Por Lucía Mercedes Catuogno (1)

I - Introducción

Es viable sostener que en los últimos años se han dado grandes pasos en materia de igualdad de género en nuestro país, al menos en materia legal. En particular, los movimientos LGTBI+ ejercieron diversas acciones tendientes a develar la histórica desigualdad que las travestis, trans y personas con identidades de género diversas padecen en los ámbitos económicos, sociales y culturales en la Argentina, y exigieron legislación y políticas públicas para revertirla.

En este contexto, el servicio de justicia ha sido señalado como una matriz de desigualdades, que produce y reproduce prejuicios y estereotipos acerca de las personas LGTBI+ que tornan al escenario judicial francamente adverso. Dicha hostilidad se ve recrudecida cuando se entrelazan con otras vulnerabilidades que transforman a la pretendida igualdad de armas en el proceso en un mero enunciado formal.

II - La decisión de la Sala de Turno de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional

El 10/3/2020, la Sala de Turno de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional decidió apartar a los jueces Luis M. Rizzi y Javier Anzoátegui, integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 8 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del proceso llevado a cabo en dicho Tribunal contra L. A. D.

El pedido fue incoado por la defensora particular de Díaz, Luciana Sánchez, quien sostuvo que respecto de Rizzi y Anzoátegui existía un fundado temor de parcialidad habida cuenta de la negativa de utilizar la perspectiva de género, a la cual le llaman “ideología”. Según consta en la resolución, para dar fundamento a sus dichos, Sánchez presentó extractos de sus votos en las causas “Solís Chambi”, “Benítez”, “González Moreno” y “Sánchez Pereira”, dos notas periodísticas en las que los jueces habían sido entrevistados y otras que daban cuenta de la repercusión que tuvo la anulación del fallo “Solís Chambi”.

Asimismo, Sánchez afirmó que la imputada es una mujer trans y trabajadora sexual, extremos que son relevantes para la acusación y la teoría del caso, por lo que la perspectiva de género se torna un elemento relevante para su juzgamiento.

Como se ha adelantado, la Cámara atendió el planteo efectuado por Sánchez y decidió apartar a ambos jueces sobre la base de varios extremos.

Afirman que designar a la perspectiva de género como “ideología de género” es un enfoque tergiversado, y que aplicar esta herramienta analítica es una obligación derivada de la ratificación por parte del Estado Argentino de los instrumentos internacionales de derechos humanos, como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (OEA - 1994) y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (ONU - 1979).

III - La obligación estatal de juzgar con perspectiva de género

El derecho a la igualdad y a la no discriminación está reconocido en nuestra Constitución Nacional y en los tratados internacionales de derechos humanos que el Estado Argentino ha suscripto e incorporado al ordenamiento mediante el artículo 75, inciso 22), de la Constitución Nacional (art. 16, CN; art. 1, DUDH, y arts. 1.1 y 24, CADH). Sin embargo, en el plano material, persisten ciertas prácticas que, invisibilizadas por el velo de la igualdad formal, impiden o al menos dificultan el goce de derechos reconocidos tanto a nivel nacional como internacional. Así, la igualdad de trato oculta que ciertos sectores de la población se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad por hallarse sometidos a diversas formas de discriminación y violencia.

En el proceso penal, la perspectiva de género nos permitió visualizar, entre otras cosas, que entender la violencia doméstica como un problema privado deja a las mujeres sometidas a su agresor; que existe un sesgo discriminatorio a la hora de valorar la palabra de las mujeres y que no es exigible una conducta determinada por parte de las víctimas de violencia sexual que le otorgue credibilidad a su relato. Además, exhibió los estereotipos sobre las mujeres imputadas y cómo influyen en las sentencias, y que, en no pocas ocasiones, aquellos casos juzgados como homicidio agravado por el vínculo, en realidad, estaban amparados por la figura de legítima defensa por haber sido cometidos en contexto de violencia de género. Estos son algunos de los ejemplos que la mirada con lentes de género ha tenido en los procesos judiciales, que indican que lejos de encontrarnos ante un conjunto de creencias, es un instrumento que permitió desentrañar los mecanismos que sostienen la violencia y la discriminación.

