El Juzgado Civil, Comercial, Minería y Sucesiones de Cipolletti (provincia de Río Negro), condenó a una empresa financiera por hostigar a un cliente con deudas inexistentes, ya que había cancelado el préstamo.

En el caso “Riffo, Ricardo Omar c/ Créditos Al Río S.A. s/Sumarísimo”, el actor señaló que en abril de 2021 había solicitado un préstamo, el que se comprometió a devolver en tres cuotas mensuales consecutivas. Pese a que cumplió con el pago dentro de los plazos establecidos, señaló que comenzó a recibir mensajes de WhatsApp y correos electrónicos reclamando sumas adicionales, además de amenazas de iniciar acciones legales en su contra.

Las posturas de las partes

A pesar de sus intentos de aclarar la situación, el actor remarcó que la empresa continuó exigiendo el pago de una deuda inexistente. Además, la firma había informado al Banco Central de la República Argentina (BCRA) que el cliente era un “deudor irrecuperable”, lo cual afectó gravemente su reputación financiera.

Por ello, solicitó que se condene a la demandada a reparar los daños sufridos en virtud del obrar antijurídico y negligente que llevó adelante al reclamarle una deuda inexistente y someterlo a la obligación de transitar una serie de situaciones indeseadas al tener que ocuparse de evitar que los reclamos persistan, requiriendo además se sancione la grave inconducta desplegada por la contraparte como proveedora en la relación de consumo, con el fin de desmantelar los efectos, disuadir, prevenir y aleccionar a la nombrada en futuras acciones de igual índole contra los consumidores.

La demandada se defendió argumentó que los pagos realizados por el cliente fueron extemporáneos, lo que justificaba los reclamos adicionales. Agregó que nunca se hostigó ni se generó persecución alguna ya que la gestión fue efectuada dentro de los lineamientos y normativa vigente en la materia.

Sin perjuicio de ello, manifestó que ya cesó de manera automática la acción tendiente al cobro del crédito con la entrega el libre de deuda y la rectificación de forma histórica de la deuda en el BCRA, por lo que nada debe reclamar el actor.

El fallo judicial

La jueza Soledad Peruzzi destacó que el vínculo entre las partes denota sin dudas una relación de consumo, toda vez que existe un proveedor de bienes y servicios (Créditos al Río) y un consumidor (el actor) que generaron un vínculo jurídico del cual emergen derechos y obligaciones para ambos, en virtud de la adquisición de un servicio (mutuo o préstamo de dinero).

En ese contexto, determinó que los pagos se realizaron dentro del plazo contractual y que la empresa no logró demostrar lo contrario y, además, “se constató que la empresa rectificó tardíamente la información proporcionada al BCRA, lo que confirma la falta de fundamentos para los reclamos realizados”.

En términos generales, añadió que “los daños punitivos son definidos como aquellas sumas de dinero que se ordena abonar al damnificado de ciertos ilícitos, que pueden sumarse a las indemnizaciones por daños padecidos, y que están destinados a punir inconductas graves del demandado, y prevenir similares en el futuro; resguardando así a otros potenciales damnificados y evitando la posible reincidencia de los sancionados”.

“La letra de la ley otorga facultades discrecionales al juez en la evaluación y aplicación de ésta figura cuando dice “podrá”, y de todo lo que he desarrollado al tratar la responsabilidad adjudicada a las accionadas, la que quedó demostrada”, añadió.

“Éste es justamente uno de los supuestos en los que el legislador previó otorgar la herramienta punitiva al juzgador, pues la conducta de la demandada, es indudablemente reprochable. Porque, ha sido abusiva, confusa, ventajera, ilícita en perjuicio del consumidor; en este caso, un sujeto cliente de la entidad financiera fue denunciado como deudor incobrable al registro de deudores del BCRA, y además quedó sometido sin herramientas para defenderse a un sinnumero de requerimientos de deuda emergentes de un contrato respecto del cual ya había dado cumplimiento acabado de sus obligaciones”, enfatizó.

Así, se acreditó que “la accionada incurrió en una conducta que ha incumplido en su proceder con varias reglas establecidas para las relaciones de consumo (deber de información adecuada y veraz, trato digno, no dañar al otro, no lucrar sin causa, arts. 1, 2, 3, 4, 5, 8 bis., y concordantes de la Ley de Defensa del Consumidor)”, por lo que resulta suficiente esa conducta para tornar procedente la aplicación de los daños punitivos.

Ponemos a disposición el fallo completo

Trato digno al consumidor deudor

En el artículo 'El derecho del consumidor y usuario a una información veraz y completa en la gestión de cobro (de préstamos, deudas por tarjetas de créditos y otros pasivos)', publicado en Erreius online, Sebastián Navas sostuvo que “el tratamiento y conductas llevadas a cabo por las entidades financieras, por si o por terceros contratados, para obtener la cancelación del producto financiero en deuda, se encuentra en juego el derecho constitucional a recibir un trato digno y adecuado que en correlación con el derecho a la información prohíben generar en la persona del usuario o consumidor situación angustiantes que afecten la dignidad del mismo (art. 42, CN y art. 8 bis, LDC)”.

Por ello, agregó “resulta compatible con estas garantías y derechos constitucionales un accionar de parte de la entidad financiera o de sus contratados que sea lo más inofensivo posible y no genere en el consumidor una intimidación o miedo innecesario de perder sus bienes”.

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Indemnizarán a un cliente hostigado por pago de deudas que ya había cancelado