La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la imposición de costas por el orden causado pese al pedido de la actora, que había resultado vencedora, para que se impongan a las vencidas.

Pese a que se trataba de un caso novedoso, los integrantes de la sala II explicaron por qué correspondía apartarse del principio objetivo de la derrota previsto en el artículo 68, primera parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

La Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT) promovió diversas demandas contra las agencias de viajes que operaban con el Certificado Nacional de Autorización para Agencias de Turismo Estudiantil –el cual las habilitaba a desarrollar viajes de estudio y/o de egresados– y contra Nación Fideicomisos S.A., en tanto fiduciaria del Fideicomiso “Fondo de Turismo Estudiantil”. En aquellas acciones judiciales (iniciadas, primeramente, como diligencias preliminares), se perseguía la obtención de información en torno de las sumas transferidas a las agencias por la entidad fiduciaria, que corresponderían al 60% del patrimonio fideicomitido.

La postura de la Federación se había basado en postular que el estado de incertidumbre que la motivó a accionar judicialmente estaba provocado por el accionar de la asociación de usuarios y consumidores accionada.

En la tesitura de la Asociación Civil Usuarios y Consumidores Unidos, se procuró reclamar contra cada una de las agencias de turismo, persiguiendo la percepción de las sumas respectivas. Paralelamente, dicha asociación tenía por miras evitar que el fiduciario hiciera nuevas transferencias a las agencias de turismo estudiantil, con el argumento de que el importe de la “cuota cero” les pertenecía a los consumidores y, bajo este entendimiento, no hubiera correspondido que las agencias lo percibiesen como fideicomisarias del fideicomiso mencionado. En tren de avanzar en su posición, la asociación civil aludida (quien en el presente proceso actuó como parte demandada) había impugnado ante el fuero Comercial diversas disposiciones del marco regulatorio vigente en materia de Turismo Estudiantil y, en particular, las referentes a la gestión del Fideicomiso de Turismo Estudiantil, de allí que cuestionó la Resolución N° 237/07 del Ministerio de Turismo de la Nación y sus modificatorias N° 23/14 y 58-E/17.

Así trabada la litis, la misma se integró con la incorporación como tercero citado en los términos del art. 94 del código de rito aplicable, de la sociedad anónima Nación Fideicomisos. Dicha sociedad, en su carácter de Fiduciaria del Fideicomiso de Administración del Fondo de Turismo Estudiantil, contestó su citación, reivindicando la regularidad y validez del régimen vigente en la materia.

Paralelamente, se presentó en autos en calidad de tercero la Secretaría de Turismo de la Nación, en tanto autoridad de aplicación del bloque de normatividad sobre el que se debatía, y expresó que no se oponía a la pretensión de la federación actora.

La sentencia de primera instancia del caso “Federación Argentina de Asociaciones c/Estado Nacional s/acción declarativa” consideró procedente la acción de la Federación. Para así decidir, la jueza de grado tuvo en cuenta que, mediante la constitución del contrato de fideicomiso de administración llamado “Fondo de Turismo Estudiantil”, lo que la autoridad pública había procurado, fue asegurar el cumplimiento de las obligaciones de las agencias para con los usuarios. De esa manera, y en aras de regular la gestión del respectivo Fondo fideicomitido, previó que, una vez finalizado el mismo, el remanente fuera transferido a favor de las agencias de turismo estudiantil, en carácter de fideicomisarias. Dicha gestión, según explicó, guarda conformidad con las previsiones de la Ley 24.441 y, actualmente, con lo estipulado en el Código Civil y Comercial de la Nación. Se destacó, asimismo, que la finalidad de la Ley 25.559 no se ha visto alterada, habida cuenta de que toda la normativa regulatoria, así como los contratos de fideicomisos celebrados, tuvieron en miras garantizar las obligaciones de las agencias de turismo estudiantil frente a eventuales incumplimientos contractuales.

Además impuso las costas en el orden causado.

La parte actora dedujo un recurso contra la imposición de costas, propiciando que las mismas sean afrontadas por su contraria.

