Introducción

El Poder Judicial de la Nación dictó sentencia definitiva en los autos 'V., C. H. c/ Transportadora de Caudales Juncadella SA s/ Despido'.

El eje central del debate consistió en determinar si la extinción del contrato de trabajo bajo la modalidad de mutuo acuerdo fue un acto voluntario o si, por el contrario, se trató de una maniobra para dar apariencia de legalidad a un despido arbitrario.

Los hechos

El 29 de octubre de 2020, las partes suscribieron un acta notarial para finalizar el vínculo laboral, pactando una 'gratificación extraordinaria por cese voluntario' de $3.300.000.

Sin embargo, el análisis de la prueba arrojó los siguientes puntos:

Contexto de emergencia: la firma del acuerdo ocurrió durante la pandemia, período en el cual regía la prohibición de despidos.
Ausencia de negociación: las declaraciones testimoniales indicaron que las condiciones fueron fijadas unilateralmente por la empleadora, sin margen de negociación para el trabajador ni asistencia letrada previa.
Imputación de rubros: las cláusulas del acuerdo establecían que la gratificación se imputaría a conceptos indemnizatorios como antigüedad y preaviso, coincidiendo el monto con la liquidación por despido incausado.
Reducción masiva de personal: la pericia contable acreditó que, entre mayo y diciembre de 2020, la empresa dio de baja a más de 350 empleados bajo esta misma modalidad.

¿Qué resolvió la Cámara?

La Sala II basó su decisión en el análisis de la realidad fáctica sobre las formas instrumentales:

Invalidez del mutuo acuerdo

El tribunal sostuvo que la existencia de una escritura pública no impide cuestionar la validez del consentimiento si se prueba que el trabajador arribó al acuerdo sin discernimiento o libertad.

Se determinó que medió un vicio de la voluntad, pues la rescisión fue una imposición de la sociedad accionada que no reflejaba la intención real del actor.

Indemnizaciones y multas

Al invalidarse la figura del mutuo acuerdo, se reconoció el derecho a percibir:

Indemnizaciones tarifadas: antigüedad, preaviso e integración del mes de despido.
Agravamientos legales: el incremento del art. 2 de la Ley 25.323 y la duplicación por emergencia ocupacional del Dec. 34/19.
Criterio de cálculo: se aplicó el precedente 'Vizzoti', declarando la inconstitucionalidad del tope del convenio colectivo por considerarlo confiscatorio en este caso particular.

Actualización del crédito

Se dispuso que el saldo pendiente ($1.469.668,52) se actualice mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC), adicionando un interés puro del 3% anual desde que cada rubro fue exigible.

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