Por otro lado, podríamos agregar que la inclusión de dicha perspectiva y de toda otra mirada que incorpore voces alternativas es sumamente necesaria, dado que en la gran mayoría de los casos las personas encargadas de decidir se encuentran extremadamente alejadas en términos sociales y económicos de aquellas sobre cuyos destinos resuelven, especialmente en nuestra región, donde existen marcadas desigualdades entre sectores sociales. Ello, sumado a la selectividad del poder punitivo que recae sobre los más vulnerables, hace que la noción de sujetos libres e iguales deba ser matizada con una mirada que abarque aquellas dimensiones materiales.

IV - La identidad de género en el derecho argentino y en el ámbito internacional de los derechos humanos

Como producto de la lucha de los movimientos LGTBI+, en nuestro país se han sancionado varias leyes que reconocen y garantizan sus derechos. Entre las más importantes, se destacan: la ley de matrimonio igualitario (L. 26618), que establece que el matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos entre personas de igual o diferente sexo; la ley de salud mental (L. 26657), que prohíbe el diagnóstico sobre la base de elección o identidad sexual, y la ley de femicidio y crímenes de odio (L. 26791), que modifica el artículo 80 del Código Penal incorporando expresamente como agravante cuando el homicidio lo fuera sobre la base de la orientación sexual, identidad de género o su expresión.

Sin embargo, la norma más importante, y que marcó un hito incluso a nivel mundial, es la ley de identidad de género (L. 26743), la cual reconoce que la identidad de género es un derecho y excluye a cualquier autoridad médica, administrativa o judicial para determinar el género de las personas. En particular, establece que la identidad de género es la vivencia interna e individual, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado en el momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. También expresa que el género puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido, y también incluye expresiones de género como la vestimenta, el modo de hablar y los modales (arts. 1 y 2). Por otro lado, en su artículo 12, la ley sostiene que debe respetarse la identidad de género adoptada por las personas, tanto en los ámbitos públicos como privados.

V - Imparcialidad y perspectiva de género

Lo novedoso del planteo esgrimido en la resolución comentada va en esta dirección. Por un lado, se ha utilizado un instituto como el de recusación para introducir la idea de que la mirada de género permite hacer ostensible una serie de violencias y desigualdades ocultas bajo la noción de igualdad formal, pero que es altamente relevante para el análisis del caso. Por otro lado, se advierte que no es posible presumir la imparcialidad de un tribunal cuando sus integrantes no respetan la identidad de género de la persona sobre la cual deben resolver.

VI - Reflexiones finales

El pronunciamiento de la Cámara de Casación en lo Criminal y Correccional nos permite pensar en una nueva interpretación de la garantía de imparcialidad en línea con el desarrollo que los derechos de las mujeres y personas travestis, trans y de identidad de género diverso han tenido en nuestro país. Es que si dicha garantía se ve afectada cuando el juez tiene una relación de amistad o enemistad con alguna de las partes del proceso, nos preguntamos cuál era la expectativa que L. tendría sobre un tribunal que negaba su identidad de género y que se resistía a aplicar una herramienta que permitiría que, en la valoración de sucesos que se le imputa, se incluyan las simultáneas exclusiones que padece. En este caso, los prejuicios pueden no ser personales, pero sí empañan una visión completa del panorama sobre el cual se debe decidir.

En fin, la resolución analizada es de gran valor porque representa un puntapié para evaluar la utilización de estrategias legales tendientes a eliminar sesgos discriminatorios en los procesos penales mediante la reinterpretación de institutos jurídicos tradicionales, en sintonía con los derechos de las mujeres y las personas LGTBI+.

Este contenido, que forma parte de la publicación Temas de Derecho Penal y Procesal Penal, dirigida por los doctores Mariano H. Borinsky y Daniel Schurjin Almenar, es exclusivo para suscriptores de Erreius. Podés ingresar al artículo completo haciendo clic acá.

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(1) Abogada (UBA), especialista en Derecho Penal (posgrado UBA). Magíster en Estudios Indisciplinares de Género (Universidad Autónoma de Madrid) y docente de la cátedra Alejandro Slokar de Elementos de Derecho Penal y Procesal Penal (UBA).

Juzgar con perspectiva de género