La sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, por mayoría, hizo lugar a un recurso de apelación y concedió la legitimación activa a una ex legisladora y a un grupo de profesionales de la salud para solicitar la declaración de inconstitucionalidad contra la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

En el caso “F. V., M. C. y otros c/Ministro de Salud de la Nación s/acción meramente declarativa de inconstitucionalidad”, el Juzgado Federal de Garantías N°2 de Salta había declarado la improcedencia formal de la acción porque los solicitantes carecían de la calidad de sujetos “legitimados activos”, por no concurrencia de “causa o controversia”.

La jueza de primera instancia señaló que los actores invocaron la calidad de ciudadanos para actuar en “el interés general de representar al niño por nacer” y que dicho extremo no importaba un perjuicio concreto e individual respecto de aquellos que configuran los requisitos de “causa o controversia”. Y remarcó que la representación invocada por los actores resultaba “general, abstracta e insuficiente”.

La parte actora apeló y señaló que sufrió un gravamen irreparable porque el rechazo in limine e in totum de sus pretensiones, impedía, en forma definitiva, con efecto de cosa juzgada formal y material, la continuación del desarrollo de las etapas del proceso de modo de obtener una sentencia.

Por mayoría, la Cámara Federal entendió que la legitimación amplia que prevé la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para la tutela de esos sujetos alcanza a la defensa de los derechos del 'niño por nacer'.

El juez Guillermo Elías analizó la ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y afirmó que 'la legitimación procesal reconocida a todo ciudadano para accionar en defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, abarca también a las personas por nacer”. También consideró que “la interpretación acerca de la legitimación de los demandantes exige admitir una posición amplia que no obstruya irrazonablemente el acceso a la jurisdicción mediante interpretaciones excesivamente formalistas y restrictivas”.

Advirtió, además, que las actuaciones constituyen una situación “excepcionalísima” a otros casos, diferente “por cuanto el daño directo y concreto que se exige en ellos a los fines de tener por acreditada la existencia de un 'caso o controversia' amén de no estar previsto en la ley 26.061, recae en sujetos que no pueden actuar por sí mismos y su principal representante legal -madre o persona gestante- tiene intereses contrapuestos con aquellos”.

“En efecto, en este caso particular negar la legitimación invocada por considerar que no existe 'caso o controversia' y que la acción de inconstitucionalidad debe efectuarse ante cada caso de aborto en particular, implicaría requerir una exigencia soslayada por el legislador como obstaculizar el acceso a la justicia y el derecho de defensa de un número indeterminado de personas por nacer que, como se vio, no solo revisten el carácter de sujetos de derechos, sino que requieren de una protección especial”, añadió en su voto.

El camarista Alejandro Augusto Castellanos, en su voto, propuso también “habilitar la intervención del defensor de menores e incapaces, a efectos de que dictamine sobre la pertinencia de su eventual intervención y, en su caso, el carácter que podría llegar a asumir en el pleito”.

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El voto de la minoría

En tanto, la jueza Mariana Catalano, que firmó en la minoría, explicó que “la acción declarativa de inconstitucionalidad constituye un fenómeno particular en el orden federal, dentro del sistema de control de constitucionalidad argentino”.

Y advirtió que la acción promovida era de índole colectiva, que como tal no existe en nuestro derecho, operando los arts. 322 del CPCCN y 43 de la CN como carriles insoslayables.

“Así, por el modo en que viene planteada, su admisión tendría un efecto abrogatorio de las normas impugnadas, que perderán vigencia general, de aquí en más, para toda la República. A diferencia de lo que acontece con el control de constitucionalidad inter partes, propio de nuestro modelo, tomado de la constitución norteamericana (art. 116 y ccdtes. CN), donde la consecuencia del acogimiento se circunscribe a la inaplicabilidad del precepto en el singular supuesto en que se lo reclama”, agregó.

“La función jurisdiccional atribuida al Estado, que comprende en nuestro país el control constitucional y que es ejercida exclusivamente por el Poder Judicial, debe llevarse a cabo, como se dijo, de conformidad con los actuales arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional, dentro de la denominada “causa” o “caso” judicial”, remarcó la magistrada.

De ello, enfatizó, resulta que el Poder Judicial no puede actuar fuera de ese marco porque, de lo contrario, desbordaría los límites de competencia que le han sido atribuidos por la Ley Fundamental.

Desde ese punto de vista, señaló que “de los tres sujetos contemplados por el art. 43 de la Constitución Nacional, el único que reviste el carácter de titular de un derecho es el afectado (primer párrafo), puesto que los restantes postulantes se configuran exclusivamente como representantes del grupo dañado (segundo párrafo)”.

