La Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirmó una sentencia que admitió la demanda promovida en procura de la indemnización por fallecimiento dispuesta en el artículo 248 de la Ley de Contrato de Trabajo, porque “para la percepción del beneficio no resulta exigible ningún otro trámite más que la acreditación del vínculo”, y “lo único que debe probarse es que el derechohabiente de que se trate posee un vínculo mejor situado en la prelación legal”.

En el caso “W., S. M. y otro c/Correo Oficial de la República Argentina SA s/indemnización por fallecimiento”, el juez de primera instancia admitió la demanda promovida por la actora y su hija en procura de la indemnización por fallecimiento dispuesta en el artículo 248 de la L.C.T., con motivo del deceso de un hombre (cónyuge y padre, respectivamente, de aquellas).

La demandada (la empleadora del causante) apeló el decisorio porque el juzgador admitió la indemnización reclamada, decisión que considera errada, pues no le constaba que la actora y su hija fuesen las únicas legitimadas para percibir la indemnización de referencia. Desde su punto de vista, las reclamantes debieron presentarse en la sucesión del extrabajador, o en su defecto iniciar el juicio sucesorio pertinente, a fin de que el juez de dicho proceso dirima quienes son los herederos declarados que tienen derecho a percibir dichas sumas.

La actora apeló, en tanto, porque el magistrado omitió establecer la tasa de interés que debe aplicarse al capital derivado a condena y, al respecto, peticionan que dichos intereses sean fijados conforme al Acta 2658 de la mencionada Cámara y sus modificatorias, entre ellas, el Acta 2764.

Indemnización por fallecimiento del trabajador

Las camaristas Patria Russo y Silvia Pinto Varela examinaron en primer término el agravio de la demandada. En ese punto, sostuvieron que la quejosa no aportó datos o argumentos que sean eficaces para revertir lo resuelto.

“La circunstancia que refiere la quejosa en modo alguno resulta hábil para eximirla del pago de la indemnización, ni impide la configuración de la mora -en los términos y oportunidad que surge del juego armónico de lo dispuesto en los arts. 128, 137 y 149 de la Ley de Contrato de Trabajo-, habida cuenta que surge debidamente acreditado que la parte actora emplazó a la obligada en forma fehaciente para el pago de la indemnización y, en ese marco, si aún persistía la incertidumbre que alega la ahora recurrente, lo cierto es que, para liberarse de su obligación, debió iniciar la acción de consignación, conforme a lo normado en el art. 904 -inciso b)- del Código Civil y Comercial de la Nación”, explicaron.

Y añadieron que “la indemnización que aquí se analiza, prevista en el art. 248 de la L.C.T., no es un derecho del trabajador que se transmite iure successionis, esto es, a los herederos que correspondan según las reglas de la transmisión hereditaria, sino que se trata de un derecho que nació en cabeza de los propios causahabientes con motivo del fallecimiento del trabajador -iure proprio-, circunstancia que excluye la necesidad de la apertura previa del proceso sucesorio, en tanto que, en el caso, se encuentran acreditados los respectivos vínculos de cónyuge supérstite y de hija del causante invocados por las actoras, los que, además, las colocan entre los beneficiarios que prevé el primer párrafo del referido precepto legal”.

De esta manera, rechazaron el recurso de la demandada.

Actualización del crédito y tasa de interés

Luego las camaristas analizaron si debía modificarse la tasa de interés aplicable al caso. Sostuvieron que existen herramientas jurídicas que prima facie permiten sobrellevar el impacto nocivo que provoca la inflación sobre la sustancia de los créditos, ya sea que se ubique el razonamiento en el ámbito de las deudas dinerarias como en el plano de las deudas de valor.

La apelante solicitaba que se ordene la aplicación de las pautas establecidas por el Acta 2764, pero para la Cámara no podía ser admitida, en función de lo decidido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “Oliva, Fabio Omar c/ Coma S.A. s/ despido”, en el que consideró inadecuada la capitalización periódica ordenada en el pronunciamiento apelado con sustento en el acta referida, y en tanto que estimo pertinente seguir las directrices consagradas por el Máximo Tribunal.

En ese sentido, remarcaron que “aplicar un interés ajeno a la realidad social y política, notoriamente inferior al imperante en el mercado financiero, sin establecer pautas correctoras de la conducta antijurídica y sin contemplar la verdadera dimensión del perjuicio sufrido, significaría premiar al deudor que no cumplió oportunamente sus obligaciones”.

Frente a los ajustes y variaciones económicas y financieras por todos conocidos que surgen de los datos del INDEC, las tasas de interés previstas en las Actas de la Cámara 2601, 2630 y 2658, tal como venían siendo aplicadas hasta la adopción del sistema de capitalización establecido en el Acta 2764, remarcaron que “quedaron desajustadas y sin posibilidades de compensar en forma suficiente la variación de los precios internos y la privación del capital que sufre la parte damnificada desde el origen de la deuda”.

Por ello, sostuvieron que debía adoptarse algún mecanismo que compense a la parte acreedora de los efectos de la privación del capital por demora de la deudora, así como para resarcir los daños derivados de dicha mora y mantener el valor del crédito frente al deterioro del signo monetario provocado por la grave inflación que aqueja a la economía del país.

De esta manera, consideraron que era posible calificar al CER como tasa admitida por el Código Civil y Comercial de la Nación, al estar reglamentada por el Banco Central de la República Argentina y reflejar, como lo dispuso el artículo 1° de la ley 25.713: la tasa de variación diaria obtenido de la evolución mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos”, de manera que permite compensar el deterioro del signo monetario.

Luego, destacaron que debía añadirse una tasa moratoria pura en un porcentaje del 6%, orientada a resarcir estrictamente la privación oportuna del capital adeudado, ha sido desde antaño calificado como razonable por los tribunales argentinos.

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