En el caso “De Mattei, Diego Antonio y otro c/ Edesur SA s/daños y perjuicios”, el juez de primera instancia hizo lugar al pedido de prorrateo formulado por la firma demandada al señalar que el artículo 730 del Código Civil y Comercial no implica una limitación al monto de los honorarios regulados judicialmente, sino que alude exclusivamente al alcance de la responsabilidad por las costas, por lo que si aquéllos superan el 25% del monto de la sentencia, la condenada en costas no debe soportarlos sino hasta ese límite.

Contra ese pronunciamiento se alzó el letrado de la actora por considerar que el hecho de imponer a los actores victoriosos la obligación de abonar parte de las costas, el proceso resulta contrario no sólo al principio objetivo de la derrota sino también al beneficio de gratuidad que gozan los actores por estar inmersos en una relación de consumo.

Señaló que no puede cobrarles a sus clientes el 75% de sus emolumentos, resultando así una disminución de sus honorarios. En subsidio, y para el hipotético caso que no se resuelva la inaplicabilidad del art. 730 del Código Civil y Comercial, solicitó su declaración de inconstitucionalidad por vulnerar el derecho a la propiedad privada al impedirle cobrar los honorarios profesionales por su labor.

El fallo de la Cámara

Los camaristas Alfredo Gusman y Eduardo Gottardi explicaron que la suerte de la pretensión debía dirimirse en la valoración constitucional de la norma.

En este punto, señalaron que, frente a los cuestionamientos de orden constitucional, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha pronunciado a favor de la validez de la norma en los precedentes “Abdurraman”, “Brambilla” y “Villalba”, dando fundamento del por qué no parecen afectados esos derechos al aplicarse el sistema de prorrateo contemplado en la ley.

Pero para los jueces este caso exhibía aristas diferentes.

“El análisis respecto de la adecuación de una norma a la Constitución se ciñe al caso concreto, en donde el particular interesado debe demostrar el gravamen que la aplicación de la ley le genera. Sucede que un precepto puede resultar válido y razonable en alguna de sus partes, pero al momento de su confrontación en un asunto puntual puede derivar en consecuencias lesivas que exceden el marco establecido en el art. 28 de la Constitución”, explicaron.

Por ello, habrá de comprobarse es si lo regulado por el Código de fondo conlleva a un detrimento de la justa remuneración por el trabajo desempeñado por quien representó los intereses de la parte victoriosa durante el proceso.

El consumidor y el pago de honorarios

Para dar respuesta a ese interrogante, los magistrados analizaron la incidencia que tiene la regulación específica en materia de consumo y el impacto de aquellas previsiones que regulan la cuestión relativa a los gastos generados en este tipo de procesos.

En este caso, entendieron que “los alcances con los que se reconoce el beneficio de gratuidad que goza el consumidor –comprensivo, como se dijo, de las costas del proceso-, impide que el letrado pueda perseguir el cobro de parte de los estipendios a sus clientes”.

“Si la propia ley pone en cabeza únicamente de la parte demandada la posibilidad de desvirtuar la presunción legal de insolvencia, cómo podría el abogado que defendió los derechos de un consumidor resguardar la porción de sus emolumentos cobrándole a su cliente, si ni siquiera la norma aplicable al caso lo habilita para demostrar la solvencia de su representado”, añadieron.

“Si el Máximo Tribunal al interpretar los alcances del beneficio de gratuidad avala la hipótesis de que el consumidor perdidoso no afronte los honorarios regulados en un determinado pleito, no puede interpretarse que, en este caso, el abogado que representa al consumidor victorioso, pueda ir contra éste para obtener el pago del remanente de sus honorarios. Dicha exégesis encuentra respaldo además en el carácter protectorio que la legislación argentina, partiendo desde su norma cúspide, otorga al consumidor”, explicaron.

Afectación de derechos

Por ello, los magistrados entendieron que era elocuente la afectación del derecho del letrado de la actora de percibir la retribución por su trabajo, conculcándose su derecho a la propiedad, constitucionalmente reconocido y tutelado en el artículo 17 de nuestra Constitución Nacional y el derecho de igual remuneración por igual tarea previsto en el art. 14 bis de la Ley Madre.

Además, al declarar la inconstitucionalidad del artículo 730 del Código Civil y Comercial de la Nación y excluir su aplicación al caso, agregaron que habría una afectación del derecho de acceso a la justicia, en atención a que difícilmente los consumidores encuentren abogados dispuestos a tomar sus casos, atento al desincentivo que la aplicación estricta del art. 730 del Código Civil y Comercial genera en casos como estos.

En ese contexto, frente la imposibilidad de abonar esos costos, explicaron que se generaría un obstáculo para el inicio de procesos en defensa de derechos de sujetos que se encuentran en situación de desventaja, en contradicción con lo dispuesto en los artículos constitucionales 18, 42 y de otros instrumentos supranacionales de alcurnia constitucional de conformidad con lo dispuesto en el inc. 22 del art. 75.

Honorarios: dictan inconstitucionalidad del artículo 730 del CCCN