“Y está fuera de discusión que los aquí demandantes no se subsumen en ninguna de las dos últimas categorías, porque no se trata de una Asociación que propenda a fines vinculados con el objeto de la pretensión, ni del Defensor del Pueblo”, entendió la jueza Catalano.

“Así, ceñidos al primer supuesto de legitimación constitucional; que es el que corresponde examinar como consecuencia del vehículo procesal escogido por la propia interesada; se advierte que la calidad de afectado es insuficiente, como también lo es que el nexo o relación entre la afectación y la persona que se dice perjudicada sea indirecta. La afección debe ser clara y directa, de fácil comprobación”, indicó la jueza en su voto.

Luego de señalar distintos precedentes de la Corte Suprema, indicó que “semejante apertura de la legitimación debe impactar necesariamente en los efectos: si cualquiera del pueblo puede plantear una acción colectiva, ergo, sus resultados debieran ser operativos para cualquiera del pueblo también. Esto deriva, ni más ni menos, que en una acción popular que no está prevista en nuestro sistema constitucional”.

Y concluyó señalando que “surge palmario que la sola referencia a la jerarquía constitucional del derecho que los accionantes invocan resulta exiguo para tener por demostrado un caso concreto y un interés jurídico preciso que justifique su legitimación activa”.

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Apelación ante la Corte Suprema

La directora ejecutiva de Amnistía Internacional en la Argentina, Mariela Belski, indicó que la organización internacional de derechos humanos presentará un recurso extraordinario federal para que el caso sea resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

'Hasta el momento, el Poder Judicial había rechazado consistentemente casi todas las causas entendiendo que quienes se presentan lo hacen bajo una figura jurídica que no tiene respaldo legal como es la representación colectiva de las personas por nacer', indicó Belski.

En este sentido, consignó que 'esta demanda contra el Estado nacional pide, como las que ya fueron rechazadas por inadmisibles, que se declare inconstitucional la Ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo', y advirtió que 'bajo esa figura se pretende reeditar en el Poder Judicial el debate que ya se resolvió en el Congreso'.

En este sentido, sostuvo que 'la posibilidad de que cualquier ciudadano pueda representar al colectivo de personas por nacer en contra de los derechos de las mujeres es contraria a la Constitución Nacional porque viola el derecho de las mujeres a tomar decisiones autónomas sobre su propio cuerpo, como así también el principio de división de poderes'.

Posiciones encontradas

En el artículo “La ley de IVE y aborto no punible en Argentina. Adecuación normativa a los mandatos internacionales. Principales reformas”, publicado en Temas de Derecho Penal y Procesal Penal, Alejandro J. Osio consideró que “la ley 27610, que regula la interrupción voluntaria del embarazo, despenaliza el aborto por plazos y causales, y dispone medidas adyacentes a todo ello, lo que implica la adecuación de la normativa interna argentina a la mayoría de los mandatos del derecho internacional de los derechos humanos, más allá de que tales mandatos no sean compartidos por muchas personas en nuestro país, pero lo cierto es que los organismos internacionales de derechos humanos que interpretan de manera válida las normas de superior jerarquía en nuestro estado de derecho así lo han expuesto, incluso uno de ellos en el ámbito del debate de la ley en ambas Cámaras”.

“Se trata de mandatos de obligatorio cumplimiento y que, pese a que existan numerosas resistencias, es necesario recordar que el reconocimiento y la garantía de derechos humanos no se pueden plebiscitar; por lo tanto, no están sujetos a que la mayoría decida o comparta su aseguramiento”, agregó.

En tanto, en el artículo 'Inconstitucionalidad de la Ley 27610”, publicado en Temas de Derecho Penal y Procesal Penal, Manuel J. García Mansilla remarcó que “las disposiciones de la ley 27610 contradicen, como mínimo, la letra expresa de normas que en nuestro ordenamiento jurídico tienen una jerarquía superior a ella”.

“A partir de esa perspectiva, y más allá del resultado que podrían tener los litigios individuales que se generen luego de su entrada en vigencia, el Congreso debería revisarla y derogarla debido a su inconstitucionalidad”, agregó.

Y consideró que la mayoría en el Congreso “no solo obró de forma inconstitucional, sino que abrió la puerta para muchísimas discusiones y planteos judiciales que obligarán, seguramente, a revisar nuevamente una cuestión en la que aún no se ha dicho la última palabra”.

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El voto de la minoría

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Apelación ante la Corte Suprema

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INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO

IVE: conceden legitimación para solicitar la inconstitucionalidad