Por: Carlos E. Tambussi

I - Escenas del capítulo anterior

En nuestro trabajo denominado “La relación de consumo en el derecho argentino”, nos referimos al concepto de “relación de consumo” en el derecho nacional como de origen constitucional en nuestro artículo 42, concepto que no aparecía mencionado en el estatuto especial de carácter legislativo, la ley 24240 de defensa del consumidor, que había construido su enfoque protectorio exclusivamente en torno de la idea de consumidor como contratante, en su texto original de 1993. Finalmente, en la reforma del año 2018, se consagró legalmente el concepto en el sentido de que la relación de consumo es “el vínculo jurídico entre el proveedor y el consumidor o usuario” (art. 3). A su vez, el Código Civil y Comercial de la Nación (L. 26994) replicó el concepto de relación de consumo de la ley 24240 en el artículo 1092, añadiendo, fuera de la sistemática, que cementerios privados y tiempo compartido se rigen por las normas de consumo (arts. 2100 y 2111 respectivamente).

Allí, caracterizamos que la relación de consumo es un concepto amplio, comprensivo de todas las situaciones en las que el sujeto es protegido: antes, durante y después de contratar; cuando es dañado por un ilícito extracontractual, o cuando es sometido a una práctica del mercado; cuando actúa individualmente o cuando lo hace colectivamente. Es un concepto en expansión, que busca comprender con generosidad la inclusión de los comprendidos en la protección.

Con esa amplitud, la existencia de una relación es el presupuesto de aplicación de este derecho, y en los casos en los que exista fuero especial de consumo, su existencia marca la competencia del mismo.

Debe existir, entonces, el vínculo entre sujetos (consumidor y proveedor) que tienen conceptos legales definidos, para que, dada esa existencia, pueda darse la relación.

De modo que cabe advertir, primeramente, que el hecho de que la relación de consumo se interprete con amplitud en sus alcances no significa que cualquiera, en cualquier caso, pueda ser consumidor o proveedor, en los términos de la ley de defensa del consumidor y del Código Civil y Comercial de la Nación. De ser así, estaríamos desnaturalizando la protección, como dicen algunos, o protegiendo relacionamientos que no participan de los caracteres del consumo, sus sujetos no cumplen con el concepto de consumidor o de proveedor y tienen regulación y principios propios.

Ello así por cuanto la mutua presencia de consumidor y proveedor es condición para la verificación de la relación, atento a su propia formulación como vínculo intersubjetivo (existirá relación de consumo solamente cuando estemos en presencia de un consumidor en términos del art. 1 y un proveedor en el sentido y alcance del art. 2, en ambos casos de la L. 24240, y 1092 y 1093, CCyCo., respectivamente).

II - Significado de la aplicación del régimen tuitivo consumidor

Si consideramos presente una relación de consumo, se aplicarán en lo sustantivo, para el caso, los principios protectorios del derecho de usuarios y consumidores, el sistema de responsabilidad por daños propio de la disciplina (objetiva y solidaria por vicio o riesgo de la cosa o de la prestación del servicio), el carácter vinculante de la oferta y la publicidad, entre otros factores.

En lo adjetivo, estar frente a un caso de consumo significa la aplicación de:

elementos procesales equilibrantes en la acción de consumo: aplicación del procedimiento más abreviado, goce del beneficio de justicia gratuita y admisión de la teoría de la colaboración procesal y demás normas protectorias;
aspectos propios de la acción de consumo, originados en el derecho de fondo, con influencia procesal: aplicación de los principios protectorios del régimen tuitivo consumidor dentro del litigio y la posibilidad de solicitar la aplicación de daño punitivo.

¿Para qué características de sujetos de derecho fue pensada esa protección desde un derecho esencialmente tuitivo? Al llamado consumidor o usuario, cuya posición en la relación de consumo como la de la parte débil de la misma genera que ante esa asimetría (sobre todo de conocimiento y de poder frente al proveedor) se constata la existencia de una desigualdad natural, que se propicia corregirla mediante desigualdades jurídicas, inclinando el derecho para el lado contrario de la realidad, lo cual converge en la formulación del derecho de consumo como lo entendemos.

