El art. 19 de la Ley de Impuesto a las Ganancias -texto ordenado en 2019 y sus modificaciones- define a las 'jurisdicciones no cooperantes' como aquellas que no tengan vigente con nuestro país un acuerdo de intercambio de información en materia tributaria, o un convenio para evitar la doble imposición internacional con cláusula amplia de intercambio de información.

Esa norma considera como no cooperantes a aquellos países que teniendo vigente un acuerdo con los alcances definidos en el considerando anterior no cumplan efectivamente con el intercambio de información.

Y establece que los acuerdos y convenios aludidos deberán cumplir con los estándares internacionales de transparencia e intercambio de información en materia fiscal a los que se haya comprometido nuestro país.

La ley también indica que “las partes se comprometen a utilizar las facultades que tienen a su disposición para recabar la información solicitada sin que puedan negarse a proporcionarla por el mero hecho de que obre en poder de un banco u otra institución financiera, de un beneficiario u otra persona que actúe en calidad de agente o fiduciario, o de que esa información se relacione con la participación en la titularidad de un sujeto no residente en el país”.

¿Por qué es importante actualizar este listado?

Mediante el Dec. 48/2023, publicado hoy en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía resolvió actualizar el listado de países “no cooperantes”, de modo que se modifica el primer párrafo del artículo 24 de la Reglamentación de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, aprobada por el artículo 1° del Decreto N° 862 del 6 de diciembre de 2019 y sus modificaciones, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 24.- Son consideradas como jurisdicciones “no cooperantes” en los términos del artículo 19 de la ley las siguientes:

Brecqhou
Burkina Faso
Estado de Eritrea
Estado de la Ciudad del Vaticano
Estado de Libia
Estado Independiente de Papúa Nueva Guinea
Estado Plurinacional de Bolivia
Isla Ascensión
Isla de Sark
Isla Santa Elena
Islas Salomón
Los Estados Federados de Micronesia
Reino de Bután
Reino de Camboya
Reino de Lesoto
Reino de Tonga
República Kirguisa
República Árabe de Egipto
República Árabe Siria
República Argelina Democrática y Popular
República Centroafricana
República Cooperativa de Guyana
República de Angola
República de Bielorrusia
República de Burundí
República de Costa de Marfil
República de Cuba
República de Filipinas
República de Fiyi
República de Gambia
República de Guinea
República de Guinea Ecuatorial
República de Guinea-Bisáu
República de Haití
República de Honduras
República de Irak
República de Kiribati
República de la Unión de Myanmar
República de Madagascar
República de Malaui
República de Malí
República de Mozambique
República de Nicaragua
República de Palaos
República de Ruanda
República de Sierra Leona
República de Sudán del Sur
República de Surinam
República de Tayikistán
República de Trinidad y Tobago
República de Uzbekistán
República de Yemen
República de Yibuti
República de Zambia
República de Zimbabue
República del Chad
República del Níger
República del Sudán
República Democrática de Santo Tomé y Príncipe
República Democrática de Timor Oriental
República del Congo
República Democrática del Congo
República Democrática Federal de Etiopía
República Democrática Popular Lao
República Democrática Socialista de Sri Lanka
República Federal de Somalia
República Federal Democrática de Nepal
República Gabonesa
República Islámica de Afganistán
República Islámica de Irán
República Popular de Bangladés
República Popular de Benín
República Popular Democrática de Corea
República Socialista de Vietnam
República Togolesa
República Unida de Tanzania
Territorio Británico de Ultramar Islas Pitcairn, Henderson, Ducie y Oeno
Tristán da Cunha
Tuvalu
Unión de las Comoras”.

De acuerdo a los considerandos de la norma, algunas de ellas jurisdicciones que antes estaban incluidas en el listado, han modificado su estatus ante la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la OCDE y del CONSEJO DE EUROPA, y en consecuencia, ya se encuentran en condiciones de intercambiar la información solicitada desde nuestro país.

Por lo tanto, a partir de hoy se deja fuera del listado de jurisdicciones no cooperantes a BOSNIA Y HERZEGOVINA, MONGOLIA, MONTENEGRO, el REINO DE SUAZILANDIA, el REINO DE TAILANDIA, el REINO HACHEMITA DE JORDANIA, la REPÚBLICA DE BOTSUANA, la REPÚBLICA DE CABO VERDE, la REPÚBLICA DE KENIA, la REPÚBLICA DE LIBERIA, la REPÚBLICA DE MALDIVAS, la REPÚBLICA DE NAMIBIA, la REPÚBLICA DEL PARAGUAY, la REPÚBLICA ISLÁMICA DE MAURITANIA y el SULTANATO DE OMÁN.

¿Qué consecuencias tiene operar con estas jurisdicciones?

En su artículo“Jurisdicciones no cooperantes y jurisdicciones de baja o nula tributación”, publicado en Doctrina Tributaria de ERREPAR, las Dras. María I. Brandt y Luciana Virgile, señalan que “el concepto de jurisdicción no cooperante adquiere relevancia en materia de imposición a las ganancias de capital, toda vez que la LIG prevé ciertas consecuencias negativas para las inversiones realizadas por sujetos residentes en jurisdicciones no cooperantes o para los casos en los cuales los fondos invertidos provengan de dichas jurisdicciones no cooperantes.”

Asimismo, las autoras remarcan otros efectos.

“Además de las consecuencias negativas en el tratamiento de las ganancias de capital, la figura de jurisdicción no cooperante también adquiere relevancia en relación a los siguientes aspectos:

-Aplicación de las normas de precios de transferencia en las transacciones realizadas entre un contribuyente argentino y un vehículo ubicado en una jurisdicción no cooperante, aun cuando entre ellos no exista vinculación en los términos del artículo 18 de la LIG.

-Imputación de gastos diferida al pago del gasto (y no a su devengamiento), aun cuando no exista vinculación.

-Aplicación de una mayor tasa de retención impositiva en el pago de intereses a entidades financieras radicadas en dichas jurisdicciones.

-Presunción de condición para la aplicación de las reglas de transparencia fiscal internacional (“anti-deferral” rules), en casos de titulares residentes en Argentina de vehículos ubicados en dichas jurisdicciones.

-Imposibilidad de computar como crédito por impuesto análogo abonado en el exterior el que provenga de participaciones indirectas en vehículos ubicados estas jurisdicciones.

-Agravamiento de la figura penal tributaria a “evasión agravada” cuando en la maniobra evasiva intervengan personas humanas o jurídicas o entidades interpuestas o ubicadas en jurisdicciones no cooperantes, para ocultar la identidad o dificultar la identificación del verdadero sujeto obligado.

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