El Juzgado n° 1 en lo Civil, Comercial, Minas y Sucesiones de la ciudad de Bariloche condenó a un hombre a pagarle a su excónyuge la suma de $200.000 en concepto de daño moral, al comprobarse que se hallaba aún casado al tiempo en que contrajeron nupcias.

Para el juez del caso 'C., M. C. C/G. H. A. s/Daños y perjuicios (Ordinario)” existía un impedimento de ligamen y el hombre obró de mala fe por ocultar su estado civil anterior, cometiendo un acto antijurídico que permitía presumir que le generó a la mujer un estado de incertidumbre y preocupación.

La mujer sostuvo que contrajo nupcias con el demandado el 11 de noviembre de 2010, y que fruto de esa unión nacieron 2 hijos. Señaló que, con el paso del tiempo, la convivencia se tornó intolerable y que se registraron situaciones de violencia.

Indicó que la separación se produjo en el mes de septiembre de 2016, cuando ella tomó conocimiento de que su marido estaba casado con anterioridad, y que tramitaba una causa sobre divorcio con su exesposa.

Ello motivó la promoción de una causa caratulada como “nulidad de matrimonio', en la que el demandado se allanó a la pretensión, decretándose la nulidad entre las partes con expresa mención de su mala fe.

En esta causa, en la que se trata el resarcimiento por la mala fe, para el juez, “la incontestación de la demanda torna de aplicación la presunción establecida por el artículo 356, inc. 1., del Código Procesal Civil y Comercial de Río Negro, en lo que se refiere a la veracidad de los hechos pertinentes y lícitos invocados, así como la autenticidad y la documentación acompañada a la demanda.

En ese punto, señaló que “el silencio guardado por el demandado me lleva a la convicción de que corresponde receptar favorablemente el reclamo de la actora”.

Luego destacó que “el artículo 429, inc. c, del Código Civil y Comercial de la Nación faculta al cónyuge de buena fe a demandar por indemnización de daños y perjuicios al cónyuge de mala fe, en caso de decretarse la nulidad del matrimonio”. También es extensible a terceros.

“Evidentemente, quien contrae matrimonio a sabiendas de la existencia de un impedimento dirimente, comete un acto antijurídico. Al cónyuge de mala fe se le imputa o atribuye subjetivamente, por tanto, la obligación resarcitoria por los daños y perjuicios de su obrar antijurídico”, indicó el magistrado.

Respecto del alcance del resarcimiento, explicó que deben incluirse los daños patrimoniales y extrapatrimoniales que sean consecuencia inmediata y mediata previsible de la declaración de nulidad del matrimonio.

“Por lo general, los daños patrimoniales pueden ser de menor entidad que el perjuicio extrapatrimonial o moral. En suma, tratándose de un hecho ilícito, el daño moral se presume sin necesidad de prueba”, enfatizó.

En este orden de ideas, el artículo 1741 del Código Civil y Comercial de la Nación solo regula la legitimación para reclamar el daño no patrimonial, pero no menciona los aspectos conceptuales del daño moral.

“No obstante ello se ha caracterizado al daño moral como aquella lesión a un derecho de la personalidad, a un bien no patrimonial, a un interés jurídico y, también, el que acarrea consecuencias en el ámbito extrapatrimonial”, explicó el magistrado barilochense.

En ese contexto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha destacado que para la valoración del daño moral debe tenerse en cuenta el estado de incertidumbre y preocupación que produjo el hecho, la lesión en los sentimientos afectivos, la entidad del sufrimiento, su carácter resarcitorio y la índole del hecho generador de la responsabilidad.

Y el nuevo Código Civil y Comercial atiende a las 'satisfacciones sustitutivas y compensatorias' a la hora de fijar la indemnización.

“Teniendo en cuenta la mala fe del demandado y que su conducta ha traicionado la confianza de quien era su cónyuge y aquí accionante, ocultándole su estado civil al momento de contraer nupcias, estimo procedente receptar el único rubro reclamado (daño moral) por la suma $200.000”, concluyó el juez Mariano A. Castro.

En el artículo “La nulidad del matrimonio en el derecho argentino”, publicado en Erreius online, Selmar J. Acciarresi señala que “el matrimonio anterior se debe acreditar mediante el acta respectiva de su celebración, copia o certificado, o con la libreta de familia o bien la prueba supletoria, en su caso, si se prueba la imposibilidad de acompañar tales instrumentos”.

Por otro lado, debe acreditarse la subsistencia del primer matrimonio al día en que el demandado contrajo el segundo, probando que en el Registro Civil existen constancias de la disolución o anulación del matrimonio anterior; no es necesario probar que vive el primer cónyuge.

“El contrayente que se casa conociendo la existencia del impedimento dirimente que lo afecta, incurre en un acto antijurídico. En consecuencia, tal conducta genera la obligación de resarcir al otro contrayente; idéntica obligación asume el tercero que provocó la celebración del matrimonio, induciendo a error, obrando dolosamente o ejerciendo violencia que obligó al otro contrayente a consentir el matrimonio”, enfatiza el especialista.

La obligación resarcitoria es abarcativa tanto del daño material o patrimonial como del daño moral.

En el supuesto de que solo uno de los cónyuges fuese de buena fe, el matrimonio produce, hasta el día de la sentencia que declara la nulidad, los efectos del matrimonio válido, pero solo respecto del cónyuge de buena fe.

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Impedimento de ligamen: resarcirá a su exesposa por ocultarle un matrimonio vigente al momento de casarse