La sala D de la Cámara Comercial, en los autos “IGJ c/KMB SA”, deja sin efecto las resoluciones particulares dictadas por la Inspección General de Justicia que declaraban la ineficacia e irregularidad de diversas transferencias accionarias efectuadas en favor de contratos de fideicomiso en el entendimiento de que la IGJ actuó fuera de los límites administrativos al no estar involucrado el interés público.
Para así decidir, el Tribunal destacó que el organismo se arrogó funciones jurisdiccionales para dirimir cuestiones de naturaleza intrasocietaria, lo cual no solo exorbitó sus facultades sino que se involucró en un naciente conflicto que, en principio, no parece exceder el marco privado.

Ejercicio de poder de policía

Entre los fundamentos esbozados la Cámara menciona que “el poder de policía no es de ejercicio ilimitado; por el contrario, tiene limitaciones jurídicas tendientes a evitar la arbitrariedad en su ejercicio. Y es por esto mismo que las medidas de policía deben ser siempre razonables y respetuosas de las declaraciones, derechos y garantías contenidos en la Constitución Nacional.”

Afectación de derechos subjetivos de los socios

De conformidad con lo previsto por el artículo 5 de la ley 22.315, cuando subyace en la materia que ha sido tratada por el órgano de control, una cuestión patrimonial en la que se debate la realidad y regularidad de varias transferencias accionarias, y que afecta los derechos subjetivos de los socios o de aquellos que se califican como tales, aparece una de las limitaciones impuestas a la competencia de la IGJ, que niega al órgano de control funciones que avancen o adopten decisiones que se corresponden con la actividad jurisdiccional.

Acceso a instancia judicial

El fallo menciona que “quien entienda infringido su derecho asociativo por actos que considera simulados; o la misma Inspección General de Justicia de invocar qué cuestiones de interés público imponen su actuación, podrán ocurrir ante el órgano judicial competente a reclamar el reconocimiento del derecho que predican poseer.”

Actividad jurisdiccional de la IGJ

Por último se menciona que “la declaración de irregularidad e ineficacia a los fines administrativos de un acto sujeto a la fiscalización de la IGJ, no constituye una declaración de nulidad o invalidez en sede administrativa del acto así tachado; menos aún revela el ejercicio de actividad jurisdiccional. Así, la ley 22.315 no ha reconocido ni podría reconocer a la IGJ semejante atribución ajena sus cometidos bajo la ley de sociedades comerciales.”

Texto completo del fallo

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