Los miembros de la sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal indicaron que “los supuestos que pueden motivar la eximición total o parcial de las costas fundamentalmente se relacionan con la existencia de debate sobre temas que escapan a la generalidad de casos o exorbiten de lo ordinario, siendo dirimente que se tratare de cuestiones dudosas de derecho (lo cual incluye la indefinición determinada de lo novedoso de tales cuestiones), o bien cuestiones dudosas de hecho”.

“No se soslaya, por lo demás, que las excepciones al principio objetivo de la derrota previsto en el artículo 68, primera parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación deben ser interpretadas restrictivamente, a fin de no desnaturalizar la conocida regla general, razón por la cual quienes ejercemos la magistratura judicial debemos fundar debidamente los pronunciamientos que impliquen apartarse de tal principio. Por cierto que no se trata de sortear indiscriminadamente la pauta genérica, sino de merituar reflexivamente en cada caso el contexto del litigio, con miras a discernir prudente y fundadamente la cuestión”, explicaron los jueces José Luis López Castiñeira, Luis Márquez y María Claudia Caputi.

Y recordaron que “en la medida en que la cuestión planeada fuera novedosa, o estuviera revestida de particularidades que la apartaban de los rasgos apreciables en la generalidad de los procesos en trámite por ante esta Jurisdicción, habría mérito suficiente para distribuir los accesorios en el orden causado”.

“En definitiva, pueden ser determinantes, en este sentido, ya sea lo novedoso de las cuestiones en debate, o bien la complejidad de estas. Por lo cual, y de cara a estos factores, cabe repasar la configuración de la causa y los rasgos que presenta, de modo puntual y concretizado para el caso de que se trate”, explicaron.

En dicho cometido, agregaron, no podía soslayarse que, en dicho fuero, “no se contaba al momento del fallo apelado, de precedentes que despejaran la temática que suscitó la controversia entre las partes, lo cual patentiza el carácter novedoso de aquéela. El expuesto, es un factor a ser ponderado respecto de la resolución en una acción declarativa de las previstas en el art. 322 del código de rito, en tanto obliga a advertir las incertezas que, como telón de fondo, oscurecen el abordaje de la cuestión que constituyó el objeto litigioso”.

“La causa presenta una singular pluralidad de sujetos y entrecruzamiento de intereses contrapuestos. Así, además, obviamente, de las propias partes actora y demandada, ha actuado traída como tercero la autoridad estatal de aplicación competente en cuestiones del turismo estudiantil, e intervino también como tercera citada la entidad financiera actuante como gestora del fideicomiso, por cuyos fondos se planteó la discrepancia entre las partes”, enfatizaron.

Frente a ello, “no podía soslayarse que esta concurrencia subjetiva imponía sopesar que el conflicto, tal como quedó suscitado, no se reducía a los intereses pecuniarios de la federación actora y la asociación demandada, sino que, de algún modo y bajo las modulaciones que han quedado planteadas, se refería también a la regularidad en la actuación estatal en la gestión de un fondo, cuyos deudores y/o acreedores son sujetos de derecho diversos a las entidades señaladas”.

En suma, consideraron que “el cúmulo sinérgico de estos elementos revela que se hallan presentes las notas que evidencian el carácter novedoso y particular de la materia sometida a juzgamiento”.

Bajo las condiciones descriptas, no se advertía –para los magistrados- mérito para alterar el criterio de distribución de costas discernido en la sentencia en recurso, dado que no se aportan razonamientos de peso y seriedad para revertir ese aspecto de lo decidido.

Para valorar las razones de imposición de costas (exigidas por el segundo párrafo del art. 68 del C.P.C.C.N.), según los jueces, “no se requiere seguir un criterio rígido y único, que exija explayarse en frondosos argumentos al apartarse del principio general de la derrota, puesto que la extensión dada al fundamento podrá estar en relación con el modo en que discurrió el proceso, y deberá reconocer que las partes son las que también conocen las circunstancias y alternativas de la Litis”.

De esta manera, consideraron improcedente la apelación deducida.

Accedé al fallo haciendo clic aquí.

Fuente: Erreius

Imposición de costas: explican el alcance del principio objetivo de la derrota