I - Introducción

El bloque federal de constitucionalidad consagra una serie amplia de derechos a los habitantes de la República Argentina, entre los que se encuentran el derecho a la identidad de género, a profesar libremente el culto, a la autodeterminación informativa, a la protección de los datos de carácter personal, además de determinar las garantías para que su ejercicio no sea menoscabado y que son desarrolladas por las leyes dictadas por el Congreso de la Nación.

En ese marco, en el año 2012, se sancionó la ley 26743 de identidad de género, en la que el Estado Nacional reconoce la identidad de género autopercibida de las personas y las faculta a rectificar su nombre de pila, sexo e imagen en aquellos documentos que las identifiquen. Esta norma contiene, además, la cláusula del trato digno que determina que debe registrarse a las personas, a su solo requerimiento, con el nombre de pila elegido.

Por otra parte, la ley 25326 de protección de datos personales regula la protección de esos datos y la posibilidad del titular de aquellos de solicitar su rectificación, actualización y/o supresión.

El contenido de ambas normas es claro y ha permitido adecuar los registros existentes para que se condigan con la identidad de género autopercibida de las personas.

Sin embargo, recientemente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que las facultades que esas leyes reconocen a los habitantes de la Argentina son inaplicables en el ámbito de la Iglesia Católica producto del Concordato celebrado con la Santa Sede en 1966, al resolver un caso en el que se requería la rectificación de las partidas de bautismo, comunión y confirmación para adecuarla a la identidad de genero autopercibida de una ciudadana.

La interpretación restrictiva efectuada por el más Alto Tribunal del país, que desconoció las cláusulas de interpretación normativa contenidas en el artículo 2 del CCyCo. y el artículo 13 de la ley 26743 han menoscabado no solo los derechos humanos de la actora sino que se proyecta como justificativo para desconocer el derecho a la identidad de género y a la apostasía de los habitantes al consagrar la desobediencia de la legislación nacional por parte de la Iglesia Católica.

En el presente artículo, se pretende exponer el caso de A. R. y la respuesta judicial obtenida ante su solicitud de rectificación de su partida de bautismo, comunión y confirmación para adecuarla a su identidad de género autopercibida, así como analizar la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en ese caso, el alcance del Concordato celebrado con la Santa Sede en 1966, la interpretación que han hecho los órganos administrativos y judiciales respecto a la aplicación de la legislación nacional en el ámbito de la Iglesia Católica y las consecuencias que proyecta la sentencia en el ejercicio de derechos por parte de los habitantes de la Argentina.

Y además:

II - El caso de A. R.

III - La respuesta judicial

IV - El fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el alcance del Concordato celebrado entre la República Argentina y la Santa Sede en 1966

V - La protección de datos personales y la facultad de solicitar la rectificación de datos a partir de la interpretación efectuada por la Agencia de Acceso a la Información Pública en calidad de autoridad de aplicación de la ley 25326

VI - El impacto de la sentencia de la Corte Suprema en el ejercicio de derechos de los habitantes de la Argentina

VII - Conclusión

Escuchá al autor, Matías Ríos, realizar resúmen del comentario al reciente fallo “R., A. c/Arzobispado de Salta s/hábeas data” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación

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