La Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial del departamento de Azul, provincia de Buenos Aires, dispuso que en la liquidación de alimentos adeudados corresponde incrementar en un 50% la tasa aplicable para el cálculo de los intereses moratorios propiamente dichos.

En el caso “D., K. E. c/ M., V. M. s/ ejecución de sentencia (Inc. Art. 250 del CPCC)”, la actora se agravió porque la jueza de primera instancia se negó a aplicar astreintes por los incumplimientos del alimentante. Destacó que, en realidad, ella solicitó que se aplique la tasa adicional de interés prevista por el art. 552, segundo párrafo, del Código Civil y Comercial.

En su apelación explicó que “si bien no cualquier mora en el cumplimiento habilitaría la aplicación de la tasa adicional, debe valorarse que el obligado incumplió en forma permanente, deliberada y continua con la cuota oportunamente fijada en beneficio de su nieta desde el año 2016 hasta la actualidad, aun cuando cuenta con los medios económicos para hacerlo en tiempo y forma”.

“Esta conducta sostenida en el tiempo convierte al demandado en un deudor consuetudinario y recalcitrante en el cumplimiento de su obligación alimentaria, tornando en consecuencia operativa la aplicación de la tasa adicional prevista en el art. 552 del Código referido”, manifestó la actora en su recurso.

En ese sentido, agregó que “dicha disposición se complementa con el art. 553 del mismo cuerpo legal, lo que estructura un marco normativo punitorio del incumplimiento alimentario, el que ineludiblemente debe ser observado por el juez interviniente pues se trata de un mandato legal imperativo, debiendo preservarse el legítimo derecho de los asistidos sin crear condiciones de comodidad a los incumplientes”.

Los jueces Yamila Carrasco, Lucrecia Comparato y Esteban Louge Emiliozzi explicaron que, conforme lo dispone el ordenamiento jurídico vigente, “las cuotas de alimentos adeudadas devengarán intereses moratorios desde la fecha en que cada una de ellas debió haber sido abonada, conforme el plazo fijado para el pago de las mismas en la sentencia o el convenio, principio este que tiende a preservar la integridad de los pagos incumplidos”.

Y remarcaron que la finalidad primordial de las distintas medidas de coerción previstas por el ordenamiento legal resultan ser “la protección del alimentado, a fin de obtener la satisfacción real y efectiva de sus necesidades asistenciales y evitar que la sentencia que condena al pago de los alimentos sea desoída por el obligado, quien en todo caso deberá maximizar sus esfuerzos en procura del cumplimiento de la obligación para con sus descendientes”.

“Y ello así por entender que, frente a los derechos que en esta materia se hallan en pugna, debe prevalecer la tutela de los intereses del niño, niña o adolescente por sobre los de sus progenitores y demás ascendientes “, explicaron.

“De este modo, se procura dotar a los procesos alimentarios de una mayor eficacia, entendiendo que uno de los postulados sobre los que reposa la garantía constitucional de tutela judicial efectiva es justamente el efectivo cumplimiento de la sentencia de condena, pues de lo contrario el reconocimiento del derecho resultaría meramente formal”, explicaron.

Con la situación referida a la tasa de interés aplicable, explicaron que ella se vio profundamente impactada por la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación, pues dicho cuerpo legal aborda expresamente en su art. 552 la cuestión relativa a la tasa de interés aplicable a las sumas debidas por alimentos ante su incumplimiento en el plazo previsto, disponiendo que las mismas “…devengan una tasa de interés equivalente a la más alta que cobran los bancos a sus clientes, según las reglamentaciones del Banco Central, a la que se adiciona la que el juez fije según las circunstancias del caso”.

E indicaron que esta solución ha sido calificada por la doctrina como de “estricta justicia”, en tanto “durante el tiempo que persistió el incumplimiento el deudor ha hecho uso del dinero en beneficio propio y probablemente el acreedor alimentario ha tenido que recurrir a préstamos para satisfacer sus necesidades asistenciales -cuya tasa de interés es la tasa activa- o pagar recargos por la demora en el cumplimiento de sus obligaciones”.

“La fijación de la tasa adicional de interés resulta viable cuando se acredite que el alimentante ha incurrido en incumplimientos reiterados de la obligación a su cargo, o frente a la conducta maliciosa o temeraria del demandado durante el trámite de ejecución de la cuota oportunamente fijada con carácter definitivo o provisorio -tal como acontecería si el ejecutado negase la deuda a su cargo, a pesar de encontrarse acreditado el incumplimiento del pago- de manera que funcionan como intereses sancionatorios o punitorios, cuya función consiste en sancionar la inconducta procesal del deudor”, agregaron.

