La sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal concedió una medida cautelar y ordenó a la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral (COMARB) que se abstengan de efectuar, respecto de la actora, las detracciones o retenciones sobre sus cuentas en instituciones bancarias, previstas por la resolución general 104/2004.

El caso “Adeco Agropecuaria SA c/ Comisión Arbitral de Convenio Multilateral - Res 104/04 s/ Proceso de conocimiento”, la demandante inició una acción declarativa de certeza e inconstitucionalidad para obtener un pronunciamiento sobre la aplicación del 'Sistema de Acreditación y Control de Acreditaciones Bancarias' (SIRCREB), regulado por la resolución general Nº 104/2004 de la COMARB.

El Convenio Multilateral, en vigor desde 1978, es aplicable a actividades ejercidas por un mismo contribuyente en dos o más jurisdicciones, estableciendo normas para la distribución de ingresos brutos entre ellas.

En tanto, la Comisión Arbitral, creada por este convenio, tiene funciones como dictar normas generales, resolver cuestiones sobre su aplicación y administrar el presupuesto.

La Resolución General 104/2004 establece el Sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias (SIRCREB) para el Impuesto sobre los Ingresos Brutos y el Comité de Administración, dependiente de la Comisión Arbitral, es el encargado de gestionar este sistema, interactuando con los agentes de recaudación y los contribuyentes.

Las jurisdicciones provinciales son las responsables de incluir a los contribuyentes en el sistema.

El pedido del contribuyente

La firma actora solicitó que se dictara una medida cautelar que ordene a la COMARB y al HSBC Bank Argentina a abstenerse de realizar retenciones sobre acreditaciones bancarias por disposición de la resolución general 104, en su cuenta corriente afectada por las detracciones cuestionadas (sumas retenidas por aplicación del SIRCREB).

El juez de primera instancia rechazó la medida cautelar. Destacó que no se encontraban reunidos los recaudos que justificasen el dictado de la medida solicitada ni se había acreditado, con el debido sustento, la verosimilitud del derecho invocado.

La parte actora interpuso recurso de apelación. Sostuvo que la sentencia realizó un arbitrario examen de los perjuicios ocasionados.

Remarcó que las retenciones bancarias realizadas mediante el SIRCREB, mes a mes, superaban ampliamente el impuesto determinado en dicho período, y que ello la obligaba a soportar una especie de empréstito forzoso a los fiscos provinciales y en particular al Fisco de la Provincia de Santa Fe, ya que se pretendían detraerle fondos que no pdían imputarse razonablemente al pago del impuesto sobre los ingresos brutos (ISIB), en cuanto excede el impuesto determinado en dicha jurisdicción.

Agregó que dicho régimen funciona como un pago a cuenta anticipado de una obligación fiscal que el contribuyente debe ingresar al vencimiento del anticipo mensual, sobre la base imponible total declarada en la declaración jurada del impuesto a los ingresos brutos.

En el caso, desde su punto de vista, si se hacía lugar a su pedido no se afectaba la recaudación tributaria de la Provincia de Santa Fe (ni de ninguna otra provincia), en tanto tales jurisdicciones no sufrirán ningún perjuicio fiscal derivado por cuanto no ha dejado de ingresar el impuesto correspondiente en cada una de las jurisdicciones en cuestión. Enfatizó que se trataba de evitar el régimen de pago anticipado (que recaudan los bancos, previo al vencimiento de la obligación mensual del contribuyente).

Aclaró que, con la medida cautelar, pretendía que se dejen de practicar retenciones bancarias a cuenta y en forma anticipada a su obligación mensual, a los fines de dejar de acumular saldos a favor en el impuesto sobre los ingresos brutos.

La resolución de la Cámara

Los camaristas José Luis López Castineira, María Claudia Caputi y Luis María Márquez, al decidir sobre la procedencia de la medida cautelar, sostuvieron que ella se determina por la existencia de cuestionamientos -prima facie- verosímiles acerca de la legitimidad del acto impugnado y la presencia de un daño inminente y grave debido a actos que parecen arbitrarios.

Y destacaron que no es necesario un examen exhaustivo del derecho invocado, sino una apariencia de verosimilitud en el planteo del impugnante, pero en el caso planteado bajo el cauteloso prisma de que el acto impugnado corresponde a la administración pública y puede afectar tanto los intereses individuales como los de la comunidad en general en relación con la percepción oportuna de la renta pública.

Luego añadieron que surgía que las sustracciones bancarias efectuadas mediante el sistema cuestionado, no contaban con un procedimiento administrativo motivado y fundado. Tampoco se respetaba la adecuada correlación entre la capacidad contributiva de la actora y lo efectivamente recaudado.

“Es menester confrontar en el caso la irreversibilidad del daño que pueda causarse al interés privado con aquélla que pueden sufrir los intereses generales, a los fines de equilibrar provisionalmente tales intereses encontrados, dado que si bien la suspensión de los efectos de las decisiones administrativas, comporta un remedio de suyo excepcional, permite enjuiciar la corrección del acto antes que su ejecución haga inútil el resultado del planteo”, añadieron.

“Y ello es así pues, en definitiva, en un balance de ponderación, impresionan como mucho más gravosas las consecuencias que para la actora tendría el rechazo de la cautela que para la Comisión demandada adoptar la medida solicitada”, concluyeron.

Es decir, para los magistrados, las retenciones efectuadas en la jurisdicción de Santa Fe en concepto de ingresos brutos eran en principio desproporcionados en relación con la obligación fiscal real de la empresa. Así, excluyeron a la firma del régimen de recaudación bancario, dado que las sustracciones bajo el SIRCREB podrían carecer de razonabilidad y proporcionalidad.

El pedido del contribuyente

﻿La resolución de la Cámara

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