Por: Juan Manuel Ruiz

El artículo 272 de la ley de concursos y quiebras expresa, en lo que concierne a una quiebra con distribución del activo liquidado, que “las regulaciones de honorarios son apelables por el titular de cada una de ellas o el síndico … En los restantes, sin perjuicio de la apelación por los titulares, el juez debe remitir los autos a la Alzada, la que puede reducir las regulaciones aunque el síndico no haya apelado” (el destacado me pertenece).

Esta “elevación en consulta” no se produce en el caso de homologación del acuerdo preventivo en particular, y en todas las regulaciones que se efectúan en sede concursal en general, cuando nadie apela los mismos, salvo en la regulación de honorarios de la liquidación del activo.

La doctrina y la jurisprudencia en general no han tratado ni analizado el tema bajo examen, salvo Carlos Moro(1), que expresa:

“Sin perjuicio de los recursos que pueden interponer los titulares de las regulaciones de honorarios, este artículo 272 autoriza al Tribunal de Alzada a reducir las cantidades reguladas ex oficio, esto es, aun sin mediar apelación, pero aun solo en los supuestos en que la deudora careciera de legitimación para ello, por lo que en la hipótesis de acuerdo preventivo homologado, si no mediara apelación de la deudora, la Cámara incurriría en un apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista para el caso, porque haría uso de la facultad de revisión regulada en la última parte del artículo 272 solo para los supuestos previstos en los incisos 3) y 4). Una solución contraria importaría un exceso de jurisdicción en desmedro de las garantías constitucionales de defensa y de propiedad” (el destacado me pertenece).

En definitiva, el Profesor Moro, indirectamente, nos está hablando de la violación del principio de igualdad ante la ley entre la regulación de honorarios en la homologación del concurso preventivo y la que se realiza en el proyecto de distribución.

No encontramos en la exposición de motivos ningún comentario acerca de la regulación de honorarios del artículo bajo examen. Ante esa ausencia de explicación, tenemos que recurrir a otras fuentes del derecho, más precisamente al derecho constitucional para averiguar si se viola, fundamentalmente, el principio de igualdad ante la ley.

Fundamentos procesales

Antes de analizar los fundamentos de fondo, es necesario, para una mejor comprensión, realizar algunas precisiones de índole procesal.

Aquí entra a tallar la noción de interés jurídico o el bien jurídicamente tutelado.

Pues no se encuentra, de la lectura del artículo, que la remisión a la Alzada proteja algún interés jurídico al no ser apelado por nadie, es decir, al solo beneficio de la ley y en detrimento del principio de celeridad que establece la exposición de motivos.

Además, la apelación se tramita sin sustanciación, aun cuando se disminuyan los honorarios.

Lo único que les queda a los profesionales que no apelaron es la posibilidad de interponer un recurso extraordinario. ¿Cuál es el motivo para que se eleve en consulta cuando nadie se ve afectado en su interés jurídicamente protegido?: ¿es porque se presupone que el juez de primera instancia no es idóneo para regular y por eso hay que “revisar la regulación”?; y si no es idóneo, ¿por qué aplica una vara distinta en el supuesto de regulación al homologar el acuerdo preventivo?

El doctor Gabriel de las Morenas, si bien no trata el tema bajo examen, se explaya en un tema que no es menor: la demora procesal en la que se incurre al elevar, sin motivo, el expediente al Superior, lo que conlleva una merma en la efectiva percepción del honorario debido a la desvalorización monetaria.

Así, ha dicho:

“En la práctica, acontece que los honorarios son regulados y revisados por la Cámara de Apelaciones (art. 272, LC) y ello demora mucho tiempo. Los edictos, por lo general, se publican con la regulación de primera instancia ya efectuada.

Es que, cuando recién los honorarios se encuentran firmes, el Tribunal ordena readecuar el proyecto a esos honorarios, y cuando se presenta esa readecuación queda en condiciones de efectuarse las publicidades edictales. Las readecuaciones producen demoras ingentes ya detectadas por la doctrina.

Este procedimiento importa retrasar el pago de los dividendos falenciales no menos de un año, porque divide en dos el finiquito de las cuentas de la quiebra. Primero se dedica tiempo a la regulación de honorarios y luego a la distribución en sí; todo eso irroga meses. Luego vuelve el expediente a primera instancia para iniciar el trato del proyecto de distribución en cuanto a los acreedores. Y aquí también existe la potencialidad de un contradictorio con apelación incluida.

Todo ello indica que el expediente puede ser resuelto y elevado dos veces. Es obvio que esas dilaciones inciden negativamente en el valor del dividendo final que reciben los acreedores porque el valor presente sigue depreciándose”.

Fundamentos de fondo

La Excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó una sentencia conocida como el fallo “Barbarella”, en el cual dispone que la igualdad ante la ley se da entre iguales. La expresión se refiere a que, en el caso mencionado, se cuestionaba la constitucionalidad del inciso 8) del artículo 11 de la vieja ley 19551, que exigía que el deudor, en su escrito de petición de concurso preventivo, acreditara estar al día con el pago de los aportes previsionales y los sueldos de sus empleados como condición para dictar la sentencia de apertura del concurso preventivo. Ante ello, la Corte Suprema dice que, en el caso del auto citado, la igualdad entre acreedores es del mismo rango, que no es el caso del fallo (eran acreedores de distinto rango).

Así, el Fallo Plenario de la Cámara en lo Civil y Comercial de Rosario manifestó: “La igualdad ante la ley significa que la ley debe ser igual en igualdad de circunstancias, no debiéndose otorgar excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se reconoce a otros en igualdad de condiciones”.

El artículo 16 de la Constitución Nacional establece que “todos los habitantes somos iguales ante la ley” y los tribunales que interpretaron nuestra norma fundamental han entendido que el Estado no puede tratarnos discriminatoria o arbitrariamente. Así, el gobierno está impedido de utilizar criterios irrazonables para distinguirnos y tratarnos de un modo desigual en base a ellos.

El fallo citado explica que la igualdad es entre “iguales”. Es decir, yendo al plano concursal, esta igualdad se da, por ejemplo, en las diferencias que la ley concursal realiza estableciendo un rango por cada uno de los tipos de acreedores, estableciendo la igualdad entre los participantes de cada rango, por lo que el fallo citado sostiene que los créditos previsionales forman un rango que no establece desigualdad alguna, por lo que los acreedores concurrentes son iguales según su orden de prelación.

El artículo 16 de la Constitución de la Nación Argentina expresa: 'La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre ni de nacimiento; no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad…”.

El artículo 48 de la Constitución de la Provincia de Mendoza dice:

“Toda ley, decreto, ordenanza o disposición contrarios a las prescripciones de esta Constitución, o que impongan al ejercicio de las libertades y derechos reconocidos en ella otras restricciones que las que los mismos artículos permiten, o priven a los habitantes de las garantías que aseguran, serán inconstitucionales y no podrán ser aplicados por los jueces. Las personas que sufran sus efectos, además de la acción de nulidad, tendrán derecho a reclamar las indemnizaciones por los juicios que tal violación o menoscabo les cause contra el empleado o funcionario que los haya autorizado o ejecutado”.

Conforme lo dice la Carta Magna, en la aplicación del artículo 272 de la ley concursal se está violando el principio constitucional de igualdad.

Conclusión

El mantenimiento de la obligatoriedad de elevar los autos a la Alzada sin que nadie haya apelado no solamente es una notoria violación al principio de igualdad, sino que, además, alonga los plazos procesales sin razón y en perjuicio económico de los beneficiarios de los honorarios.

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