El Juzgado de Paz Letrado de Daireaux, provincia de Buenos Aires, autorizó la utilización de la aplicación WhatsApp como medio de notificación judicial, bajo la figura de responsabilidad de parte actora, en el marco de un proceso por alimentos iniciado por la madre de menores contra el progenitor.

La decisión se adoptó ante la imposibilidad de concretar la notificación por medios tradicionales y en función del interés superior de los niños involucrados.

En la causa “D., S. M. c/ R., G. Y. s/ Alimentos”, el juez Javier Pablo Heredia habilitó la notificación digital como medida excepcional luego de que la oficial de justicia le informase que no logró establecer contacto con el demandado mediante los canales convencionales, ni a través de llamadas ni de mensajes vía WhatsApp. No obstante, la parte actora aportó capturas de pantalla de conversaciones recientes mantenidas con el número denunciado, lo que permitió acreditar que el demandado efectivamente utiliza dicha aplicación de mensajería.

El magistrado consideró probado que la línea corresponde al alimentante y sostuvo que, del contexto de las comunicaciones, se infiere que los mensajes fueron recibidos por él. En este sentido, entendió que la modalidad dispuesta no afecta el derecho de defensa, al cumplirse los recaudos mínimos para asegurar la identificación del destinatario.

Notificación bajo responsabilidad de parte

El juez fundó su decisión en el artículo 636 bis del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, incorporado por la Ley 15.513, que autoriza el uso de mensajería instantánea para notificaciones judiciales en carácter subsidiario, cuando los medios habituales se vean frustrados.

Sin embargo, consideró que las particularidades del caso ameritaban flexibilizar el orden de prelación legal, priorizando la tutela judicial efectiva de los derechos alimentarios:

“Entiendo que apartarme de la subsidiariedad de la notificación por medios de mensajería instantánea (…) es la solución más adecuada”, expresó.

Además, la resolución incorporó la figura procesal de la notificación bajo responsabilidad de parte, la que es definida como un mecanismo excepcional para los casos en los que existen indicios de que el demandado evita el contacto con el oficial de justicia.

Esta práctica, si bien no se encuentra expresamente regulada por ley, ha sido aceptada por la jurisprudencia bonaerense con sustento en lo dispuesto implícitamente por el artículo 338 del Código Procesal, añadió el juez.

De todas maneras, la notificación deberá ser realizada por la oficial de justicia conforme a un protocolo específico, entre las que se destacan el llamado telefónico al número denunciado para recabar datos identificatorios; el envío de la resolución judicial y documentación anexa a través de WhatsApp; la redacción de un acta que documente día, hora, entrega y lectura del mensaje, si la aplicación lo permite; la posibilidad de realizar una segunda llamada para confirmar la recepción.

La parte actora deberá presentar electrónicamente en formato PDF la demanda, las resoluciones dictadas el 11/04/2025 y el 12/06/2025, y sus respectivos anexos.

Sobre este punto, el juez remarcó que la medida dispuesta no vulnera las garantías del debido proceso ni el derecho de defensa del demandado, siempre que pueda identificarse al destinatario de forma fehaciente.

Debe prevalecer el Interés Superior del Niño

También subrayó que en casos de conflicto entre derechos, los intereses de niñas, niños y adolescentes deben prevalecer por sobre otros igualmente legítimos. Asimismo, el juez reconoció el impacto estructural del incumplimiento de la obligación alimentaria en la Provincia de Buenos Aires, que afecta de forma desproporcionada a las mujeres jefas de hogar.

Para llegar a esa conclusión mencionó distintos instrumentos internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional en Argentina, entre los que se encuentran: la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 3 de la Ley 26.061), la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Declaración Universal de Derechos Humanos, e Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), y las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad.

Por ese motivo, entendió que la resolución debe tomarse con perspectiva de género y acceso efectivo a la justicia y citó un informe del Ministerio de Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires, según el cual más del 66% de las mujeres no reciben aportes alimentarios regulares.

Por último, equiparó la eficacia de la notificación electrónica con la de la notificación física, al destacar que ambas deben perseguir el mismo fin: asegurar el conocimiento fehaciente del proceso por parte del demandado.

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