En materia concursal, uno de los debates más relevantes se vincula con la posibilidad de que el síndico, una vez concluida la quiebra y rehabilitado el fallido, pueda perseguir bienes adquiridos con posterioridad para el cobro de sus honorarios.

En ese marco, en el consultorio concursal se plantea el supuesto de una quiebra que concluye luego de haber sido clausurada previamente por falta de activo y transcurridos dos años sin que aparecieran nuevos bienes. En ese proceso se regularon honorarios conforme a lo dispuesto por el art. 265 inciso 5 de la LCQ: en primera instancia el juez señaló que no se encontraban encuadrados dentro de la pauta del mínimo legal, aunque igualmente los fijó en $150.000; posteriormente, la Cámara redujo la regulación a $100.000.

A partir de ello, Marcelo Villoldo analiza cuál es el juez competente para entender en la ejecución, dado que como consecuencia de la conclusión de la quiebra se dispuso, entre otras medidas, la rehabilitación retroactiva del fallido (pues se había superado holgadamente el plazo de un año posterior a la quiebra).

El síndico puede perseguir la obtención de bienes adquiridos por el fallido con posterioridad a su rehabilitación para el cobro de honorarios, considerando que los gastos del proceso concursal no se encuentran alcanzados por la liberación que provoca la rehabilitación y, en consecuencia, dichas obligaciones no deben tenerse por extinguidas.

La doctrina especializada sostiene que “el crédito o su porción insatisfecha, correspondiente a un acreedor del concurso, no resulta alcanzado por los efectos de la liberación por rehabilitación. Por lo tanto, el respectivo acreedor puede intentar por vía individual la satisfacción de su crédito no cubierto, mediante la agresión de bienes que el fallido adquiera luego de su rehabilitación. Ello implica afirmar un tratamiento diferente con relación al resto de los acreedores concursales (concurrentes o no). Pensamos que ello es así, en razón de la disímil naturaleza de los créditos del concurso. La extraconcursalidad que hace a su esencia justifica que no se aplique a su respecto la generalidad de los efectos que rigen intraconcursalmente: entre ellas la liberación patrimonial por rehabilitación. Por esa diferente naturaleza se ha reconocido su derecho al devengamiento de intereses hasta su pago, la ajenidad a la ley del dividendo, la consecuente inaplicabilidad de la caducidad para el cobro de importes asignados en un proyecto de distribución, la posibilidad de accionar individualmente contra el concurso, etcétera. No parece que deba sostenerse que la garantía patrimonial de los créditos del concurso tenga que resultar la misma que la que ampara a los créditos anteriores a la quiebra, esto es, sólo los bienes desapoderables. Cabe tener en cuenta, además, que esos créditos (los del concurso) podrían surgir con posterioridad a la rehabilitación del fallido” (Silvana Mabel García, Extinción de las obligaciones por la quiebra, Astrea, pág. 246 y ss.).

La jurisprudencia refuerza esta postura al señalar que “es claro que habiendo operado la rehabilitación de la fallida, el embargo de sus haberes no puede mantenerse para cancelar deudas de carácter preconcursal o acreencias posteriores que no han redundado en beneficio del concurso (esta Sala, 11.3.14, Moyano, María Fernanda s/quiebra), pero sí para afrontar los gastos de conservación y justicia (art. 240, LCQ), en tanto aquella carece de bienes a su nombre y lo incautado hasta el momento resulta insuficiente para abonarlos” (Scalso María Rosa s/quiebra, CNCom, Sala D, 17/09/15).

En cuanto a la ejecución tendiente al cobro de los honorarios, corresponde promoverla ante el juez de la quiebra, ya que se trata de una regulación efectuada en el mismo proceso en el cual actuó el síndico (conf. art. 501 CPCCN).

Teniendo en cuenta que en la práctica suele existir ultraactividad en la actuación del síndico luego de concluida la quiebra, el planteo puede efectuarse ante el juez concursal aun cuando se haya declarado la conclusión por el transcurso de dos años desde la clausura por falta de activo. En caso de ser denegado, deberá iniciarse una ejecución individual ante otro juez con competencia comercial.

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