La sala B de la Cámara Nacional Comercial en los autos 'Inspección General de Justicia c/Pentamat SA s/organismos externos' revoca la resolución que rechazó la inscripción de una sociedad anónima en el Registro Público en los términos del artículo 118 de la Ley 19.550 y la intimó para inscribirse conforme las prescripciones del artículo 124 de la ley citada, en el marco de la controvertida inscripción de una sucursal de la sociedad constituida en la República Oriental del Uruguay en el Registro Público de Comercio y, en definitiva, el reconocimiento de la existencia de esa sociedad extranjera por parte del Estado Argentino. Ello así, al concluirse que el domicilio real de la administradora, aun cuando sea la única directora de la sociedad, resultaba insuficiente para tener por acreditado que la sociedad extranjera tenía el centro de dirección y administración en nuestro país.

Tratados internacionales sobre la temática

Nuestro país se encuentra obligado, en virtud de las normas del derecho internacional privado de fuente externa y supralegal (art. 8 -primer párrafo- Tratado de Montevideo de 1940, y arts. 2 y 3 de la Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en materia de Sociedades Mercantiles ―CIDIP II, Montevideo, 1979) como de fuente interna (arts. 118 -párrafos 1 y 3- de la Ley General de Sociedades), a reconocer la existencia de una sociedad debidamente constituida en la República Oriental del Uruguay. En ese sentido, resulta descalificable la decisión de la Inspección General de Justicia de encuadrar a dicha sociedad en el art. 124 de la Ley General de Sociedades, pues la sola circunstancia de que la única socia y directora de la misma tenga su domicilio en el país, sin otra apoyatura probatoria, nada predica sobre la radicación de la efectiva administración o dirección de la sociedad; persona jurídica distinta de sus socios y administradores.

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