Distintos gremios comenzaron a realizar presentaciones contra la restitución del Impuesto a las Ganancias establecido por la Ley 27.743, conocido como paquete fiscal, para cuestionar el tributo.

Entre otras cuestiones, señalan que la norma “es inexistente en términos formales y carece de validez jurídica”, ya que “fue promulgada pese a haber sido rechazada por la Cámara de Senadores”. Y esto constituye, desde sus puntos de vista, “una violación al procedimiento constitucional de sanción de leyes”. Además, consideran que se afectan derechos adquiridos.

Los cambios en el Impuesto a las Ganancias, aprobados en el paquete fiscal junto a la Ley Bases, cambiaron los mínimos no imponibles a $1.800.000 para solteros ($1.500.000 netos) y a $2.200.000 para personas con dos hijos ($1.950.000 netos).

Anteriormente, el mínimo no imponible era de 15 salarios mínimos, equivalentes a $2.340.000 hasta junio y $3.500.000 desde julio.

Ya hubo algunas medidas cautelares a favor de los gremios, otra en contra y otros jueces ordenaron inscribir las causas en el Registro de Procesos Colectivos.

Fallos a favor de los gremios

CTERA

La jueza Mirta González Burbridge ante un planteo de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y dictó una cautelar contra la aprobación del paquete fiscal.

La titular del Juzgado de Trabajo n. 13 de la Ciudad de Buenos Aires resolvió una medida cautelar que ordena la suspensión de la Ley 27.743, de los artículos 73, 81 y 94, del Impuesto a las Ganancias porque 'podría configurar un grave perjuicio insusceptible de reparación posterior en atención a la inmediatez que requieren las necesidades de carácter alimentario destinadas a satisfacer con la contraprestación aludida'.

Bancarios

La Justicia Federal del Chaco, a cargo de Zunilda Niremperger, hizo lugar a una medida cautelar iniciada por la seccional Resistencia de la Asociación Bancaria (AB) y le ordenó al Estado Nacional suspender la aplicación del título V de la ley 27.743 y del decreto 625/2024; por lo tanto, las entidades crediticias -tanto públicas como privadas- no deberán aplicar los descuentos del Impuesto a las Ganancias en los salarios del personal bancario en septiembre.

En su presentación, el gremio argumentó que tenía una función preventiva del daño y consideró que dicho daño se había consumado y advirtió que podría agravarse.

Además, la representación legal del gremio consideró que la medida busca mejorar la recaudación del Estado 'a expensas de los derechos adquiridos por los trabajadores', lo cual tilda de inconstitucional. También, denunció que el impuesto, tal como fue reinstaurado, resulta confiscatorio y afecta de manera desproporcionada los salarios, reduciendo la capacidad de los trabajadores para mantener un nivel de vida digno y aumentando la desigualdad social.

La medida cautelar suspende el cobro del Ganancias para los empleados bancarios de la provincia durante 90 días, con posibilidad de renovación. La resolución fue firmada por la jueza tras una acción de amparo presentada por la Seccional Resistencia de la Asociación Bancaria.

Judiciales porteños

En sendas resoluciones, el Juzgado en lo Contencioso, Administrativo y Tributario n. 2 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Roberto Gallardo, hizo lugar a una medida cautelar solicitada por distintas entidades gremiales (AEJBA, SITRAJU, UEJN y ATE) y ordenó que el Estado porteño se abstenga de contemplar la Ley 27.743 (art. 81) para la liquidación del impuesto a las Ganancias.

Entre los argumentos, recordó que la implementación de la ley 27.743, que “introduce cambios significativos en la remuneración y las condiciones laborales de trabajadoras y trabajadores judiciales, aparece prima facie carente de alineación con principios constitucionales fundamentales”.

Para el magistrado, “es vital que cualquier reforma legislativa que afecte al Poder Judicial se aborde con un análisis exhaustivo y reflexivo de sus posibles repercusiones constitucionales y legales”.

Fallo en contra de los gremios

El juez del trabajo Mario Ernesto Zuretti no hizo lugar a la cautelar pedida por la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y Obreros del Transporte Automotor de Carga y Logística.

'No se verifican asimismo en este caso, razones graves y objetivamente impostergables que justifiquen la cautelar, ya que la resolución de este amparo no demandará un lapso prolongado de tiempo, teniendo en cuenta el procedimiento abreviado y sumarísimo que se aplica', concluyó el juez en su resolución.

Acciones colectivas contra el Impuesto

El juez federal Martín Cormick aceptó un planteo presentado en conjunto por dos gremios contra el Impuesto a las Ganancias en representación del personal diplomático y las y los trabajadores administrativos de la Cancillería.

De esta manera, dio curso a una 'class action' al reconocer la legitimidad de ambos demandantes para reclamar una medida cautelar antes de avanzar en el análisis de la inconstitucionalidad de la ley y su decreto reglamentario.

El colectivo está conformado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Asociación de Personal del Servicio Exterior de la Nación (Apsen), quienes peticionaron que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 5 y 9 inciso g) del decreto 652/24 por exceder las facultades reglamentarias del Poder Ejecutivo en cuanto derogan el artículo 280 de la reglamentación de la ley de ganancias -texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, aprobada por el artículo 1º del decreto 862 y sus modificaciones-.

Sentado ello -entiende el Tribunal- que ambas codemandantes, APSEN y ATE, se encuentran legitimadas para accionar en defensa de los intereses individuales homogéneos de sus representados a la luz de lo establecido en el artículo 43 de la C.N.

En otro caso, la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires -entidad que representa a profesionales de la salud de establecimientos de salud públicos bonaerenses- cuestionó la modificación introducida por el Gobierno Nacional en la ley 27.743, que implicaba el “restablecimiento del Impuesto a las Ganancias de la llamada cuarta categoría comprensiva de los ingresos percibidos por personas físicas”, que no solo afectaba a todos los profesionales de la salud representados por la entidad actora. El juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, lo inscribió como proceso colectivo.

Otras presentaciones

La mayoría de las presentaciones están en el fuero Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal. Entre ellas se encuentran la realizadas por la Asociación de Magistrados por un lado y el gremio de los trabajadores judiciales que conduce Julio Piumato, cada una por su lado. También hay presentaciones hechas por la Asociación de Médicos de la República Argentina.

Además, los gremios petroleros, aceiteros y camioneros, que conduce Pablo Moyano, reclamaron en distintos fueros y hasta ahora no tuvieron respuestas entre jueces que se declaran incompetentes o que rechazan los amparos.

En las últimas dos semanas, el Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina (SICONARA), la Asociación del Personal Jerárquico del Gas (APJ-Gas), el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y el Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles realizaron sus propias presentaciones argumentando la 'inconstitucionalidad' del impuesto.

También la Asociación de Profesionales de la Salud de la Provincia de Salta (APSADES) presentó un amparo sindical que busca similar resultado para los profesionales de la salud.

'Es a los fines de que el impuesto a las ganancias no termine absorbiendo los incrementos salariales', señalaron oficialmente.

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