Introducción

En el marco del expediente “Instituto argentino de capacitación profesional y tecnológica para el comercio (INACAP) c/ estado nacional – poder ejecutivo nacional s/ Acción Declarativa”, el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 45 resolvió declarar su competencia en el caso y admitir la medida cautelar solicitada por la parte actora, suspendiendo provisoriamente los efectos del Decreto 149/2025.

Competencia del fuero laboral

La principal controversia preliminar se centró en la excepción de incompetencia planteada por la parte demandada, quien alegó que el conflicto derivaba del derecho público y requería la intervención del fuero Contencioso Administrativo Federal.

Sin embargo, el Tribunal Laboral consideró que el planteo se fundaba en normas laborales vinculadas a una convención colectiva homologada, por lo que la competencia recae en la Justicia Nacional del Trabajo conforme a los artículos 20 y 21 de la Ley Orgánica y a diversos precedentes de la Corte Suprema.

Contexto normativo del Decreto 149/2025 y repercusión en el sector empleador

El Decreto 149/2025, publicado el 5 de marzo de 2025, establece que las convenciones colectivas no pueden imponer cargas económicas en beneficio de entidades empleadoras a quienes no estén afiliados, salvo consentimiento voluntario.

Además, reconoce la posibilidad de revocación libre de dichas cargas mediante comunicación fehaciente. La difusión del contenido del Decreto desencadenó en múltiples solicitudes de entidades empresariales solicitando cesar los aportes convencionales previstos en el CCT Nº 130/75, particularmente aquellos destinados al financiamiento de INACAP.

Fundación institucional y normativa del INACAP

El Instituto fue creado mediante el Acuerdo 479/08, celebrado entre FAECYS, CAME, CAC y UDECA, y homologado oficialmente como parte integrante del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 130/75.

Su objeto principal consiste en promover la capacitación profesional y tecnológica de trabajadores y empleadores de la actividad comercial.

El aporte económico instaurado en el convenio colectivo, equivalente al 0,5% del salario base de la categoría “Maestranza A”, constituye su principal fuente de financiamiento y no tiene como beneficiarios a las cámaras firmantes, sino a los trabajadores incluidos en el régimen convencional. El instituto sustenta programas educativos subvencionados y redes de formación de alcance nacional.

Fundamentos de la medida cautelar y análisis de los requisitos procesales

El Tribunal encuadra la petición de INACAP como una medida cautelar anticipada, destacando su función tutelar para evitar el riesgo de una sentencia tardía e ineficaz.

La resolución explica los principios procesales que rigen este tipo de medidas urgentes: celeridad, cognición mínima y prevalencia del interés sustancial protegido.

El fallo considera acreditados los requisitos exigidos por la ley 26.854:

Verosimilitud del derecho
Peligro en la demora

Además, se invoca el Convenio Nº 142 de la OIT sobre desarrollo de los recursos humanos, en tanto exige colaboración entre organizaciones sindicales y empresariales en políticas de formación profesional.

Resolución del tribunal y efectos procesales

La sentencia dispone:

Rechazar la excepción de incompetencia interpuesta por la demandada
Admitir la medida cautelar solicitada por INACAP
Ordenar la suspensión cautelar del Decreto 149/2025 respecto del instituto, hasta que se dicte sentencia definitiva.Imponer las costas en el orden causado
Diferir la regulación de honorarios para el dictado de la sentencia final

El fallo enfatiza que esta decisión no implica un pronunciamiento sobre el fondo de la controversia, sino una tutela provisional fundada en la necesidad de preservar derechos convencionales y educativos en riesgo.

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