Otro fundamento de la protección es la vulnerabilidad, “vulnus herida abilis”, en su origen romano como posibilidad de herida, exposición a riesgos, que aún no tiene consagración legislativa, pero es la debilidad antes referenciada la que hace que la relación de consumo esté sembrada de contingencias que pueden perjudicar al consumidor en sus derechos. Eso hizo que el consumidor sea un sujeto siempre distinto del clásico de derecho privado, y que el término “vulnerabilidad”, en principio ajeno a la ciencia jurídica, se haya hecho a la vez carne y característica de nuestro personaje.[2]

En suma, la debilidad, la defensa de quien la sufre (de ahí el nomen juris de la L. 24240) y la exposición a riesgos son -en grandes rasgos- los fundamentos protectorios, cuyas implicancias hemos sintetizado.

III - Encuadrar en el concepto legal de consumidor

El término “consumidor” tiene su origen en la economía: ya que se trata del sujeto que se ubica como último eslabón de la cadena de producción y comercialización de un bien o servicio, es decir, quien lo adquiere para aprovechar su valor de uso, pues no lo integrará en un proceso productivo. El consumidor se halla situado en el último tramo del camino constituido por la producción, la distribución y el consumo, y por ello se lo denomina “consumidor final”.

El concepto de consumidor es, entonces, socio económico, que en la práctica depende de la oferta de bienes y servicios que exista en un determinado momento. Por esa razón, estamos hablando de un concepto que en lo jurídico también es relacional con el de empresario o proveedor: el consumidor o usuario no puede ser definido independientemente del empresario o proveedor que es su contraparte necesaria para que pueda surgir la relación de desequilibrio estructural.

Consumo es la acción y efecto de consumir. Es aquella actividad por la cual el sujeto de esa acción, el consumidor, acude al ámbito inmaterial llamado “mercado” a procurarse (no necesariamente a adquirir) los bienes y servicios necesarios para su subsistencia y -fuera de ellos- los que sea su decisión o necesidad de obtener. El término proviene de cosumere del idioma latín, que significa “gastar”.[3]

Conceptualizar quién es consumidor es definir al protagonista del vínculo que la ley denomina relación de consumo y, por ende, al destinatario de la protección de todo el régimen de la ley.

El artículo 1 de la ley 24240 coincide con el concepto de consumidor del Código Civil y Comercial de la Nación (art. 1092):

“Art. 1.- Objeto. Consumidor. Equiparación. La presente ley tiene por objeto la defensa del consumidor o usuario. Se considera consumidor a la persona física o jurídica que adquiere o utiliza, en forma gratuita u onerosa, bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social.

Queda equiparado al consumidor quien, sin ser parte de una relación de consumo como consecuencia o en ocasión de ella, adquiere o utiliza bienes o servicios, en forma gratuita u onerosa, como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social”.

En lo que aquí interesa, tendremos en cuenta que la definición es finalista, y se basa en el consumo final para beneficio propio del consumidor o de su grupo familiar o social, no volviendo a ser utilizados los bienes o servicios como factores de cambio o incorporados a un proceso productivo. Es decir, que el bien o servicio se agote o se preste exclusivamente focalizado en el provecho del consumidor. Se extiende la protección cuando el acto de consumo sea realizado por el grupo familiar o social del consumidor. Familia no importa parentesco en algún grado, sino que puede definirse también por amistad o solidaridad (compañeros de trabajo), relaciones vecinales y hasta condóminos o acompañantes circunstanciales en el momento en el que la relación de consumo se concreta; todos vínculos que deben interpretarse en el sentido más favorable a la aplicación de la protección, sin estricteces y que importen algún grado de características comunes que mantengan las características de debilidad, vulnerabilidad y ameriten ser sujetos protegidos, además de tener un proveedor como, digamos, “contraparte”.

**Este artículo forma parte de la publicación 'Temas de Derecho Comercial Empresarial y del Consumidor', exclusivo para suscriptores de Erreius**

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