En el caso en concreto, tuvieron en cuenta que el demandado no ha abonado suma dineraria alguna en concepto de alimentos durante los meses de septiembre, octubre y noviembre del año 2016; de enero del año 2017; de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2018; y de marzo, abril y mayo de este año.

Por otra parte, durante los restantes períodos en los que sí se registraron pagos en dicho concepto, los mismos fueron siempre realizados fuera del plazo previsto a dichos fines, y por montos sustancialmente inferiores al de la cuota correspondiente.

“En consecuencia, habiéndose acreditado la existencia de reiterados incumplimientos de la obligación asistencial por parte del alimentante, lo que tipifica una conducta sostenida por el lapso aproximado de tres años; habiéndose adoptado infructuosamente otras medidas tendientes a lograr el cumplimiento en tiempo y forma de la cuota alimentaria debida por el Sr. M.; y habiendo sido la medida peticionada por la actora en su memorial; ha de concluirse que hay elementos que justifican hacer lugar al agravio y disponer que las cuotas de alimentos adeudadas por el Sr. M. devengarán, además de los intereses moratorios correspondientes desde la fecha en que cada una de ellas debió haber sido abonada y hasta su efectivo pago, una tasa adicional de interés a aplicar, por el mismo período, en los términos previstos por el art. 552 in fine del Código Civil y Comercial”, concluyeron.

Duplicación

En tanto, en el expediente 'F. N. M. c/ D. F. G. s/ ejecución de sentencia', una mujer denunció que el padre de sus hijos menores incumplió con el pago de alimentos acordados de manera voluntaria y homologados judicialmente.

En primera instancia se impuso la tasa activa, pero la mujer apeló porque la consideró insuficiente. Los camaristas indicaron que “el art. 552 del CCyCN establece que las sumas debidas por alimentos por el incumplimiento en el plazo previsto devengan una tasa de interés equivalente a la más alta que cobran los bancos a sus clientes, según las reglamentaciones del Banco Central, a la que se adiciona la que el juez fije según las circunstancias del caso”.

Los jueces indicaron que, en primera instancia, no se aplicó el art. 552 y del cálculo realizado a través del servicio que presta la página de la Corte Provincial con las siete tasas activas que allí se especifican, se obtiene que la tasa activa establecida en la resolución apelada no resulta ser la más alta como lo indica dicha normativa.

Por lo tanto, ordenaron modificar la resolución apelada y en cuanto a la adición solicitada, destacaron que la última parte del artículo mencionado faculta a las/os magistradas/os a establecer una tasa adicional a la tasa activa más alta referida, condicionado a las circunstancias específicas de cada caso.

Y aclararon que el aditamento en cuestión no deviene en forma automática, sino condicionado a las características de cada supuesto concreto en el que se deba decidir.

Para el caso concreto, los magistrados José Luis Gallo y Roberto Jordá enfatizaron que, en su memorial de agravios, la mujer explicó que se había quedado sin fuente laboral y que se ha endeudado con créditos que hubo de obtener para cumplir su función alimentaria y suplir la del padre de sus hijos.

De esta manera, entendieron que existían circunstancias más que justificadas para sobreagregar más intereses a la tasa bancaria pues “no está en juego solamente un tema patrimonial, sino circunstancias que tienen que ver con la subsistencia misma de los hijos del accionado”.

Repercusiones

Diana Saiz, quien escribió diversos artículos de la materia en Erreius online, explica que “en los denominados procesos de familia, dentro de los cuales también encontramos el juicio de alimentos, tienen características que les son propias por la naturaleza de las cuestiones que en ellos se debaten y por la aplicación en su resolución de normas de orden público”.

Por ese motivo, considera que “el derecho procesal, como instrumento y herramienta a través de los cuales los justiciables pueden reclamar sus derechos, debe adecuarse y reinterpretarse para lograr y brindar un efectivo servicio de la justicia”.

“De la lectura de los artículos 551 a 553 se advierte la preocupación por el alto porcentaje de morosidad de quienes tienen que cumplir con la obligación alimentaria, o porque lo hacen tardíamente”, agrega la especialista.

En este punto, explica que las sumas debidas devengan una tasa de interés equivalente a la más alta que cobran los bancos a sus clientes, según las reglamentaciones del Banco Central y que el cuerpo normativo faculta al juez para adicionarle las que considere, según las circunstancias del caso.

Y además se le otorgan amplias facultades al órgano jurisdiccional para imponer al responsable de incumplimientos reiterados medidas razonables para asegurar la eficacia de la sentencia.

Fuente Erreius

Juicio de alimentos: incrementan la tasa de interés ante el incumplimiento en el pago de la cuota