Frente al incremento de las ejecuciones tributarias y las sanciones financieras aplicadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) presentó un reclamo formal ante los presidentes de los distintos bloques del Senado de la Nación. El objetivo principal es que el proyecto de modificación de la Ley de Inocencia Fiscal incorpore herramientas de alivio urgentes para proteger el capital de trabajo y asegurar la supervivencia del entramado pyme.

El impacto de los embargos de ARCA en la liquidez empresaria

Desde el sector privado advierten que las actuales medidas cautelares, en especial los embargos bancarios y sobre bienes, asfixian la operatoria diaria de las pequeñas y medianas empresas. Al congelar fondos indispensables para el giro comercial, se dificulta de manera directa el cumplimiento de obligaciones corrientes básicas, tales como:

El pago de salarios a empleados.
La cancelación de facturas a proveedores estratégicos.
El pago de servicios públicos e insumos productivos.

Por este motivo, la CAME solicitó formalmente la suspensión transitoria de las ejecuciones fiscales y de las medidas cautelares mientras dure el proceso de adecuación de las empresas.

Flexibilización de sanciones durante el 'Período de Espera'

El planteo dirigido a la Cámara Alta propone un esquema de gradualidad y razonabilidad en el régimen infraccional. Los puntos centrales en materia de multas comprenden:

Exención de sanciones: evitar la aplicación de multas durante el denominado Período de Espera que establece el organismo recaudador.
Reducción del 50%: si el contribuyente regulariza su situación fiscal dentro de los 15 días posteriores al vencimiento de dicho plazo de espera, la multa se reduciría a la mitad.
Última instancia: que la sanción plena se aplique de forma exclusiva cuando el incumplimiento persista una vez agotadas todas las instancias de regularización disponibles.

Propuesta para un Plan Especial de Facilidades de Pago

Para subsanar las deudas acumuladas debido a la coyuntura económica, la entidad empresaria consideró indispensable la creación de un nuevo régimen de regularización de deudas fiscales con las siguientes condiciones preferenciales:

Plazo: hasta 48 cuotas mensuales.
Condonación: reducción del 50% de los intereses resarcitorios y punitorios devengados.
Tasa de financiación: equivalente al 50% de la tasa pasiva del Banco de la Nación Argentina (BNA).
Alcance: obligaciones tributarias y previsionales vencidas al 31 de mayo, incluyendo la posibilidad de refinanciar planes de pago vigentes y caducos.

Un alivio necesario para sostener el empleo

Se espera que el Congreso trate la reforma de la Ley de Inocencia Fiscal propuesta por el Gobierno en el corto plazo. Según argumenta la Confederación, estas modificaciones no buscan evadir las obligaciones impositivas, sino generar un escenario de previsibilidad y acompañamiento sostenible en un contexto de transformación económica, resguardando la competitividad de las pymes que dinamizan el empleo en todo el país.

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