Ley de Bases 27742, y configuran una sanción correccional (o sea de naturaleza penal) hay sentencias en distintas Provincias que aplican el principio de la ley más benigna, y por ende, como ella es la derogación, se considera que dichos reclamos carecen de fundamento.

También se ha sostenido que una norma derogada al momento de dictar sentencia debe alcanzar las situaciones no resueltas y/o pendientes.

Además:

II - La jurisprudencia de la Corte Suprema sobre arbitrariedad

III - La competencia para entender las apelaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

IV - Nuevos criterios anti-indexatorios

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